Banca // Una absorción muy interesada

La adquisición de Bankia por parte de Caixabank acaba con la banca pública y pone a los consumidores en alerta ante el peligro de que continúen las malas prácticas.

En plena pandemia y con todo el mundo pendiente del derrotero que iba tomando la doble crisis sanitaria y económica, los ciudadanos de este país se vieron sorprendidos por la mayor concentración financiera de los últimos años en España. La operación, que consiste en la absorción del banco público Bankia por Caixabank, supone la creación de un gigante bancario que aportará cuantiosas ganancias a sus accionistas y directivos y que traerá consigo un aumento de los riesgos derivados de una mayor concentración financiera, la pérdida de numerosos empleos y una significativa reducción de la competencia. La concentración ha despertado una seria preocupación entre las asociaciones de consumidores, que temen un aumento de las comisiones.

No hay compromiso para devolver las ayudas públicas

La fusión por absorción supone, además, un cambio cualitativo al desaparecer Bankia, la única entidad financiera en la que el Estado contaba una sólida mayoría (61%). La futura Caixabank contará con 20 millones de clientes y una elevada cuota de mercado: el 25% de los créditos, el 24% de los depósitos y el 29% del ahorro a largo plazo. La nueva entidad administrará unos activos de 664.000 millones de euros y cuenta con una valoración bursátil de 16.000 millones de euros. Se trata de una valoración inferior a la de Santander (28.174 millones de euros) y ligeramente superior a BBVA (15.409 millones), entidades que tienen una parte sustancial de su negocio en el extranjero. 

El proyecto de fusión fue aprobado por los respectivos consejos el pasado 18 de septiembre. El canje de acciones establecido supone que Caixabank tendrá el 74,2% del capital de nuevo banco y 9 de los 15 consejeros. El Estado, a través del FROB, solo tendrá un consejero en representación del 16,1% del capital.

La estrategia de la operación es obra de Isidro Fainé, que refuerza su posición como uno de los ejecutivos más influyentes del país.

La concentración es el resultado de una estrategia largamente preparada por Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, propietaria del 100% de Criteria, que contará con el 30% del capital de la nueva Caixabank. Fainé fue director general y presidente de La Caixa, que se convirtió en el banco Caixabank en 2011. La fusión refuerza su poder como uno de los ejecutivos más influyentes del país. Fainé es presidente de Criteria, holding que tiene importantes participaciones: Naturgy (24,4%); Saba (99,5%); Suez (5,9%); Cellnex (5,0%); Bank of East Asia (17,5%); Grupo Financiero Inbursa, que preside el multimillonario Carlos Slim; InmoCaixa y Telefónica (1,3%), de la que es vicepresidente.

Las ganancias para los accionistas se pusieron de manifiesto con las fuertes subidas registradas en la Bolsa tras el anuncio de la fusión, que significaron una revalorización de ambos bancos de 2.600 millones de euros. Los mercados olfatearon inmediatamente la fuerte reducción de costes que se derivará del cierre de más de 1.400 oficinas, según Barclays,  y sobre todo de la reducción de plantilla, que afectará a unos 8.000 de los 51.000 empleados que suman ambas compañías. Los sindicatos confían en pactar el ajuste.

Las entidades esperan ahorrar 770 millones de euros al año y ganar 290 millones anuales más. El nuevo banco prevé pagar dividendo el próximo ejercicio y destinar a esa retribución el 30% de los resultados. Estos beneficios son determinantes para que el principal accionista, la Fundación Bancaria La Caixa, pueda seguir con su actividad social, a la que este año destinará 560 millones de euros.

Los directivos de Bankia que no vayan a ser despedidos también celebran la operación, pues se eliminará la limitación de remuneración impuesta por tratarse de una entidad rescatada con dinero público. Su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, futuro presidente ejecutivo de Caixabank, que tenía su sueldo limitado a 800.000 euros, podría aproximar su remuneración a la de Gonzalo Gortázar, que será el primer ejecutivo al continuar como consejero delegado, cargo por el que percibía 3,7 millones de euros.

La operación ha sido avalada por el Gobierno, especialmente por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La pérdida de una entidad financiera pública solo ha merecido discretos comentarios del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y otros ministros de Unidas Podemos. No existe un compromiso para devolver los 24.000 millones de ayudas públicas recibidas ,de las que solo se han recuperado 3.000.

Una operación defensiva

Antoni Garrido, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, ha calificado la operación de “claramente defensiva, para hacer frente a la complicada situación que atravesaba el sector antes de la pandemia, y que esta no ha hecho más que complicarla aún más”. El profesor Garrido, uno de los mejores conocedores del sector financiero, estima que “como en todas las operaciones de este tipo, la entidad compradora es la principal beneficiaria”. Considera que el precio pagado "es muy razonable, pese a ser superior al que cotizaba Bankia antes de la operación”. En su opinión, los elevados costes de reestructuración (más de 2.000 millones de euros, que va a tener que asumir Caixabank, no van a tener impacto en los resultados ni van a obligar a acudir al mercado para captar capital, ya que se cargarán sin más contra el badwill o fondo de comercio negativo, que no deja de ser una plusvalía estrictamente contable”. El fondo de comercio negativo de Bankia —la diferencia entre el valor en libros (12.425 millones de euros) y el valor de capitalización (4.400 millones)— es de unos 8.000 millones de euros.

En relación con el debate sobre la posible restricción de la competencia, Garrido estima: “desde una perspectiva nacional, la posición que ocupará la nueva entidad dista de poder ser considerada dominante”. Pero advierte de que la cuota de mercado que ocupará la nueva entidad en algunos territorios, como la Comunidad Valenciana, será más que considerable y habrá que ver si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exige algún ajuste concreto.

“Pese a que la nueva entidad entrará con todos los honores en el club europeo de los too big to fail, (demasiado grande para quebrar), lo más probable es que los responsables de la Dirección General de la Competencia Europea muestren su satisfacción por la fusión”, añade Garrido. En cualquier caso, estima que lo más relevante es que la operación cuenta con el beneplácito del Banco Central Europeo .

Sin debate

La pérdida de una entidad pública ha merecido muy poco debate. La verdadera defensa del mantenimiento del carácter público de Bankia y su oposición a la fusión ha venido de la mano de la Plataforma por una Banca Pública que impulsan los economistas Aurora Martínez Hernández y Julio Rodríguez López, expresidente del Banco Hipotecario.

La plataforma dirigió el pasado 7 de septiembre una misiva a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para pedirle “que considere la posibilidad de anular ese de acuerdo (de fusión de Bankia y Caixabank) y pedir al Gobierno español que Bankia se utilice como un verdadero banco público”. La carta recordaba que en España solo existe una agencia financiera pública estatal —el ICO (Instituto de Crédito Oficial)—  que supone únicamente el 1% de los activos de las entidades de depósito en España, y Bankia, un banco con el 61,8% de su propiedad en manos del Estado.  La carta se apoyaba en una resolución del Parlamento Europeo que apoyaba la creación de “una sólida red de bancos públicos en Europa”.

Alta litigiosidad

La fusión ha disparado las alarmas de las asociaciones de consumidores. Asufin ha subrayado:  “ambas entidades reúnen una alta litigiosidad por la comercialización de sus hipotecas y otros productos financieros con cláusulas que han sido declaradas nulas por los tribunales como la multidivisa, en el caso de Caixabank, y cláusulas suelo, en el de Bankia”.  Adicae, por su parte, ha exigido determinadas condiciones para aceptar la fusión, entre las que destaca que la nueva entidad “se comprometa a arbitrar soluciones extrajudiciales que satisfagan y reconcilien a los clientes” afectados por clausulas suelo, IRPH, gastos hipotecarios e incluso algún caso de preferentes.  Y el secretario general de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez ha manifestado que la fusión “va a suponer la creación de un banco líder en abusos a los usuarios, en comisiones desproporcionadas, en cierre de oficinas y en recorte de empleo”.

Las cifras de la fusión

8.000 empleados 

de los 51.000 que tienen ambas entidades perderán su puesto de trabajo

20 millones de clientes

tendrá el banco resultante de la absorción

24% de los depósitos

de los ahorradores españoles estará en manos de la nueva Caixabank 

24mil millones de euros

es el dinero que Bankia recibió en ayudas públicas. Solo se han recuperado 3.000 millones