El plan contra el paro juvenil no despega

Alcance: Los jóvenes parados inscritos en la Garantía Juvenil equivalen al 6% de los desempleados de menos de 29 años, a los que España ha extendido el programa.

El salario que hoy cobra un joven que encuentre su primer empleo a tiempo completo en España es en términos reales un 35% inferior al salario de entrada en el mercado laboral que los menores de 25 años percibían al inicio de la crisis. La caída (de 1.210 a 890 euros brutos al mes) es dos veces superior a la registrada en la media de los nuevos contratos suscritos en el mismo período. La estimación es de la Comisión Europea (Country Report Spain 2015) y refleja hasta qué punto quienes tienen menos experiencia laboral se resienten más de la devaluación salarial en curso. 

Es cierto que a un puñado no despreciable de jóvenes les ha salido un empleo en estos últimos meses. La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año apuntaba a una bajada del desempleo entre los menores de 25 años que dejaba el listón en 49,21%. El porcentaje no bajaba del 50% desde 2011 (rozó el 56,5% en 2013), aunque los datos arrojan una esperanza limitada porque España sigue duplicando de largo la media europea y está lejísimos del 7,2% alemán. 

España tiene, según la EPA, 1,39 millones de jóvenes de menos de 29 años que buscan empleo sin éxito, de los cuales 767.200 no llegan a 25 años. Son cifras que hay que tener en cuenta al evaluar los primeros resultados de la estrategia con la que la Unión Europea busca una solución al problema de los jóvenes sin futuro: la Garantía Juvenil, un invento que debe asegurar que ningún joven de menos de 25 años pase más de cuatro meses en paro sin recibir una oferta de empleo de calidad, o bien educación continua, o formación de aprendiz, o prácticas. 

A preguntas de la eurodiputada Paloma López Bermejo (Izquierda Unitaria Europea), la Comisión especificó en marzo pasado que en España sólo había inscritos en el sistema 28.000 jóvenes, el 7% de los menores de 25 años en paro. En mayo, Bruselas afirmó que le constaban 32.065 personas.En junio, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, dijo que los inscritos eran 67.000, y en agosto, el Ministerio de Empleo dio como cifra oficial 85.000.

MENORES DE 29 AÑOS

España se ha acogido a la posibilidad de que la Garantía Juvenil se aplique no sólo a los menores de 25, sino a los menores de 29. Así que la última cifra oficial de 85.000 equivale al 6,1% de los parados españoles de menos de 29 años (y al 11% de los de menos de 25). Eso, dos años después de que el Consejo Europeo diera luz verde al sistema de Garantía Juvenil y un año después de que el Gobierno presentara un plan de aplicación.

“Las limitaciones presupuestarias a las que se enfrentan los Estados y la falta de financiación disponible en la fase inicial del período de programación han causado retrasos en la ejecución”, admitía la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, en respuesta a la eurodiputada española, crítica con una implantación “caótica” que ve perjudicada por la austeridad. 

Para implantar el nuevo sistema, que busca reducir al mínimo el número de ninis, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en julio del año pasado un decreto-ley que regula cómo inscribirse en el sistema y qué criterios sirven de criba para poder hacerlo. Además, se adoptaron bonificaciones a la contratación indefinida y a los contratos de formación a beneficiarios inscritos. Hace un año que los jóvenes inscritos pueden seguir cuatro cursos de formación por Internet de manera gratuita. También están previstos, entre otros, cursos de idiomas y actividades de perfeccionamiento profesional y de formación en nuevas tecnologías. ”La principal actividad del plan, la bonificación de contratos, está más pensada desde la perspectiva de los empresarios que para la formación y las necesidades de los trabajadores jóvenes”, apunta López Bermejo.

La web garantiajuvenil.com, portal informativo independiente del Ministerio de Empleo que da a conocer esta política, implantada con éxito en otros países, como por ejemplo Finlandia, muestra en los foros las quejas de algunos jóvenes confusos por asuntos burocráticos, la tardanza en la validación de la solicitud de alta o la desinformación sobre laposibilidad de inscribirse cumplidos los 25 años.

En su Country Report sobre España, Bruselas se hace eco de los retrasos de implementación y considera que despiertan “fuerte inquietud sobre la cobertura del sistema”. Además, añade, “la ausencia de fondos complementarios nacionales” para costear el proyecto europeo “podrían minar la implementación de la Garantía Juvenil a medio y largo plazo”. Igualmente, la Comisión señala que la reducción de personal registrada entre los años 2011 y 2014 puede “mermar la capacidad de los servicios de empleo de las comunidades autónomas” a la hora de ofrecer asistencia individualizada para quienes buscan empleo y podría derivar en un “impacto negativo” en la Garantía Juvenil en España.

En el caso de España, la Garantía Juvenil recibe básicamente recursos del Fondo Social Europeo (FSE, cuya dotación presupuestaria total asciende a 9.500 millones de euros), y también de la llamada Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), lanzada a propósito para ayudar a las regiones europeas con un paro superior al 25% y dotada con 6.400 millones (3.200 millones correspondientes a una nueva línea presupuestaria de la UE para el empleo juvenil , y los otros 3.200 millones de la parte del FSE para Estados miembros). En total, la aportación comprometida por la UE en España sumará 2.361 millones (1.800 por la IEJ; el resto del Fondo Social ).

153.000 MILLONES POR NO ACTUAR

Otra cosa es el dinero que ya haya llegado. Tras mucho insistir, España, Grecia y los países donde el problema es más acuciante lograron que el dinero no se repartiera entre 2014 y 2020, sino que se concentrase en los primeros dos años, y también que Bruselas acepte anticipar el 30% de los 943,5 millones que corresponden a España para un año (297 millones, más los 14 ya recibidos en 2014).

El sistema prevé que ningún joven pase más de cuatro meses sin trabajar ni estudiar

Bruselas alerta de la falta de cofinanciación nacional y del efecto de recortar en empleo

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lograr que los jóvenes parados no pasen más de cuatro meses sin trabajar ni estudiar requeriría movilizar al menos 21.000 millones de euros cada año. Pero la Fundación Europea Eurofound estima que la tragedia de los jóvenes que ni trabajan ni estudian —7,5 millones de europeos— se traduce en un coste económico de 153.000 millones, el 1,2% del PIB de la UE. A título de ejemplo, las ayudas directas a la banca autorizadas por la UE y utilizadas por los Estados se sitúan en 636.395 millones. 

En su Informe especial Garantía Juvenil de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) alertaba la pasada primavera de los “riesgos” en la aplicación del programa. La “inadecuación”, por insuficiente, de fondos disponibles, la falta de criterios sobre qué es una “oferta de un empleo de calidad” y cómo hacer llegar las ofertas a los ninis destacan entre las dudas expresadas por los magistrados.