Dependencia // Precariedad laboral en las residencias

Las enfermeras y el personal auxiliar, en su mayoría mujeres, denuncian sobrecarga de trabajo y desprotección.

El personal médico, especialmente en los servicios de atención primaria, está colapsado y precarizado. Pero hay otro sector que padece también desde hace años la precariedad laboral y que ha sufrido especialmente con la pandemia de covid-19. Se trata del personal que trabaja en las residencias de ancianos, el 90% mujeres, que viven desde marzo pasado con una deficiencia de los equipos de protección y una sobrecarga de trabajo.

La diferencia con el personal médico es que el 80% de las personas que trabajan en el cuidado de personas mayores están contratadas por empresas privadas, tanto en ayuda a domicilio como en las propias residencias. 

La secretaria general de CC OO de Córdoba, Marina Borrego, explicaba en declaraciones al periódico digital Cordópolis que en esa provincia andaluza hay 83 residencias de personas mayores, de las que 59 son de titularidad privada y solo 24 pública, ya sea municipal o autonómica, con unas 5.500 plazas, de las que solo 1.123 son públicas y 2.723 son gestionadas de forma directa o concertadas con la Administración pública. Es solo un ejemplo de lo que pasa en la mayor parte de España. "No se dispone de las infraestructuras necesarias y adecuadas y, además, el personal tiene que atender dos áreas diferentes y no se refuerza con nuevas contrataciones", afirma Borrego.

Una trabajadora auxiliar de una residencia de Asturias, que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias laborales, explica como ha sufrido esta situación en su propia piel: “Durante este tiempo, hubo muchas bajas por covid, bajas por fiebre o pruebas, o de lumbociática, que no se cubrieron o que tardaron en reponerse, y esa carga repercutía en las pocas personas que quedaban trabajando. En un día normal de trabajo, yo llego a la residencia y levanto una media de entre 8 y 12 residentes. Los aseo, los visto, los levanto de la cama y los pongo en la silla de ruedas.  Además, si hay un aislamiento por un posible caso, los residentes tienen que estar en las habitaciones todo el día. Eso supone una carga de trabajo mayor, porque hay que ir habitación por habitación con la comida. Es mucho más trabajo que si bajaran a comer. También fregamos por la noche. Tenemos que limpiar mesas y sillas. En teoría lo hacían en otro turno, pero como no hay personal, nos toca a nosotras. También hay más carga de trabajo en la lavandería con el mismo personal. Nosotras ya hemos dicho que no podíamos con tanto trabajo, pero los de arriba pasan de todo”.

El salario medio en esta residencia de Asturias, donde son todas trabajadoras mujeres y que se asemeja al salario medio de otras residencias, no llega a los 1.000 euros mensuales. “Y hay mucha rotación”, explica la auxiliar. “Los contratos son por tres meses, y al finalizar los nueve meses, es decir, en la tercera contratación temporal, los despiden para no hacerlos indefinidos”.

Todavía puede ser peor porque, según explican los sindicatos, como la mayoría de los contratos del sector son a tiempo parcial o eventuales, las nóminas reales rondan los 400 euros al mes. Pero además, estas trabajadoras están muy expuestas y ponen en peligro también a los propios residentes. “Ahora, al no haber enfermeras, si se van, las encargadas estan solas en un turno y derivan todo en nosotras, que no estamos capacitadas. Yo no estudié enfermería, y no se qué necesita cada persona y cómo se realiza”, concluye la auxiliar asturiana.

Las personas que trabajan en cuidados a domicilio no están mejor. De hecho, los sindicatos reclaman que se haga una evaluación de los riesgos laborales, que en esta pandemia se han agravado por la escasez de material de protección individual.

Desde Cantabria, el sector de dependencia de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT emitió también un comunicado el pasado noviembre en el que reclama “acabar de una vez con la precariedad laboral de las  trabajadoras y trabajadores”.

Margarita Pelayo, responsable regional del sector en UGT, resume lo mismo que sus homólogas de Asturias y Andalucía. “Lo venimos denunciando desde hace muchos años: las plantillas, especialmente de gerocultoras, trabajan bajo mínimos todo el año, las ratios de personal son insuficientes y hay una sobrecarga de trabajo y funciones intolerable, donde se hace de enfermera, de gerocultora y hasta de limpiadora al mismo tiempo”, critica.

600 millones más

Desde el Gobierno se ha propuesto incrementar 600 millones de euros el presupuesto para este sector, pero a los sindicatos les sabe a poco, teniendo en cuenta que desde  2012 el recorte acumulado en la dependencia ha sido de 5.864 millones de euros.

“Es totalmente insuficiente para atender a las personas que están en lista de espera y, en segundo lugar, no tienen en cuenta ni mejorar la atención de las personas que actualmente están siendo atendidas, ni las pésimas condiciones laborales y retributivas de las trabajadoras”, indican desde CC OO. “ La crisis sanitaria (...) ha evidenciado la fragilidad con la que se ha implantado el modelo original de atención a la dependencia. Especial responsabilidad en este sentido han tenido los recortes presupuestarios derivados de anteriores crisis financieras”.

Por ello, piden un plan de choque “que restituya la calidad y la suficiencia de las prestaciones del sistema de dependencia”. Además, remarcan el estancamiento en la negociación del convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, lo que repercute en un empeoramiento en la calidad del empleo.  "Es algo que, sin duda, puede suponer un problema, que se puede agravar en el futuro, para encontrar profesionales que trabajen en el sector. Este problema ya existe entre determinadas categorías profesionales y en algunas comunidades autónomas”.

Por otro lado, piden, entre otras cosas, “incrementar en esta legislatura la provisión de servicios mediante financiación, gestión y provisión públicas, al menos para garantizar que el 50% de los servicios sean gestionados directamente por el sector público”. También aprobar una norma estatal para adecuar las ratios profesionales, desglosadas por categorías profesionales, con un mínimo de tres gerocultoras por cada 10 residentes y un incremento de las ratios de personal asistencial, que se deben adecuar al nivel de dependencia y patologías de las personas residentes.

Feminización

90% de los trabajadores en residencias son mujeres

La sobrecarga de trabajo y la deficiencia de los equipos de protección afectan sobre todo a las mujeres, pues ellas suelen ser las encargadas de los cuidados

Precariedad

1.000€ al mes es el salario medio de una trabajadora de residencia

Muchos contratos son a tiempo parcial y se paga aún menos

Privatización

80% de las personas trabajadoras tanto en residencias como en atención domiciliaria provienen del sector privado