Blindar las pensiones... o las cuentas públicas
Recorte: Un jubilado que pierda poder adquisitivo con la reforma del sistema durante 5 años, necesitará otros 30 para recuperarlo, con un IPC del 2%.
Una pensionista compra en una pescadería. FOTO:EDU BAYER
En la Constitución española, la advenediza “estabilidad presupuestaria”, introducida hace un par de años como “valor estructural” que sella la pertenencia y el compromiso del país con la Unión Europea (artículo 135), parece estar ganándole el pulso a la obligación de los poderes públicos de garantizar “pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas” a los mayores (artículo 50).
Nada indica que el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones que el Gobierno debe presentar este mes de octubre, y que se vislumbra de difícil acuerdo, vaya a abrir la puerta a medidas que aporten nuevos ingresos al sistema público. Sin embargo, serían necesarios para evitar que eventualmente se colapsara el sistema ante la mayor esperanza de vida, la multiplicación del número de pensionistas y una relación a la baja entre jubilados y cotizantes (con la crisis se han perdido 3,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social).
La reforma del Gobierno, que deja de adaptar las pensiones a los precios para evitar pérdidas de valor adquisitivo, reducirá entre el 10% y el 12% el valor real de las pensiones hasta 2020, según los cálculos del economista Santos Miguel Ruesga, único miembro del comité de expertos al que el Ejecutivo encargó un informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y que votó en contra del documento porque no concretaba “opciones para hacerlo sostenible”. En 2013 ha entrado en vigor el grueso de la última reforma acordada en 2011. Sin dejar madurar sus efectos, se ha puesto sobre la mesa una modificación de calado.
Hasta 2019 la pensión ‘crecerá’ un 0,25% al año
La reforma no prevé nuevos ingresos
La reforma propone restringir la revalorización de la cuantía cada año entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC más el 0,25%, en función de los ingresos y gastos del sistema y la situación de la Seguridad Social (ahora se le prevé un déficit de 15.000 millones de euros). Considerando la deteriorada coyuntura económica, el Gobierno no prevé subidas superiores al 0,25% en los próximos seis años. La estimación de Santos Ruesga apunta que tras un lustro de pérdida de poder adquisitvo real requieren nada menos que treinta años de bonanza para recuperar lo perdido (con una inflación del 2%, no superior).
La previsión de ahorro del anteproyecto (33.000 millones en los próximos nueve años, hasta 2022) —considerado en sí mismo muy modesto si la previsión de inflación es de solo el 1% (casi inédita en nuestra historia) y la ausencia de nuevos ingresos a la vista— sugieren que una reforma teóricamente pensada para que el sistema público de reparto pueda blindarse con vistas a las décadas futuras, acabará siendo una herramienta para recortar el déficit. Formalmente, sin embargo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, podrá decir que las pensiones no volverán a recortarse o congelarse.
“No se puede basar la sostenibilidad del sistema en la casi congelación de las pensiones. Hace falta tomar medidas”, señala Ignacio Conde Ruiz, también miembro del comité de expertos. La fórmula de estos para adaptar el sistema de pensiones a la esperanza de vida y para que las cuantías totales sean las mismas para jubilados de distintas generaciones que se retiren a la misma edad -la actuación a largo plazo-, ha sido aplazada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy hasta 2019, la próxima legislatura.
Los sabios han planteado sus fórmulas como un ejercicio de transparencia para saber en cada momento cuánto dinero haría falta para que cuadraran las cuentas, y pasan la pelota a los políticos para que decidan cómo rellenar huecos: actualizando la pensión con el IPC, aumentando tipos impositivos, prolongando la vida activa de los trabajadores... Ellos no abrazan propuesta alguna.
