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El dilema británico

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Septiembre 2015 / 28

‘Brexit’: Esgrimiendo la amenaza de una eventual salida de la Unión, Londres espera encontrar un terreno de entendimiento con Bruselas. Un juego peligroso.

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. FOTO: PARLAMENTO EUROPEO

En el primer semestre de 2015, Europa entró en una nueva zona de turbulencias. La victoria electoral de Syriza, el 25 de enero, hizo resurgir una crisis griega cuya carga explosiva no había disminuido nada o casi nada. ¿Y qué decir del veredicto de las urnas británicas el 7 de mayo? Nos recuerda que, más allá del rompecabezas monetario y financiero en que se ha convertido la zona euro, Europa no tiene sólo 19 miembros, sino 28, que no están en absoluto de acuerdo en la finalidad del proyecto europeo y en el modo de llevarlo a cabo. Hasta el punto de que uno de ellos, y no de los de menor peso, se ha comprometido a dejar en manos del pueblo la decisión de seguir o no en la Unión Europea antes de finales de 2017.

Gran Bretaña es un caso particular. Los británicos, reacios a las grandiosas visiones de los fundadores de Europa, jamás han abandonado su escepticismo ante una integración que vaya más allá de la funcional. Un gran mercado, sí; una unión cada vez más estrecha, sinónimo de transferencias de soberanía y de supranacionalidad, no. Focalizada durante tiempo en la política agraria común y en la exigencia de una disminución de su contribución presupuestaria, la oposición británica a los avances de la política común se amplió en la década de 1990 a la moneda única, al espacio Schengen*, a la legislación social y a la cooperación policial y judicial. 

Londres tiene mucho que perder y poco que ganar saliendo de la UE

Cameron puede contar con una actitud conciliadora de Berlín

En todos esos ámbitos, Gran Bretaña ha obtenido exenciones (opt-out) que le permiten quedarse al margen de las políticas en cuestión, aunque no puede impedir que los otros países las establezcan. Para muchos británicos, la crisis de la zona euro pone en evidencia el carácter incoherente de la construcción monetaria europea. Los dirigentes conservadores ya no se contentan con subrayar los beneficios de haber mantenido su independencia monetaria. Ven en las respuestas que se ha dado a la crisis y en la proliferación de tratados, agencias y procedimientos de supervisión  una aceleración de la integración que amenaza la soberanía de Gran Bretaña y el estatuto de la City. 

 

EL COSTE DE UN 'BREXIT'

Presionado por el avance electoral del UKIP y su retórica antieuropea, David Cameron se comprometió en 2013 a organizar un referéndum sobre la permanencia del país en Europa. Confirmado tras su reelección, el referéndum constituye para el primer ministro una baza que pretende explotar para renegociar la naturaleza de las relaciones. Es una estrategia que se podría volver en su contra si la dinámica antieuropea se disparase. Londres tiene mucho que perder y poco que ganar con su salida de la UE.

En un plano económico, el impacto de un Brexit (contracción de Britain y exit, ‘salida’ en inglés) puede ser netamente negativo, del orden de 1% al 3% del PIB británico, según los estudios más realistas. Ello se debería a un aumento de los costes de las transacciones en los intercambios con la Unión, una merma del atractivo del país para los inversores, posibles deslocalizaciones hacia la Unión (Airbus, Deutsche Bank, Vodafone…) y éxodo potencial de las transacciones financieras en euros hacia Frankfurt o París. En caso de salida, Londres debería renegociar un acuerdo de libre comercio no sólo con la Unión, sino también con los países que hayan firmado acuerdos comerciales con los Veintiocho. Debería, además, revisar toda su legislación derivada de las directivas europeas y decidir caso por caso qué textos conservar, modificar o derogar. 

Además, la incertidumbre en cuanto al resultado del referéndum es perjudicial para la economía. Los datos positivos de crecimiento y empleo ocultan un desequilibrio gigantesco de su balanza por cuenta corriente (5% del PIB en 2014). Hasta ahora, ese déficit se ha financiado sin problema debido a la confianza que inspira la economía británica en los mercados. Pero podría cambiar si hubiera dudas acerca de su futuro en la Unión, como subraya Standard & Poor’s. 

Para abordar el referéndum en una posición favorable y no dejarse desbordar por su base, David Cameron debe poder apoyarse al menos en la puesta en marcha de un procedimiento de revisión de los tratados europeos con vistas a una redefinición del estatuto de Gran Bretaña. Para Londres, el ideal sería que se le otorgase un estatuto de semimiembro que le permitiese participar únicamente en el mercado europeo y en las decisiones que le afectaran, lo que es inaceptable para sus socios. Pragmáticos, los británicos, han centrado sus exigencias en  temas clave como la inmigración intraeuropea, la repatriación de ciertas competencias de Bruselas a los parlamentos nacionales o que se otorgue a éstos derecho de veto.

El primer tema es especialmente importante para Gran Bretaña dado el aumento de la inmigración procedente de la Europa del Este, especialmente de trabajadores rumanos y búlgaros, a los que se levantaron las restricciones en 2014. La inmigración procedente de los 10 países de la Europa del Este (sin contar Croacia) se elevaba ese año a 127.000, un aumento del 37% en un año.

El problema es que cualquier reforma sobre esos asuntos exige una modificación de los tratados europeos, una perspectiva que muchos países se niegan a considerar, no sólo porque exige un pesado proceso de ratificación y por sus complejas ramificaciones políticas, sino también porque abriría la caja de Pandora de un cuestionamiento del acervo comunitario. Ello equivaldría a ceder a lo que parece una forma de chantaje.

Sin embargo, Cameron puede contar con una actitud conciliadora por parte de Berlín. Aunque Alemania no está dispuesta a ceder en logros fundamentales como la libre circulación de personas, desea actuar para que Gran Bretaña siga en la Unión y a priori no excluye una renegociación de los tratados si ello permite consolidar la unión monetaria y mayor integración presupuestaria.

La idea, que parece tomar cuerpo en Berlín y Bruselas, es que la cuestión británica puede dar ocasión a avances en ámbitos importantes para la economía europea, como el perfeccionamiento del mercado único en el sector servicios y la promoción de una economía digital europea, así como la integración de la zona euro. Las propuestas presentadas en junio por el ministro de Economía francés, Emmanuel Macron, y su homólogo alemán, Sigmar Gabriel, están enfocadas también a institucionalizar la realidad de una Europa a dos velocidades acelerando la integración de la zona euro. 

Además, si bien no es posible hacer ninguna concesión relativa al principio de la no discriminación de los ciudadanos europeos y, por tanto, sobre la inmigración, se puede mostrar mayor comprensión sobre el tema del turismo social. En otras palabras, sobre los inmigrantes motivados por la adquisición de los derechos sociales que no pueden hacer frente a sus propias necesidades.

El envite de Cameron, especialmente arriesgado, no es únicamente una amenaza para el equilibrio económico y financiero británico. En caso de un voto en contra de la permanencia en la Unión, el Partido Nacional escocés, contrario al Brexit, ha anunciado ya su intención de organizar un nuevo referéndum sobre la independencia escocesa. Además, el exit británico daría fuerza a los movimientos hostiles a Europa, que ya tienen el viento a su favor en todas partes.

La actitud británica plantea un auténtico problema, el de una Europa cada vez más compleja, opaca, tecnocrática y dominada por los problemas de la zona euro. Y las persistentes dudas, en particular sobre el futuro de la moneda única, reforzarán con toda probabilidad el bando de los partidarios de un Brexit en Gran Bretaña. 

 

* LÉXICO:

Espacio Schengen: territorio de los 26 países que establecieron el convenio de Schengen (1985), que se integró en el tratado de Amsterdam en 1997. Establece las normas de circulación de los extranjeros en el territorio de la Unión instituyendo una política común de visados, de derecho de asilo y de inmigración.