Caos judicial por el impuesto a las hipotecas
Justicia: El intento de rectificar una sentencia del Tribunal Supremo para proteger a la banca causa un gran malestar.
Miembros de ADICAE en una protesta contra los abusos bancarios. FOTO: ADICAE
El amago de rectificación de una sentencia del Tribunal Supremo que había establecido que el impuesto de las hipotecas deberán pagarlo los bancos y no los ciudadanos, como establecía la jurisprudencia anterior, ha generado un terrible caos en el mundo jurídico y un descalabro en el sector financiero. La insólita decisión del Supremo que trataba de corregir una resolución del propio tribunal, unas horas después, fue interpretada como una acción de apoyo a la banca que, a raíz del fallo judicial, había registrado fuertes pérdidas bursátiles.
El intento de rectificación del Alto Tribunal causó un profundo malestar entre las distintas asociaciones de jueces y asociaciones de consumidores. Al mismo tiempo, paralizó el mercado hipotecario durante varios días.Paralelamente, los tribunales de primera instancia empezaron a paralizar los juicios en curso por el impuesto hipotecario.
El conflicto se inició por la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, publicada el pasado 18 de octubre. El fallo judicial estableció que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) debería ser pagado por el acreedor hipotecario (los bancos) y no por el prestatario (los suscriptores de hipotecas) tal como venía estableciendo la jurisprudencia anterior. La sentencia justificó el cambio de criterio con el argumento de que el préstamo se documentaba en instrumento público en interés del banco. Igualmente anuló parte del artículo 68 del reglamento del impuesto. El litigio había sido iniciado por una reclamación de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, que pedía la devolución de 22.566 euros, que ha recuperado porque la sentencia es firme.
La sentencia generó una inmediata euforia entre los afectados que habían reclamado la devolución de este impuesto. La entidad de análisis Kepler Cheuvreux estimó que las devoluciones podrían ascender a 18.000 millones de euros.
Al día siguiente de la sentencia de la Sección Segunda, Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera, que cuenta con seis secciones y 31 magistrados, emitió una nota sin precedentes que desautorizó la resolución judicial. Díez Picazo señaló en su escrito que la sentencia “supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado”. Y precisó: “Habida cuenta su enorme repercusión económica y social” acordó con carácter urgente “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar”. También acordó “avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de algunos de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si ese giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.
PLENO DE LA SALA
La reunión de los magistrados del Pleno de la Sala para decidir si se mantenía el cambio jurisprudencial se convocó para el 5 de noviembre, lo cual implicaba más de dos semanas de paralización de la actividad hipotecaria.
La nota del presidente no calmó los mercados e incendió las asociaciones de jueces, que vieron una intromisión intolerable. La Asociación de Jueces para la Democracia, solicitó “la inmediata dimisión” del presidente de la Sala Tercera por el desconcierto causado en la ciudadanía”.
La asociación Judicial Francisco de Vitoria lamentó la confusión creada por el Supremo porque la nota distribuida por el presidente de la Sala Tercera “no contribuye a la imagen de independencia del poder judicial”.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció que la sentencia del Tribunal Supremo había causado “una cierta inseguridad jurídica” al referirse a la sentencia que había cambiado la jurisprudencia sobre la materia.
La discusión está en el posible grado de retroactividad de la sentencia.
