El certificado menos usado y entendido
En trámite: Obligatorio desde hace tres años, pocos sacan partido del sello que permite calcular el gasto en luz y gas de la vivienda.
Muchos anuncios de pisos indican durante meses que la certificación, que lleva pocos días, está en trámite. FOTO: ANDREA BOSCH
Vivir en Madrid, en un piso de 100 metros cuadrados con la peor calificación energética posible, la G, puede salir 2.000 euros más caro al año que hacerlo en otro de superficie similar y en la misma ciudad que cuenta con la mejor categoría, la A. La estimación, elaborada por Tinsa, tiene en cuenta la factura de la electricidad, la calefacción y la refrigeración de la vivienda. Si alguien se endeuda para comprar una casa, o duda entre dos apartamentos debido a la diferencia entre el precio mensual del alquiler de ambos, debería interesarle saberlo. ¿Pero alguien conoce a alguien que tome una decisión sobre dónde instalarse influido por el color verde, amarillo o rojo de un sello energético?
“Creemos que la calificación no influye al 100% en la elección de compra o de alquiler debido al desconocimiento y el uso erróneo que se hace de ella, pues el arrendador y el dueño del piso siguen viendo el certificado como un trámite más, pese a que estamos hablamos de cumplir una normativa”, señalan fuentes de Certicalia, que lleva más de 35.000 actuaciones realizadas.
Hace tres años que en España es obligatorio tener ese plus de información a la hora de alquilar o comprar, después de muchos años de presión ejercida desde Bruselas. Sin embargo, lo raro es encontrar anuncios de pisos que indiquen la categoría energética de la vivienda. A menudo, se limitan a desplegar todos los colores posibles, como si el abanico de lo posible fuera la certificación. También, con frecuencia, los anuncios de las inmobiliarias indican durante semanas o incluso meses que la obtención del certificado, cuya gestión lleva entre dos y cinco días, se encuentra “en trámite”.
Esta realidad, sin embargo, no significa que una mayoría de pisos se vendan o se alquilen sin el certificado, no supone que se esté infringiendo masivamente la ley, porque el notario exige el obligado documento en el momento de la transacción, y en cuanto a los alquileres, la inmobiliaria debe requerirlo también al propietario, aunque en este último caso es más difícil de controlar porque la gestión le corresponde al propietario, pero el inquilino no siempre conoce ni exige su derecho.
SÓLO EN EL MOMENTO DE COMPRAR
“Son el comprador y el inquilino los quedeben pedir el certificado, porque la calificación ayudará a saber por anticipado qué gastos energéticos tendrán a final de mes”, señala Marta García Hernández, directora de Certificación de Tinsa, que desde 2013 ha realizado 52.000 informes de calificación. García Hernández admite que hace tres años “no se logró transmitir la finalidad de la normativa de permitir conocer la capacidad energética de tu vivvienda y cuánto gastarás en luz, de manera que no suele presentarse al principio de la comercialización”. Estos tres años han requerido un esfuerzo pedagógico importante. “En las zonas con clima más extremo, por mucho frío o mucho calor, están más acostumbrados a pedirlo”, añade.
“El certificado no tendría que ser un trámite que se entrega el día de la firma de las escrituras, sino que debería realizarse antes de poner el anuncio, de modo que la calificación fuera un valor más que considerar por el comprador”, corrobora Certicalia.
Por desconocimiento o ganas de evitarse un gasto, la antigüedad del parque de vivienda español tampoco incita a los propietarios a anticipar a los potenciales compradores o inquilinos una mala calificación.
Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que depende del Ministerio de Industria, más del 50% de las viviendas certificadas han obtenido una calificación E, y si le sumamos las peores notas (la F y la G) el porcentaje supera el 80%. “En un hipotético salto de la letra E a la B, el consumo energético calculado se reduciría en un 50%, aunque esta reducción se calcula según las hipótesis de la certificación energética y, por tanto, se trata de un uso no real del edificio, por otra parte el único mecanismo por el que se pueden comparar de forma objetiva las eficiencias energéticas de los edificios”, indica un portavoz del IDAE.
El número de edificios certificados hasta ahora es de 1,7 millones, pero es imposible saber el grado de incumplimiento. “La certificación se emite independientemente del uso de la misma”, explica el instituto. Un propietario puede pedir la calificación porque va a vender o a alquilar su vivienda, pero también porque simplemente desea conocer y mejorar la eficiencia energética de su casa. Tampoco existe un registro de viviendas en alquiler, ni es posible tener datos de alquileres no declarados. Sin embargo, si el dueño de una vivienda va a comercializarla, es obligatorio que registre el certificado en las autoridades energéticas de las distintas comunidades autónomas. Si no, el sello carece de validez. Las propias empresas certificadoras pueden encargarse de hacerlo. Según los casos, el registro tiene un coste extra, que oscila entre 7 y 30 euros. No siempre. En la Comunidad de Madrid, es gratuito.
Las inspecciones corresponden a las comunidades autónomas, y si no se cumplen los requisitos, éstas deben proponer sanciones, de acuerdo con la ley. Intentar alquilar la casa sin certificado puede conllevar una multa de 600 euros. Hacerlo con un falsificado falseado puede elevar la cuantía hasta los 6.000 euros.
La consideración del certificado como un mero trámite ha provocado guerra de precios entre las empresas, dejando en un segundo plano que la calificación (y el informe con medidas recomendadas para mejorarla) estuviera bien hecha. Las empresas consultadas indican que el coste del certificado debería moverse entre 45 y 150 euros, aunque todo depende del tipo de inmueble y de su tamaño. La normativa no marca un precio oficial. La obligatoriedad del sello animó a muchas empresas a ofrecer el servicio, “y no siempre era gente lo bastante preparada o profesionales”, comenta la directora de Certificación de Tinsa.
Sin vías de financiación a largo plazo, costará hacer reformas
Un 80% de los pisos saca una de las tres peores calificaciones
Al principio, las inspecciones y las sanciones se hicieron esperar. Pero han ido a más. En enero pasado, el Gobierno catalán anunció 42 expedientes a 42 agencias inmobiliarias por incumplir la normativa. Al ser preguntada por la efectividad de las multas, la directora del Instituto Catalán de la Energía (Icaen), Assumpta Farran, replica que con multas no se va a lograr gran cosa: “La certificación es un asunto muy importante, pues los edificios suponen una cuarta parte del consumo energético. Requiere un compromiso tecnológico, social y político. Pero sólo existe el tecnológico”.
CÓMO FINANCIAR REFORMAS
Farran explica la razón por la que muchos ciudadanos siguen viviendo ajenos a la cuestión. “No existen mecanismos adecuados de financiación de las reformas, que se perciben como costosas con relación al período de amortización tan largo para poder recuperar la inversión a través del ahorro”, subraya. El Plan Juncker de inversiones en Europa, añade, sirve para grandes proyectos, “pero a nadie se le ocurre pedir ayudas para cambiar la caldera o poner un doble cristal”. La clave está en que existan modos de financiar reformas relacionadas con la vida útil de lo que se reforma. Uno no espera poder devolver un crédito durante treinta años para comprar un coche de 10.000 euros, ni durante diez años para pagar un microondas que cueste 100. Pero sí para una hipoteca. Invertir 1.000 euros en reformas de la vivienda sólo se compensará a largo plazo con lo que uno se ahorra en gasto energético. Estamos ante otro urgente cambio de mentalidad.
