Devaluación fiscal: un ‘quiero y no puedo’
Las promesas de bajadas de impuestos por parte del Gobierno, la presión de Bruselas por el elevado déficit, el clima preelectoral y los problemas de recaudación frenan una bajada de cotizaciones a la Seguridad Social.
El ministro Cristóbal Montoro en la presentación del informe Lagares. FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA
Las cotizaciones con las que empresas y trabajadores contribuyen a financiar las prestaciones sociales, y en especial las pensiones, son la mayor fuente de recaudación de la Administración: 133.000 millones de euros (2012). Su potencia recaudatoria equivale al 13% de la economía española y es superior a la de cualquiera de los grandes impuestos: 70.619 millones por IRPF, 50.464 millones por IVA y 21.435 millones por el de Sociedades. Las cotizaciones a la Seguridad Social explican en un 67% la diferencia entre lo que un trabajador cuesta a una empresa y el salario que percibe realmente.
Una comparativa con nuestros vecinos europeos no ayuda a los partidarios de mantener, o incluso de aumentar, este mecanismo de solidaridad entre generaciones (los cotizantes de hoy cubren a los pensionistas de hoy, y no su futura jubilación, aunque se supone que generan derechos para el futuro proporcionales a su contribución). Es que Bruselas, las patronales empresariales, buena parte de los economistas liberales y el comité de expertos para la reforma fiscal que preside Manuel Lagares defienden una bajada de cotizaciones como vía para animar el empleo. Por ahora, el Gobierno del PP se ha sacado de la manga una tarifa plana de 100 euros en las cotizaciones para contingencias comunes de nuevos trabajadores contratados a tiempo completo antes del 31 de diciembre, y estima que la medida beneficiará a 332.100 contratos indefinidos.
Mayor coste que en Europa
En España, el peso de las cotizaciones sociales sobre el PIB ha permanecido bastante estable en los últimos 20 años, mientras en la UE ha bajado 1,3 puntos porcentuales. El tipo de cotización por el conjunto de prestaciones sociales es superior en cinco puntos por la media europea (37,3% frente al 32,4%). Pero es la aportación a las cotizaciones que hacen las empresas el aspecto en el que la brecha con Europa es más llamativa. Solo Irlanda, Estonia y Lituania aplican un tipo más bajo que España en la aportación del trabajador para programas de jubilación (4,7%), mientras que el soportado por las empresas es del 23,6% (y del 31,08% para todos los programas). En buena parte de los países de referencia, como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Reino Unido, la carga se reparte a la par entre empresas y trabajadores (o en la proporción de 60% a 40%).
¿Qué cabe hacer? Los expertos de la comisión Lagares ven “recomendable” que un país sin posibilidad de devaluar la moneda (pues estamos en el euro) buscara la competitividad por la vía de un descenso de cotizaciones de tres puntos porcentuales que se compensara con un incremento de impuestos indirectos, en esencia del IVA. A ese abaratamiento del factor trabajo se le llama devaluación fiscal, porque el IVA no se aplica a las exportaciones y sí a las importaciones. Se impulsaría el consumo de productos y servicios autóctonos, mientras que las exportaciones ganarían competitividad por coste.
Pero esa supuesta fórmula de menos cotización y más IVA igual a más empleo genera riesgos. Un primer riesgo no parece de peso a corto plazo, en plena amenaza de deflación. Es el del incremento de los precios, porque el IVA influye en los precios, mientras que las cotizaciones, no. Pero hay otros riesgos. Existe consenso en que la economía sumergida ha aumentado desde la gran subida del IVA aplicada a regañadientes por el ministro Cristóbal Montoro en 2012. Además, explica José Ignacio Pérez Infante, miembro de Economistas frente a la crisis, la reducción de cotizaciones corre el riesgo de generar un importante peso muerto. O lo que es lo mismo, un regalo. Porque se firman contratos con una cotización social más baja, que se hubieran firmado de todos modos, lo que se traduce en una pérdida de recaudación innecesaria.
El propio Gobierno del PP invocó los peligros del peso muerto para ir suprimiendo (en especial en 2012) un montón de bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, incluso con carácter retroactivo, diseñadas en su momento para animar la contratación de colectivos de inserción laboral difícil. La generalización de estas bonificaciones a cada vez más tipos de trabajadores les hizo perder eficacia, arguyó. Lo mismo opina el grupo de expertos para la reforma fiscal. De 2012 a 2013, la partida de las políticas activas de empleo destinadas a bonificaciones cayó un 61,3% (de 2.600 a 1.000 millones).
Muchas bonificaciones se suprimieron porque no crearon empleo
El riesgo de la ‘tarifa plana’ es una pérdida de recaudación innecesaria
De ahí la cautela con la que debe acogerse la tarifa plana de las cotizaciones. “Si las empresas no venden más, si no necesitan a más gente, difícilmente se contratará”, señala Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical, en UGT, que también ha recordado que el propio PP aludió al peso muerto de las exenciones de las cotizaciones. Hace una década, la Seguridad Social concluyó en un estudio que la relación entre bonificaciones y nuevo empleo era débil.
Por otra parte, en el caso de las bonificaciones suprimidas, lo que se dejaba de recaudar se compensaba por la vía de los presupuestos. Pero ahora, que la nueva tarifa plana evapore ingresos para la Seguridad Social agravará el déficit de esta, superior a 10.000 millones al cierre de 2012. Si no se compensa la merma de ingresos, los propios sabios alertan de que “empeora la sostenibilidad del sistema”. El golpe sería mayúsculo para las pensiones. La comisión Lagares habla de una subida compensatoria del IVA, pero hace pocos días, Cristóbal Montoro dejó claro que el IVA no se tocará, ni aumentando tipos ni reclasificando productos sometidos ahora al tipo reducido (10%) al tipo general (21%).
Otra opción sobre la mesa es quitar las pensiones de viudedad y de orfandad del paraguas de la Seguridad Social y pasar a financiarlas a través de impuestos. El informe Lagares sugiere cargarse, en ese sentido, el Pacto de Toledo. “Lo lógico es que las pensiones contributivas se financien de forma contributiva, y tanto la de viudedad como la de orfandad son contributivas”, replica Pérez Infante, quien considera que un cambio de filosofía daría una señal sobre “por dónde se va en realidad”. ¿Una futura supresión?
Tampoco está claro qué harían las empresas con las cuotas que parán de menos. Con la devaluación salarial han aprovechado para aumentar sus márgenes de beneficio, no para que sus productos compitieran mejor en en el exterior. El Gobierno puede soñar con una devaluación fiscal, pero lo tiene crudo, atrapado en el déficit presupuestario y de la Seguridad Social, la escasa recaudación fiscal, la fragilidad del crecimiento, la prometida bajada de impuestos y, por supuesto, las elecciones.
