El difícil adiós al carbón
Electricidad: España queda fuera del pacto internacional para reducir las emisiones de CO2.
A España le está costando despedirse del carbón como fuente de energía. La resistencia a decir adiós a uno de los principales causantes del calentamiento de la Tierra quedó patente en la cumbre del clima celebrada a mediados de noviembre en Bonn (Alemania), cuando el Gobierno de Mariano Rajoy optó por no sumarse al pacto internacional impulsado por Canadá y Reino Unido para dejar de utilizar el carbón antes del año 2030.
La alianza ha abierto una brecha en la Unión Europea. El principal argumento de la veintena de países firmantes, entre los que figuran Austria, Bélgica, Italia, Francia, Finlandia, Holanda, Luxemburgo y Portugal, es que se trata de una medida imprescindible para luchar contra el cambio climático y cumplir el objetivo de que la temperatura media del planeta no suba más de dos grados centígrados con respecto a sus niveles preindustriales. También alegan razones económicas, al subrayar que la caída de los costes ha hecho mucho más competitivas fuentes de energía renovables como la eólica o la solar.
Las centrales térmicas y la minería aún dan mucho empleo
Endesa e Iberdrola anuncian planes de cerrar instalaciones
La UE investiga las ayudas del Gobierno español al sector
Alemania, España y Polonia decidieron mantenerse al margen del acuerdo y sumarse a los tres grandes consumidores de carbón en el mundo: China, Estados Unidos e India. Sostiene el Gobierno de Mariano Rajoy que cerrar anticipadamente las centrales térmicas españolas haría subir hasta un 15% el precio de la electricidad, un argumento que ponen en cuestión las organizaciones ecologistas y numerosos expertos. Tras la decisión hay también motivos políticos y sociales, pues la minería del carbón y las centrales térmicas que funcionan con él aún generan puestos de trabajo vitales en varias zonas de España. Se trata con frecuencia de comarcas con una gran dependencia del carbón a las que costaría mucho reconvertirse. Lo mismo sucede en Alemania, donde la decisión de cerrar anticipadamente todas las centrales nucleares ha aumentado su dependencia del carbón, y en Polonia, cuyo Gobierno trata de huir de la dependencia del gas ruso.
LA FACTURA DE LA LUZ
Días antes de la firma del acuerdo de Bonn, Iberdrola anunció su intención de cerrar sus dos centrales que utilizan carbón para generar electricidad en España: Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). La decisión se ha topado con la oposición frontal del ministro de Energía, Álvaro Nadal, y de los gobiernos del Principado y de Castilla y León, a pesar de que la compañía ha garantizado que recolocará a todos los trabajadores afectados. Nadal afirma que el cierre de las dos centrales subiría la factura de la luz una media de 2,5 euros anuales, mientras que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegura que su impacto en el precio de la electricidad será nulo, pues ambas instalaciones producen menos del 1% del total nacional.
Iberdrola sigue así los pasos de su competidora Endesa, la eléctrica española controlada por la multinacional italiana Enel, que en primavera desveló sus planes de clausurar sus centrales de carbón en Compostilla (León) y Andorra (Teruel) antes del año 2020. La disputa con las eléctricas ha llevado al Ejecutivo a acelerar la aprobación de un decreto ley que le permitirá impedir el cierre de centrales de carbón por motivos económicos. Si la norma sale finalmente adelante, será el Gobierno, no las empresas, el que tenga la última palabra sobre el futuro de las instalaciones.
El carbón es el origen del 15% de la electricidad que se consume en España, donde una veintena de centrales siguen utilizando el mineral para generar energía. La minería del carbón ha disminuido significativamente en los últimos treinta años, al pasar de 45.000 empleos directos en la década de los ochenta del siglo pasado a apenas 3.000 a finales de 2014, según cifras del Observatorio Crítico de la Energía. La caída de la producción española hace que el 70% del carbón que se consume actualmente en España para generar electricidad sea importado. El Observatorio, una entidad independiente y sin ánimo de lucro formada por científicos comprometidos con la sostenibilidad y transparencia del sistema energético español, denuncia que la opacidad en torno a las ayudas a la minería y a las centrales térmicas de carbón obstaculiza enormemente el debate sobre esta fuente de energía.
BRUSELAS SOSPECHA
El futuro del carbón en España se ha complicado aún más tras la decisión de la Comisión Europea de abrir una investigación sobre las ayudas públicas concedidas por el Gobierno a las centrales térmicas a cambio de la instalación de filtros para reducir las emisiones tóxicas. Bruselas sospecha que esas ayudas fueron utilizadas para cumplir normas medioambientales europeas que las empresas estaban obligadas a acatar de todos modos.
“Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE”, declaró la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, al anunciar la investigación. “Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente”. Desde el año 2007, 14 plantas de carbón españolas han recibido más de 440 millones de euros en ayudas públicas, y está previsto seguir efectuándose pagos hasta 2020. Competencia tratará de esclarecer si el apoyo ha dado a las centrales una ventaja competitiva desleal.
