Atenas, a vueltas de nuevo con la quita
Reestructuración: El Fondo Monetario Internacional y destacados economistas exigen una reestructuración de la deuda griega por considerarla insostenible.
Alexis Tsipras. FOTO: UNIÓN EUROPEA
La batalla de Grecia en la zona euro no está acabada y quizá tampoco definitivamente perdida. A pesar de las sucesivas derrotas sufridas en Bruselas, las durísimas exigencias del tercer rescate y el desgaste político que supone una escisión en la coalición de Gobierno, el primer ministro, Alexis Tsipras, ha logrado finalmente un cambio sustancial en el debate sobre la deuda. La necesidad de reestructuración o quita de la deuda griega, que representa actualmente el 182% del PIB, ha dejado de ser un tabú y es un asunto que cada vez tiene más apoyos. La reciente manifestación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la deuda griega precisaba “un alivio” supuso un gran cambio. Después, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) expresaron su apoyo al Fondo. Pero antes de este giro institucional, Grecia ha tenido que atravesar por las peores tormentas financieras y políticas imaginables.
Durante los seis primeros meses de este año el Gobierno de la coalición radical de izquierdas Syriza ha peleado solo en Bruselas contra un frente monolítico formado por el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, al que intentaba convencer de que sin algún tipo de quita o reestructuración era imposible pagar la deuda. Durante estos meses el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, profesor de Economía en Estados Unidos, presentó varias iniciativas para buscar algún tipo de rebaja que hiciera posible el pago de la deuda.
Destacados economistas, como los premios Nobel, Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Cristóbal Pissarides, y los profesores Barry Eichengreen y Charles Goodhart, han mostrado un decidido apoyo al Gobierno de Atenas en su búsqueda de un arreglo que liberase al país de una deuda impagable.
La inflexibilidad de las autoridades europeas llevó a Tsipras a convocar un referéndum que se celebró el pasado 5 de julio, en el que el pueblo griego rechazó las medidas de ajuste exigidas por los Gobiernos europeos por un aplastante 61% de los votos. Al día siguiente, Varufakis presentó su dimisión para facilitar las futuras negociaciones.
Tras otra semana de tensas negociaciones, en la madrugada del 13 de julio se alcanzó un acuerdo para un tercer rescate entre Tsipras y los líderes europeos. El acuerdo llegó después de la amenaza de expulsión temporal de Grecia del euro por parte del ministro de Finanzas de Alemania, Wolf-gang Schäuble, y dos semanas de cierre de los bancos, por las medidas impuestas por el BCE. El tercer rescate significó la concesión de 86.000 millones de euros. El país ya había sido rescatado en mayo de 2010 con un paquete de ayudas de 110.000 millones, de los que recibió 73.000 millones, y en febrero de 2012 con 172.000 millones, de los que obtuvo 159.000 millones. No obstante, el 90% de estos fondos se destinó a refinanciar la deuda. Gracias al rescate de 2010, los bancos alemanes y franceses pudieron recuperar su dinero invertido en Grecia.
El 90% del dinero de los rescates se destina a pagar intereses de préstamos anteriores
El FMI sólo participará en el tercer rescate si hay una quita grande de la deuda
El tercer rescate aprobado el pasado julio, que el propio Tsipras dijo que no le merecía confianza, comportó unas condiciones draconianas. Fuertes subidas del IVA, rebaja de las pensiones, reducción de derechos laborales y creación de un fondo independiente, para privatizar activos por valor de unos 50.000 millones de euros. El fondo estaba inspirado en el Treuhand que se creó en Alemania, tras la reunificación, que tuvo una eficiencia más que dudosa.
La firma del acuerdo, con algunas condiciones peores que las planteadas en el referéndum, dejó un amargo sabor a la ciudadanía. Sin embargo, encuestas celebradas después del acuerdo seguían mostrando un apoyo mayoritario a Tsipras y señalaban que el 72% de los griegos consideraban necesario el acuerdo. Hay que constatar que, a pesar de la dureza de la crisis, con un paro superior al 27%, una caída de la economía del 25% y tres semanas de corralito, la mayoría de la población griega sigue siendo partidaria de permanecer en el euro. Quizá la amenaza de expulsión por parte de Berlín ha reforzado el deseo de pertenencia a la moneda única.
PROFUNDAS CICATRICES
El acuerdo, por otra parte, ha dejado profundas cicatrices para ambas partes. Para los griegos, unas condiciones muy difíciles de cumplir. Pero también el euro y el BCE han sufrido una seria pérdida de reputación. La moneda única ha dejado de ser un proyecto irreversible y el BCE, que con mano de hierro concedía liquidez a cuentagotas en función de cómo iba cediendo el Gobierno de Atenas, tampoco ha salido bien librado. El Banco Central, que preside Mario Draghi, ha adoptado decisiones políticas, como ya hizo cuando envió sendas cartas a los presidentes de Gobierno de España e Italia en el verano de 2011, conminándoles a hacer drásticas reformas políticas y económicas sin mandato para ello.
Cuando todo parecía encauzado, con el Gobierno griego sometido a las condiciones exigidas, el FMI sorprendió al día siguiente del acuerdo con una declaración oficial en la que señalaba que no quería participar en la financiación del tercer rescate. La noticia significó un cambio radical respecto a su comportamiento anterior. En el primer y segundo rescate, en 2010 y 2012, el Fondo se comprometió a financiar 30.000 y 28.000 millones de euros , respectivamente. En total, 58.000 millones, la mayor financiación concedida a un país en toda la historia de la institución. Esto siempre planteó reticencias, especialmente entre los países emergentes, que consideraban que se daba un trato de favor a un país europeo.
El Fondo argumentó su rechazo en que las duras condiciones del rescate provocarían una escalada de la deuda pública hasta el 200% del PIB en el plazo de dos años. A juicio del FMI, “la deuda griega sólo podría ser sostenible a través de medidas de alivio que vayan más allá de lo que Europa ha estado dispuesta a considerar hasta ahora”.
El euro ha perdido reputación tras la amenaza alemana de expulsar a Grecia
El BCE ha llevado las negociaciones con dureza dando liquidez con cuentagotas
La postura del Fondo se fue endureciendo en las semanas siguientes y, a finales de julio, su directora general, Christine Lagarde, pidió abiertamente “una reestructuración significativa” de la deuda griega. El reciente cambio de posición del FMI ha generado una profunda revisión de su primera actuación en la crisis de Grecia en mayo de 2010. Entonces, los representantes del FMI en Bruselas y la Comisión defendieron inicialmente la aplicación de una quita inmediata de la deuda como primera medida.
La propuesta no prosperó por el rechazo frontal de Alemania y Francia a que sus bancos, cargados de deuda griega, tuvieran que soportar pérdidas cuantiosas. La resistencia de estos países acabó cambiando la posición del Fondo, que también admitió que exigir pérdidas a los bancos griegos hubiera tenido efectos devastadores.
Susan Schadler, ex alta funcionaria de Fondo, ha manifestado posteriormente que el FMI debería haber insistido en el verano de 2010 en que Atenas dejase de pagar su deuda vieja y renegociase quitas con sus acreedores. No es la única voz discordante en el entorno de la institución.
El pasado 19 de agosto, Grecia recibió un primer tramo de 26.000 millones de euros del rescate. Tras recibir el dinero, el primer ministro dimitió y convocó nuevas elecciones para el 20 de septiembre. Tsipras necesita una revalidación de confianza tras la ruptura de Syriza que ha supuesto la creación de un nuevo partido formado por el ala de izquierda radical capitaneada por el ex ministro de Energía, Panayotis Lafazanis, que contó con el apoyo inicial de 25 diputados.
El resultado está muy abierto pero, contra todo pronóstico después de todas las turbulencias sufridas, los líderes comunitarios se muestran actualmente más confiados con Tsipras que hace unos meses. Por otra parte, la posición de FMI puede ser determinante para iniciar la negociación de una quita sobre la deuda a partir de octubre, cuando empiece la revisión de la aplicación del rescate.
