Bono social // Cómo medir la pobreza energética

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  • Febrero 2021

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    La Asociación de Ciencias Ambientales pide indicadores que permitan actuar rápido en las crisis.

    La crisis provocada por la pandemia ha agravado las dificultades de muchos hogares para llegar a fin de mes, y más con el encarecimiento temporal del recibo de la luz y el gas durante la borrasca Filomena. Una de las caras de esas dificultades es la pobreza energética, o la incapacidad de disponer de la energía adecuada para asegurar la temperatura, iluminación, refrigeración y funcionamiento de electrodomésticos para mantener la salud y un nivel de vida digno. Según el Observatorio Europeo de Pobreza Energética, sufrirla  deriva en problemas respiratorios, cardíacos e incluso de salud mental. 

    En su recomendación sobre el tema del pasado 14 de octubre, la Comisión Europea da por hecho que cada vez son más los europeos que probablemente tendrán que luchar por poder acceder a la energía esencial, en particular a raíz del aumento del desempleo, y asegura: "los niveles de pobreza energética de todos los Estados miembros pasarán a ser objeto de especial atención".

    En esta línea, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que en España publica informes bianuales sobre pobreza energética, señala: "el impacto de la crisis sanitaria se verá muy probablemente reflejado en los análisis de los próximos años". Pero, añade, la falta de "indicadores adelantados" dificulta la toma de decisiones rápidas en contextos de crisis. 

    Mejoría en 2019

    Los últimos datos disponibles, actualizados en noviembre por el Ministerio de Transición Ecológica, reflejan una mejoría de la situación, pero corresponden a 2019. El 7,6% de la población española sufría ese año temperaturas inadecuadas en la vivienda, frente al 9,1% de 2018. Los retrasos en los pagos del suministro pasaron del 7,2% al 6,6%. En cuanto a la pobreza energética escondida —un gasto energético absoluto inferior a la mitad de la media nacional—, arrojaba una proporción, en este caso de hogares, del 10,6% (4 décimas menos). El dato sobre hogares con un gasto energético sobre los ingresos superior al doble de la media nacional, considerado desproporcionado, se mantiene estable en torno al 16,7%; de hecho, bajó dos décimas.

    Pero sin foto actual, ¿qué hacer? Uno de los indicadores que sugiere la ACA es fijarse en la demanda del bono social —tarifas con descuentos de entre el 25% y el 50% según la situación de los hogares—, además de los avisos de desconexión notificados a los servicios sociales, los impagos y la deuda de los hogares con las suministradoras. 

    La Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, informó en enero de que el número de hogares protegidos por el bono social eléctrico ha aumentado en un año el 16%, hasta alcanzar los 1.278.000  beneficiarios. En cuanto a la cifra de  beneficiarios del bono social térmico, para el agua caliente y el gas, en este año han subido el 13,8%, hasta los 1.218.000.

    Tarifa social progresiva

    Para entidades como la Alianza contra la Pobreza Energética, el bono social se queda corto. "Como medida es totalmente insuficiente. Los criterios de renta son muy bajos. Hay que prohibir los cortes de suministros, una idea que va calando por la presión que ejercemos, y que siempre se restringe a determinados colectivos, y que, en todo caso, afecta a la gente que está en el mercado regulado", subraya María Campuzano desde esta organización, refiriéndose  a la mayoría de consumidores que se ha pasado al mercado libre. La Alianza reclama una tarifa social progresiva en función de ingresos, en lugar de ir introduciendo mejoras en el bono social.

    Para acceder al bono social, el tope de renta de una familia sin hijos es de 11.279 euros al año, o de 18.799 euros con dos menores. El Gobierno ha añadido el supuesto del impacto de la covid-19 en empleo e ingresos para poder optar al bono, mediante una declaración responsable. También ha prohibido los cortes de suministro a los consumidores vulnerables.

    Otra de las reivindicaciones de la Alianza es un reparto distinto entre las eléctricas del coste de estos descuentos, que se deciden en función del número de clientes. Comercializadoras como la cooperativa Som Energia no pueden ofrecerlos.

    La UE recomienda considerar, además, los precios de la energía como indicadores secundarios. Según Facua, en los primeros 20 días de enero, el kWh de electricidad sufrió una subida interanual del 40,9% que tensó las costuras del Gobierno. Para una factura media, significa el 29,3% más. 

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