Derechos humanos // Hacia una Ley de Debida Diligencia
Los Ministerios de Derechos Sociales, Trabajo y Consumo trabajan junto con ONG para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos en terceros países.
Tras dos años y medio de trabajo por parte de la Plataforma de Empresas Responsables, una nueva normativa sobre responsabilidad de las empresas en el cumplimiento de los derechos fundamentales y ambientales en sus cadenas de suministro comienza a tomar forma. El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, anunció en diciembre que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pasará una propuesta de Ley de Debida Diligencia para ser aprobada a lo largo de esta legislatura. El Ministerio de Consumo y el de Trabajo y Economía Social son co-proponentes.
“La Secretaría de Estado para la Agenda 2030 elaboró una Estrategia de Desarrollo Sostenible que fue aprobada el pasado 8 de junio por el Consejo de Ministros”, explica Juan Ramón Crespo, jefe de Gabinete de la Secretaría. “Esta estrategia recoge la elaboración de una Ley de Diligencia Debida para las Empresas Transnacionales. Por eso, es la misma Secretaría de Estado la que lleva adelante la iniciativa”.
La intención es trabajar la ley y debatirla en 2022, de forma que se pueda aprobar en esta legislatura. En este momento se encuentra en la fase inicial de debate.
Actualmente, hay un grupo de trabajo integrado también por entidades como el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), sindicatos y universidades.
"Las empresas tienen un impacto enorme sobre las vidas de las personas y las comunidades en las que operan. En ocasiones, el impacto es positivo: se crean puestos de trabajo, las nuevas tecnologías mejoran las condiciones de vida y la inversión en la comunidad se traduce en beneficios reales para las personas que viven en ella", explican en Amnistía Internacional, que forma parte de la iniciativa.
"Amnistía ha sacado a la luz innumerables ejemplos en los que las empresas se aprovechan de normativas nacionales poco eficientes y mal aplicadas, con consecuencias devastadoras para las personas y las comunidades. Apenas hay mecanismos efectivos en el ámbito nacional o internacional para impedir que las empresas cometan abusos contra los derechos humanos o hacer que rindan cuentas de sus actos".
Qué incluye la normativa
La denominada “debida diligencia” en derechos humanos y medioambientales “es el proceso por el cual las empresas toman todas las medidas necesarias y eficaces para identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas y responder por los impactos negativos, reales o potenciales, de sus propias actividades o las de su cadena de valor. Esto incluye filiales, subcontratistas, proveedores y tras relaciones económicas en el Estado de procedencia o de terceros países”, indican desde la plataforma.
Según las organizaciones sociales, la futura Ley de Debida Diligencia deberá exigir a las empresas españolas o las que operen en el territorio español la adopción obligatoria de planes de debida diligencia. Las que no cuenten con ellos serán sancionadas con limitaciones, como la imposibilidad de contratar con la Administración pública y acceder a recursos del Estado. O pueden, incluso, tener sanciones de tipo económico.
Las empresas deberán presentar planes de acción
Las víctimas de abusos podrán demandar en España
La ley también abrirá el acceso a la justicia española para todas las personas que hayan sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos o ambientales en cualquier lugar del mundo por empresas con sede en España. Además, debe exigir a las empresas que revelen cualquier prueba pertinente para demostrar que actuaron con la debida diligencia para evitar el daño.
La normativa también creará una autoridad pública independiente para vigilar el cumplimiento de la ley.
Y, por último, las organizaciones sociales esperan que en el texto se incluyan artículos que aseguren la transparencia y el cumplimiento de la ley sobre información no financiera con, entre otras cosas, un informe anual con la información detallada de sus planes, su seguimiento y sus resultados.
“Pasamos de una etapa de voluntariedad a que sea algo obligatorio tanto tener los planes de dirigencia debida, procedimientos, analizar los riesgos, etc., como abrir la puerta a que las víctimas de la cadena de suministro puedan instar para que se juzgue a la empresa matriz, en su país”, explica Orencio Vázquez, del Observatorio de RSC. “Está por determinar hasta qué punto de la cadena de valor la empresa es responsable. En la ley alemana, por ejemplo, es hasta los proveedores directos. Los terceros proveedores ya no. Pero lo que hemos visto es que donde se dan los impactos de derechos fundamentales o medioambientales más importantes es en la segunda o la tercera escala de subcontratación”.
Otros países
Existen normativas ya publicadas en países como Alemania, Noruega y Francia, y se está trabajando en Holanda. Las empresas no quieren que se les exija responsabilidad civil ni penal. La responsabilidad jurídica es uno de los puntos más debatidos en los países donde ya se han aprobado normativas.
A nivel europeo, la Comisión está trabajando en este ámbito (véase columna aparte), pero a pesar de que la propuesta inicial nació en 2020 en el seno de la misma Comisión, los tiempos se retrasan, muy a pesar de los requerimientos de las organizaciones sociales.
Más información: empresasresponsables.org
Foto: Pedro Armestre para Alianza por la Solidaridad-ActionAid.
Un retraso que se cobra vidas
Un grupo de 46 organizaciones de la sociedad civil ha escrito una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por el retraso en la publicación de la Propuesta de la Comisión sobre una iniciativa de Gobierno Corporativo Sostenible (SCG).
“Es hora de que demuestre liderazgo en la iniciativa de gobierno corporativo sostenible”, reza la carta, firmada por organizaciones como Clean Clothes, la European Coalition for Corporate Justice, Oxfam, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y otras.
El proyecto de ley de Gobierno corporativo sostenible, en el que habían participado las organizaciones, debía estar publicado en 2021, pero se ha retrasado al menos hasta marzo de 2022.
“Es inaceptable que una nueva ley tan crucial que puede ayudar a millones de personas a exigir justicia contra las violaciones de los derechos humanos y puede ayudar a proteger nuestro medio ambiente y el clima, sea retrasado por tercera vez”, esgrimen. “También estamos profundamente preocupados por la total falta de transparencia sobre las razones de este nuevo retraso. La incertidumbre que rodea el destino de la legislación es muy perjudicial para personas que sufren comportamientos corporativos irresponsables y por el medio ambiente (...). Un retraso inexplicable corre el riesgo de socavar la confianza de los ciudadanos europeos, locales e internacionales”
Las organizaciones de la sociedad civil y sindicales, trabajadores y víctimas de abusos corporativos han colocado la esperanza en la UE para regular negocios sostenibles y responsables.
