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  • Julio 2021

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    Manifestación a favor de la nueva Constitución frente al Palacio de La Moneda, en Santiago.
    Averal

    La ciudadanía da la espalda a la clase política tradicional y se dispone a enterrar definitivamente el régimen de Pinochet.

    Expectación, ilusión, esperanza… y también temor. Estos son los sentimientos expresados por una mayoría de chilenos tras las elecciones celebradas los días 15 y 16 de mayo, cuando eligieron a los miembros de la Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Constitución. Esperan que sea una Carta Magna con la que —esta vez sí— se entierre definitivamente a Augusto Pinochet. La asamblea surgida de esta consulta tiene nueve meses por delante para redactar el texto, plazo que podrá ser ampliado tres meses más. Pero, antes de que los chilenos sean llamados a mediados de 2022 a un plebiscito para aprobarla o rechazarla, habrá otros compromisos electorales.  El 21 de noviembre se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales, y los resultados de esas consultas serán cruciales no solo para el desenlace del texto constitucional sino para el futuro de Chile. Aunque sean dos procesos distintos que siguen su propio camino legal, el hecho es que ambos van a influir entre sí. Cuando se celebre el plebiscito, la Moneda y las dos Cámaras estarán ya ocupadas por otros representantes.

    Mayoría progresista

    La clase política tradicional está aún intentando asimilar la sorpresa de mayo. Una gran parte de los miembros de la Asamblea, que ya trabajan en la nueva Constitución, fueron escogidos entre personas independientes de los grandes partidos políticos históricos, aglutinadas en varias plataformas progresistas cuya suma da una amplísima mayoría. La derecha oficialista, respaldada por el presidente Sebastián Piñera y concentrada en la lista única Vamos por Chile, solo logró 37 escaños, lejos de los 52 (un tercio) necesarios para ejercer el veto sobre el contenido de la nueva Carta Magna. La Convención cuenta con 17 puestos reservados a los 10 pueblos indígenas y tendrá paridad entre hombres y mujeres, algo inédito en el mundo.

    Daniel Jadue
    El alcalde comunista de Recoleta, municipio perteneciente al Gran Santiago, se perfila como candidato del bloque de izquierda a la presidencia en las elecciones 
    de noviembre.

    Hubo varapalo, pues, para la derecha gobernante, pero también para los partidos tradicionales del centro (encabezados por la Democracia Cristiana) y la izquierda moderada (con el Partido Socialista al frente) que conformaron la Concertación y dirigieron el país tras la caída de Pinochet entre 1990 y 2010 ininterrumpidamente (más tarde volvieron a gobernar con el segundo mandato de Michelle Bachelet, entre los dos de Piñera). Los partidos de la Concertación se adaptaron a (o quedaron atrapados en) la maraña legal del pinochetismo y no supieron dar salida a una situación de creciente desigualdad en 30 años. La plataforma con más representantes de centristas y socialistas, Lista del Apruebo (25 elegidos), ha quedado tres escaños por debajo del Apruebo Dignidad (28), aglutinada por el Partido Comunista Chileno, y solo uno por encima de la también izquierdista Del Pueblo (24).

    Tras los pobres resultados de mayo, la conclusión generalizada entre los analistas políticos chilenos es que, de cara a las elecciones de noviembre, el centro izquierda va a estar en “constante movimiento”. Lo ocurrido en esas elecciones ha sido un terremoto cuyas réplicas aún no han terminado y ha creado un escenario que algunos definen como líquido. Mireya Dávila, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, considera lo siguiente: “el sistema político se está reconfigurando”, en unas declaraciones a la agencia France Presse. “La fuerza electoral de los independientes”, prosigue, “es mucho mayor de lo que se pensaba y esto confirma que la ciudadanía está harta de los partidos tradicionales”. 

    Las causas del hundimiento son comunes a todos los partidos del centro izquierda, como explica Marco Moreno, de la Universidad Central: no han logrado satisfacer las grandes demandas de la población en Sanidad, Educación y Pensiones. La Constitución pinochetista de 1980 prima la iniciativa privada en estas áreas y otorga un papel residual al Estado, lo que ha llevado al país a las más altas cotas de desigualdad de América Latina, el motivo de fondo de las grandes movilizaciones del otoño de 2019 que terminaron con la promesa de la nueva Constitución

    Paridad: 50% de mujeres tiene la Asamblea elegida en mayo pasado por la ciudadanía chilena, que redactará una nueva Constitución.

    La antigua Concertación por la Democracia, que con Bachelet pasó a llamarse Nueva Mayoría y que ahora se ha rebautizado como Unidad Constituyente, no acaba de encontrar su sitio. Mientras que en la Democracia Cristiana la derrota se ha manifestado con un público despliegue de recriminaciones y dimisiones, el Partido Socialista, perdida la posición hegemónica que tuvo durante años, se encuentra ahora abocado a ser el árbitro entre la derecha y la izquierda, lo que ha agravado el pulso entre las dos tradiciones del socialismo chileno: la de Salvador Allende (el gran abanderado de la Unidad Popular e impulsor de la reforma agraria) y la de Ricardo Lagos (máximo exponente de las posiciones social-liberales).

    Primarias en julio

    Forzados a competir desde plataformas multipartidistas para tener posibilidades de alcanzar la presidencia, a finales de julio se celebrarán primarias en los diferentes bloques. Todavía no se ha formalizado legalmente ninguna candidatura, pero se da por segura la de Daniel Jadue, líder del bloque de izquierda (Partido Comunista y Frente Amplio), que genera un gran consenso en su sector. Por el contrario, las diferencias internas dificultan la evaluación de los candidatos en el ámbito del centro izquierda, que va con mucho retraso en el proceso de primarias. En la derecha el favorito es el dirigente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Joaquín Lavín, que ya disputó la presidencia a Ricardo Lagos en 1999, aunque otros tres candidatos del bloque gubernamental han anunciado que se presentarán a las primarias del 18 de julio.

    Las elecciones constituyentes han desatado un terremoto político

    El Partido Socialista ha dejado de ser la fuerza hegemónica de la izquierda

    La votación de mayo se llevó a cabo durante dos días para evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de infección de covid-19, dado que los niveles de contagio seguían (y siguen) siendo muy altos pese a la rápida vacunación. La ampliación horaria no impidió que la participación fuera del 43%, muy por debajo del 78% del plebiscito de octubre pasado que decidió el cambio de Constitución.

    En la cita electoral también se eligieron gobernadores regionales, alcaldes y concejales. La gran novedad de esos comicios fue la elección de Iraci Hassler, del Partido Comunista, para la alcaldía de una de las zonas más emblemáticas de la capital, justo la que conserva el nombre de Santiago y alberga el centro neurálgico de la ciudad. La capital chilena, conocida como Gran Santiago, se compone de 32 municipios independientes con un total de 5,4 millones de habitantes, sin que ningún organismo de gobierno los agrupe. Este sistema, implantado durante la dictadura, permite que las bases electorales sean muy homogéneas territorialmente. O sea, favorece que los impuestos pagados en los barrios ricos se inviertan en los barrios ricos, al tiempo que las municipalidades pobres apenas tienen dinero para gastar. Y es precisamente en estos barrios donde todavía se venera la figura de Salvador Allende y se recuerda con pánico el 11 de septiembre de 1973. El general también dejó esto bien atado.

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