Berta Cáceres: un asesinato sin respuesta
Desde Managua
Impunidad: La investigación sobre la muerte de la activista no avanza. Defensores de los derechos humanos acusan a las multinacionales.
Manifestación en memoria de Berta Cáceres, 5 de abril de 2016. FOTO: DANIEL CIMA
El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo en su casa de La Esperanza (Honduras), ha dejado en evidencia el alto nivel de impunidad que sufre el que es considerado el país más violento del mundo para los defensores del medio ambiente. A casi tres meses del hecho, las autoridades hondureñas no han informado de avances en la investigación, que según defensores de derechos humanos del país centroamericano se mantiene en tal secretismo que ni la familia tiene acceso a la información oficial. Estos activistas no confían en el Gobierno que encabeza el presidente Juan Orlando Hernández y temen que nunca se conozca quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. El asesinato de Cáceres es un caso en el que hasta la fecha hay muchas preguntas, pero ninguna respuesta convincente.
“Hay una gran posibilidad de que el asesinato de Berta quede en la impunidad. A lo sumo, con mucha suerte, van a acusar a los autores materiales, pero nunca vamos a tener claro quiénes dieron las órdenes”, asegura Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), una beligerante organización feminista que lucha por los derechos de las mujeres en el país, y que cuenta con un amplio prestigio en Centroamérica. “Nadie toma decisiones fuertes. Ni la Unión Europea ni los organismos internacionales toman la inicativa de retirarse de Honduras mientras esta situación de impunidad continúe, porque mientras el Estado siga funcionando económicamente todo seguirá igual”, agrega Delgado, una feminista con familia de origen hondureño.
TESTIGO
Berta Cáceres fue asesinada en su casa de La Esperanza, a pesar de tener medidas cautelares ordenadas por al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Gustavo Castro, principal testigo del crimen, contó a la revista The Intercept que dos hombres armados —a los que él llama “sicarios”— entraron en la casa de Cáceres para asesinar a la activista. Uno de ellos disparó a Castro, director de la organización ambiental mexicana Otros Mundos, que esa noche se había quedado a dormir en casa de la activista. “Todo fue muy rápido, 30 segundos quizá, en donde simultáneamente la asesinan a ella y a mí me disparan. A ella la tenían bien localizada y estaban esperando a que estuviera sola, entonces creo que les sorprendió ver a otra persona ahí, y no sabían qué hacer, así que simplemente me dispararon y salieron corriendo”, narró Castro.
Cáceres se opuso a la construcción de una presa en Río Blanco
La pregunta es quién gana con la muerte de la activista social
DESA, constructora del pantano, en el punto de mira
Tanto este activista como defensores de los derechos humanos de Honduras y feministas centroamericanas señalan a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos, SA, DESA, de estar vinculada presuntamente al asesinato de Cáceres. A DESA le fue entregada la concesión para la construcción de la represa Agua Zarca, cuya construcción se realizará en la región de Río Blanco y afectará a la población indígena lenca, que sufrirá la expulsión o expropiación de sus territorios. Cáceres se opuso a este proyecto, que contaba con el apoyo de la empresa china Sinohydro. La lucha de la activista contra la construcción de la represa —que hizo que Sinohydro y el Banco Mundial abandonaran el proyecto— le valió a Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el principal que se entrega a defensores del ambiente en el mundo. Con ello, aumentó el prestigio internacional de Cáceres, pero no cesaron las amenazas en su contra.
“Ella denunció amenazas y hasta persecución de los militares, pero en ningún momento el Gobierno se pronunció sobre estas denuncias”, dijo Yessica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Honduras. “El Estado criminalizó a Berta por mucho tiempo y en su asesinato hay muchos intereses, entre ellos de las transnacionales que despojan a las poblaciones indígenas de sus territorios. En Honduras vivimos en una dictadura, los índices de impunidad del país son del 98% y no se respetan los derechos humanos. Hasta hay complicidad de los operadores de justicia con las transnacionales”, agregó.
La pregunta que muchos se hacen en Centroamérica es quién ganaba con la muerte de Berta Cáceres. Trinidad pone los ojos en la empresa DESA y exige que el Gobierno esclarezca el crimen. “Exigimos conocer a los autores intelectuales. Sabemos que en los últimos meses Berta había sido amenazada por funcionarios de la empresa DESA. Hay testigos. Ellos dirigieron toda una campaña para desprestigiarla, decían que ella incitaba al odio, a que la gente destruyera la maquinaria de DESA”, explicó Trinidad.
En Nicaragua, las colegas feministas de Cáceres también esperan que el crimen no quede en la impunidad. Sofía Montenegro, socióloga, periodista y líder del movimiento feminista nicaragüense, dijo que el crimen de Cáceres pone a prueba al Gobierno del presidente Hernández. “Los poderes fácticos tienen esta idea estúpida de que si matan los liderazgos, las luchas sociales se van a detener. Es una idea primitivista de tribus políticas, de intereses. El caso de Berta es emblemático, porque ella tenía mucho prestigio internacional. Cuestiona al Gobierno de Juan Orlando Hernández, que está obligado a rendir cuentas, porque ha sido bajo este tipo de gobiernos que estos crímenes se han mantenido en la impunidad en Centroamérica”, dijo Montenegro.
El caso ha puesto a prueba al Gobierno de Honduras
A este asesinato le siguieron los de Nelson García y Paola Barraza
Al asesinato de Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), le siguieron los de Nelson García y Paola Barraza, así como de defensores de derechos humanos. Estos crímenes se unen a los de periodistas y políticos de oposición que han ocurrido en años recientes. Algunos son declarados “crímenes delincuenciales” por las autoridades, pero la mayoría queda en la impunidad. “Esperemos que el crimen de Cáceres no quede impune. Presionamos en el país. Exigimos que se cree una comisión independiente internacional, vinculada con la CIDH, para esclarecer el asesinato de Berta”, dijo Trinidad. La CIDH, con sede en Washington, informó el pasado 15 de abril de que ofreció al Gobierno de Honduras un grupo de expertos para investigar el asesinato de Cáceres, aunque no ha habido una respuesta oficial a este ofrecimiento. La política oficial parece ser el silencio.
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