Cuba: un soplo de liberalización
Apertura: Los cubanos votan en referéndum una nueva Constitución que podría ratificar el reconocimiento de la propiedad privada para las empresas.
Peluquería en Viñales. Hoy existen en Cuba pequeñas empresas, pero no están reconocidas jurídicamente. FOTO: MONDO
En abril de 2018, la Asamblea Nacional cubana eligió a Manuel Díaz Canel presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros en sustitución de Raúl Castro. Al mes siguiente se hizo público un proyecto de Constitución que, tras ser discutido durante tres meses, se somete al referéndum de los cubanos el 24 de este mes. Tanto la transmisión del poder como el proyecto de Constitución hacen pensar que no habrá una transformación fundamental en el sistema político cubano. El Partido Comunista seguirá siendo el órgano dirigente, único, del proceso revolucionario. Y aunque en el proyecto inicial no hubiera ninguna referencia al comunismo, la construcción del socialismo sigue siendo el objetivo declarado.
UNA ECONOMÍA MÁS ABIERTA
Sin embargo, la nueva Constitución debería generar modificaciones en el seno de la estructura política del Estado. Entre ellas, la creación de los puestos de presidente de la República y de primer ministro, antes fusionados en la función de presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Los mandatos de los diputados se reducirán a dos años y se fijará un límite de edad para acceder a los cargos electos. La era de la Cuba sin los Castro —Raúl Castro sigue siendo primer secretario del Partido Comunista— estará probablemente marcada por un poder más colegiado.
Las actividades autorizadas se limitan al sector servicios
El 71% de la población activa trabaja en el sector estatal
En lo económico, el proyecto de Constitución reafirma, por una parte, que los medios de producción fundamentales son propiedad del conjunto de los cubanos y que la planificación económica sigue siendo el vector principal de desarrollo. Por otra parte, reconoce el papel del mercado como modo de regulación económica, la propiedad privada como una forma de propiedad de las empresas y la importancia de las inversiones directas extranjeras (IDE) para el desarrollo del país.
Estos reconocimientos validan y adaptan la Constitución a los cambios que han tenido lugar en Cuba desde hace dos décadas, y especialmente desde 2008. A partir de esa fecha y frente al excesivo lugar que ocupaba el Estado en la economía, las autoridades otorgaron en usufructo más de dos millones de hectáreas de terreno baldío a agricultores particulares o a cooperativas. También se tomaron otras medidas como el aumento del precio que el Estado ofrece a los actores agrícolas por determinado número de productos o una relativa privatización de su comercialización en mercados libres. A pesar de ello, la producción agrícola ha aumentado poco, lo que obliga al país a importar cerca del 70% de sus alimentos.
El Estado también ha intentado retirarse del sector servicios. En 2010, se instituyeron unas nuevas directivas sobre el trabajo por cuenta propia (TCP) que han aumentado el número de actividades privadas autorizadas, han permitido contratar empleados, beneficiarse de la seguridad social y acceder al crédito bancario. El número de trabajadores por cuenta propia se ha multiplicado por más de cuatro y cerca de 600.000 personas están hoy insertas en ese sector, sobre todo en las actividades de restauración, de alquiler inmobiliario y de taxi. En 2013, se autorizaron cooperativas no agrícolas (CNA) en un perímetro de actividades semejante al TCP. Las ambiciones del Gobierno eran que las CNA tuvieran mayor importancia que los TCP, pero su número sigue siendo bajo y en 2017 se suspendió la aprobación de nuevas entidades.
Aunque el desarrollo de los TCP y la emergencia de las CNA hayan mejorado la oferta de algunos bienes y servicios y permitido a los cubanos tener nuevas perspectivas económicas —el 71% de la población activa trabajaba en el sector estatal en 2016 frente al 81,8% en 2006— el auge del sector no estatal se ve frenado por varios obstáculos: la casi inexistencia de mercados al por mayor, lo que encarece el precio de los insumos; la gran burocracia que exige crear una actividad, especialmente en el caso de las cooperativas; el escaso número de actividades autorizadas, y su casi limitación al sector servicios.
La nueva Constitución podría abrir paso a la legislación de auténticas empresas privadas —los TCP solo tienen personalidad física—, lo que tendría como consecuencia la legalización del asalariado privado. Hoy, los TCP pueden contratar empleados, pero estos son también TCP (cuya a actividad es "empleados contratados"). Igualmente, se podrían legalizar empresas mixtas de capital privado cubano y capital público. Pero para que esto tenga un impacto económico significativo, el sector privado debería poder insertarse en más sectores de los que lo está hoy, y en especial en la industria.
Aunque las autoridades cubanas hayan intentado reducir la dependencia externa del país desde 2014 renegociando la deuda o instaurando una nueva ley sobre las inversiones extranjeras, las dificultades por las que pasa Venezuela desde 2015 han tenido un impacto negativo sobre la economía, y esto ha obligado a Cuba a buscar otros proveedores . Los ingresos de exportación de servicios (sobre todo médicos) también han sufrido un notable descenso.
LA NECESARIA UNIFICACIÓN MONETARIA
Tras una relativa mejoría en 2015, el crecimiento es átono desde 2016. Esa ralentización ha llevado a las autoridades a reducir los planes de importación e inversión y a retrasar algunos plazos de la deuda, dificultando la estrategia económica de relanzamiento de las inversiones mediante la importación de bienes intermedios y de equipo.
La economía nota las dificultades por las que atraviesa Venezuela
Este contexto hace aún más difícil la puesta en marcha de una reforma que muchos consideran indispensable: la unificación monetaria. Hoy circulan en Cuba dos monedas oficiales, el peso cubano (CUP) y el peso convertible (CUC)— regidas por dos tipos de cambio principales: 1 CUC = 1 CUP para las cuentas públicas y las empresas; 1 CUC = 24 CUP para la población. El CUC está vinculado al dólar (1 CUC = 1 $). Los CUP sirven fundamentalmente para pagar los salarios del Estado, cuyo bajo nivel permite llegar con dificultad a fin de mes. Muchos cubanos intentan, pues, acceder a los CUC, que pueden obtenerse en las actividades ligadas, más o menos directamente, al extranjero (ingresos turísticos, remesas de dinero de los que han emigrado…) Si, por ejemplo, un cubano recibe 100 CUC de su familia en el extranjero tendrá el equivalente a 2.400 CUP, una suma muy superior al salario medio que, en 2017 era de 767 CUP. Antes, los mercados estaban segmentados —en determinadas tiendas solo se podía pagar en CUC—, pero desde hace unos años en la mayoría de los comercios de puede pagar en las dos monedas.
La futura reforma llevará, a priori a conservar únicamente el CUP y a devaluarlo, según algunos analistas, a un tipo del orden de 8 a 10 pesos por dólar. Uno de los mayores temores es su efecto inflacionista debido al encarecimiento del coste de las importaciones. La resolución de los problemas económicos y sociales, así como la mejora del nivel de vida de los cubanos serán las prioridades del nuevo presidente, sobre todo dado que ya no disfruta de la legitimidad revolucionaria de sus predecesores.
