El crédito público se hará público
Andalucía: El futuro banco autonómico de empresas, que aún no tiene plazo para pedir ‘ficha’ para operar, se compromete a difundir en la web todas sus operaciones.
La futuro Ente Público de Crédito de Andalucía (ECA), que nacerá financiando a pymes, cooperativas y autónomos, deberá publicar en su web todas las operaciones que realice, no podrá conceder subvenciones y tendrá un código ético para consejeros.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, y su vicepresidente Diego Valderas (IU). FOTO: JUNTA DE ANDALUCÍA
El contexto del nacimiento de la entidad, cuyo presidente designará el Gobierno andaluz y que se constituirá en sociedad anónima, está enrarecido.
Por un lado, el acceso al crédito sigue siendo difícil y caro tras el terremoto financiero vivido, pese al rescate bancario, circunstancia que sopla a favor de salir en apoyo al tejido productivo, tanto en sectores tradicionales —el turismo o la agroindustria— como en otros de mayor valor añadido —la biotecnología, la energía verde o la industria aeroespacial.
No se concreta plazo para pedir ficha bancaria
La ECA deberá vigilar nacer lastrado de mora
Un paso adelante hacia la banca pública desmantelada en España. Por otro lado, el chaparrón de escándalos que ha llevado a cabo buena parte del sector financiero español, en particular de cajas de ahorro, no sólo ha puesto en el disparadero a sus gestores, sino que los abusos destapados han implicado a consejeros nombrados por distintos partidos políticos y sindicatos. El ambiente no propicia el entusiasmo por iniciativas financieras de tutela autonómica. El PP se ha apresurado a hablar del ECA como de un “chiringuito”, apelativo que sugiere clientelismo y que Izquierda Unida (IU), principal impulsor del proyecto y que a finales de octubre condicionó la aprobación de los presupuestos de Susana Díaz (PSOE) a la luz verde al proyecto, rechaza de plano. De ahí que se quiera proteger la entidad, al menos sobre el papel, con mecanismos de rendición de cuentas ante el Parlamento andaluz, con el compromiso de que quienes ocupen los órganos de gobierno tengan “conocimientos y experiencia” en el sector; con la determinación por escrito de que “en la página web del ECA se publicarán todas las operaciones formalizadas”, que se prevea un análisis “profesional” de los riesgos, y que se pretenda”dar prioridad a las operaciones cuyo riesgo sea compartido con otras entidades públicas o privadas”, según el anteproyecto aprobado.
Muchos de esos mecanismos —empezando por la retribución, que deberá ser “consecuente con los fines de la entidad”— se dejan para el desarrollo posterior de los estatutos.
TRÁMITE PARLAMENTARIO
El apoyo social al proyecto y la voluntad política —o su carencia— serán fundamentales para darle mayor o menor dimensión y contenido futuros. El PSOE, por boca de la presidenta Susana Díaz, ha descartado de plano banca universal con particulares. Está atado el compromiso de pedir ficha bancaria al Banco de España —que, en caso de dar luz verde, puede arrastrar los pies entre seis meses y un año—, pero no hay fijado un plazo para formular la petición. Se requiere, además, una decisión “previa” del Consejo de Gobierno, según el borrador de anteproyecto. El acuerdo PSOE-IU ha costado tanto que en el trámite parlamentario que ahora inicia no se esperan cambios de calado.
El capital social inicial por el que batalló IU ascendía a 200 millones de euros. Será de 18 millones.
Un aspecto que seguir en el decreto de desarrollo posterior es la posible subrogación a la entidad de los fondos sin personalidad jurídica (FCPJ), que son instrumentos presupuestarios ya existentes. Importa cuántos y cómo pudiera asumirlos la nueva entidad porque estos fondos —hay que ver si puede o no hablarse de los 1.500 millones que constan en el acuerdo PSOE-IU— registran una elevada morosidad en las operaciones realizadas que podría lastrar al ECA con una carga poco deseable.
