Comienza la batalla de las radiales

Fiasco: El Gobierno emprende el rescate de las autopistas en suspensión de pagos. La oposición reclama el menor daño posible para el contribuyente.

FOTO:J.P.V-G.

El rescate con dinero público de las autopistas de peaje construidas durante los gobiernos de José María Aznar está a punto de comenzar. Incapaces de hacer frente a sus deudas, las empresas concesionarias de nueve de esas carreteras —la mayoría ubicadas en la Comunidad de Madrid— se han declarado en concurso de acreedores al no haberse cumplido las previsiones de tráfico hechas en aquellos momentos, a todas luces exageradas. Aunque el año pasado comenzó a registrarse una ligera recuperación en el número de coches que circulan por esas vías, las cifras están aún muy lejos de los máximos registrados en 2007 (véase el gráfico). 

El proceso va a ser largo y complejo, pero una cosa sí parece clara: el ciudadano acabará pagando, al menos en parte, los daños causados por la falta de planificación y la burbuja de infraestructuras hinchada durante los años previos a la crisis. La gestión del rescate va a poner a prueba la capacidad de un Gobierno en minoría parlamentaria para defender el interés general y cumplir al mismo tiempo las obligaciones legales hacia las empresas afectadas, entre las que figuran grandes constructoras como Acciona, ACS y FCC y las concesionarias de infraestructuras Abertis y Cintra.  

Será el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el encargado de lidiar con la patata caliente que dejan sus antecesores, Ana Pastor y Rafael Catalá. El plan de Pastor de resolver la cuestión con una quita del 50% de la deuda de las concesionarias descarriló el año pasado ante el rechazo tajante de los acreedores extranjeros, entre los que figuran fondos de inversión de los llamados oportunistas. Catalá, que se hizo cargo del ministerio en funciones tras el nombramiento de Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados, llegó a afirmar que la gestión de las autopistas puede acabar siendo “un buen negocio” para el Estado. La esperanza del Gobierno es que el tráfico aumente en los próximos años y que las autopistas, una vez saneadas, puedan venderse al mejor postor.

Tardaremos años en saber si esos deseos se harán realidad. La pregunta clave en este momento es a cuánto va a ascender la factura del rescate y cómo  va a afectar al déficit y a la deuda pública en unos momentos en que España está bajo enorme presión para cumplir sus compromisos presupuestarios con Bruselas. Según las estimaciones de expertos y empresas, la cifra final podría oscilar entre los 4.000 y los 8.000 millones de euros. 

“NEFASTO NEGOCIO”

La oposición ya ha anunciado que dará la batalla en el Congreso para que la operación se lleve a cabo con la mayor transparencia posible. Para empezar, el grupo parlamentario de Podemos ha solicitado información sobre el coste para las arcas públicas y cómo se va a dirimir la responsabilidad “de los ejecutores de este nefasto negocio para todos”. El rescate dejará en manos del Estado las vías R-2, R-3, R-4, R-5 (todas ellas en Madrid y alrededores), AP-21 (Madrid-Toledo), M-12 (acceso al aeropuerto de Barajas), AP-36 (Ocaña-La Roda) y dos tramos de la AP-7: Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. El PSOE y Ciudadanos no se oponen en principio al rescate, pero coinciden en que es urgente resolver la cuestión con el menor daño posible para el contribuyente.

Aunque se recupera, el tráfico está aún lejos de sus máximos de 2007

La pregunta clave es a cuánto ascenderá la factura

La Administración cree que las carreteras pueden ser rentables algún día 

El diputado de Podemos Sergio Pascual, miembro de la Comisión de Fomento del Congreso, opina que el rescate constituye “una gran estafa a los ciudadanos” y que lo sucedido se enmarca “en la visión cortoplacista que alimentó la burbuja inmobiliaria y de infraestructuras” durante los gobiernos de Aznar (1996-2004). Pascual cree que  lo sucedido tiene mucho que ver con las puertas giratorias entre el partido en el poder y las empresas concesionarias. El diputado recuerda que en los papeles de Bárcenas aparecen varias constructoras como donantes del PP.

El protagonista del primer rescate será el consorcio Accesos de Madrid, participado por Abertis, ACS, Bankia y Sacyr, cuya deuda asciende a 650 millones de euros. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid aceptó el 30 de septiembre salvar del cierre inmediato a las dos autopistas radiales que gestiona, la R-3 y la R-5, a cambio del compromiso del Gobierno de hacerse cargo de ellas hasta el 1 de julio de 2017, mientras se organiza el traspaso de los activos de manos privadas a manos públicas.

El diario El Mundo reveló días después que el informe del administrador concursal de ambas vías eleva el coste del rescate a 1.000 millones de euros. El contrato firmado en su día por el Gobierno del PP y las concesionarias de las autopistas estipulaba que en caso de liquidación, el Estado debería asumir la gestión de las vías en cumplimiento de la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

BENEFICIOS PARA ALGUNOS

Antes de dejar la cartera de Fomento, Rafael Catalá dejó clara cuál es la filosofía del Gobierno sobre las autopistas quebradas. “Si no cambia nada, el Estado se tendrá que hacer cargo”, dijo el ministro. “Parece lógico que si te quedas con las carreteras, pagues por lo que valen”. En Podemos discrepan. “Se ha priorizado el interés privado de quienes recibían apoyos para sus campañas electorales”, afirma Sergio Pascual. “Cuando el negocio sale bien, los beneficios son para las empresas; cuando sale mal, pagan los ciudadanos”.

Podemos relaciona el desastre con las puertas giratorias

Entre las afectadas están las mayores constructoras

Los tenedores de la deuda están logrando grandes plusvalías

Mientras tanto, alguien sí está ganando dinero con las expectativas de un inminente rescate. El precio de la deuda de las empresas adjudicatarias se ha multiplicado por cuatro tras los últimos acontecimientos, según informó Vozpópuli. Los tenedores de la deuda compraron a las entidades Banc Sabadell y CaixaBank, entre otras, con descuentos de hasta el 90% y ahora podrían vender al 30% o 40% del valor nominal, obteniendo así jugosas plusvalías.