El Supremo español, ante la Comisión Europea
La asociación de consumidores Asufin denuncia al Alto Tribunal por vulnerar la directiva comunitaria que protege a la ciudadanía de las cláusulas abusivas en los contratos.
La acción de los consumidores contra los abusos bancarios registró un salto cualitativo el pasado enero con la denuncia presentada por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) contra el Tribunal Supremo ante la Comisión Europea. La denuncia se dirige explícitamente contra “el Reino de España y, en concreto, el Tribunal Supremo español por la reiterada y sistemática vulneración de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores”. Es importante destacar que la protección de los consumidores se refiere a aspectos tan relevantes como el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental en la Unión Europea.
El escrito solicita a la Comisión que “abra el correspondiente procedimiento de infracción a fin de que se establezcan las medidas necesarias para la íntegra y correcta aplicación del Derecho de la Unión y, en concreto, del principio de transparencia en la contratación predispuesta”, referida a los contratos en los que las cláusulas son establecidas de antemano por el empresario sin negociación. Además, pide a la Comisión que acuerde “declarar que el Tribunal Supremo del Reino de España viene contraviniendo de manera reiterada y sistemática la jurisprudencia comunitaria con relación a la aplicación efectiva de la Directiva 93/13/CEE sobre protección de los consumidores”.
La denuncia se ampara en la Comunicación de la Comisión sobre mejores prácticas de enero de 2017, que “anima a los ciudadanos, las asociaciones profesionales y empresariales, los interlocutores sociales, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, así como a la sociedad civil, a que ayuden a la Comisión a detectar los problemas de forma más estructurada”. El texto cuenta con el apoyo de 68 juristas y economistas y de 16 organizaciones sin ánimo de lucro de nueve países europeos.
Cláusulas suelo
El escrito de Asufin describe el exponencial aumento que han registrado las reclamaciones de los consumidores en los últimos años, sobre todo a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre cláusulas suelo de 2016, que corrigió al Tribunal Supremo y obligó a los bancos a devolver las cantidades cobradas indebidamente en los préstamos hipotecarios. A raíz de esta sentencia se presentaron más de 1,2 millones de reclamaciones extrajudiciales y más de 570.000 demandas judiciales que han generado más de 260.000 sentencias, el 97% de ellas favorables a los consumidores. Según la denuncia, “el Tribunal Supremo español no ha sido capaz de resolver los asuntos con un criterio que respetara la jurisprudencia del TJUE y ofreciera seguridad jurídica”.
Decenas de juristas, economistas y organizaciones europeas respaldan la denuncia
El texto se apoya en el concepto de transparencia promovido por el exjuez Orduña
Esta inseguridad jurídica ha provocado que los jueces españoles se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019. Las cuestiones prejudiciales son preguntas realizadas por parte de los tribunales nacionales dirigidas al TJUE para que resuelva las dudas que suscita la jurisprudencia del Supremo. Las sentencias del tribunal europeo dictadas a consecuencia de estas preguntas han corregido en numerosas ocasiones el criterio del Tribunal Supremo, lo que ha supuesto que muchos consumidores se hayan visto perjudicados por recibir una sentencia desestimatoria firme por una interpretación incorrecta de las directivas comunitarias
Aluvión de demandas
“Sistemáticamente, el Tribunal Supremo no ha acogido pacíficamente la doctrina del TJUE, manteniendo una clara contradicción jurídica que sigue generando graves perjuicios a los consumidores al introducir recortes, limitaciones o interpretaciones restrictivas de los criterios protectores de los consumidores”, sostiene Asufin. La denuncia incluye una detallada lista de los principales conflictos originados en las malas prácticas bancarias que han generado las cuestiones prejudiciales, el aluvión de demandas y el atasco de los juzgados. Esta relación se refiere a las cláusulas suelo, la cláusula de vencimiento anticipado (base para las ejecuciones hipotecarias y desahucios), el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), el concepto de consumidor, la actuación de oficio de los jueces, los gastos hipotecarios, la no transposición a la legislación española de un artículo de la Directiva 93/13 y de manera especial a las limitaciones en el control de transparencia en los procesos colectivos.
Hay que dejar constancia, no obstante, de que la posición del Supremo en este tipo de productos contrasta notablemente con la mantenida con otros asuntos como los swaps o permutas financieras, que han causado gravísimos perjuicios a pequeñas empresas y particulares. En más del 80% de los casos, los magistrados del Alto Tribunal han fallado contra los bancos desde 2014 debido a la aplicación de la jurisprudencia del TJUE.
Las cuestiones prejudiciales se han amparado en varios casos en la doctrina de los votos particulares del profesor Francisco Javier Orduña Moreno durante los años que fue magistrado del Tribunal Supremo. La doctrina de estos votos particulares, apoyada en ocasiones por otros magistrados (Xavier O’Callaghan Muñoz y Javier Arroyo Fiestas), ha sido acogida por la Comisión Europea y los abogados generales del TSJUE, cuyas conclusiones han sido tenidas en cuenta después en determinadas sentencias.
Un referente
El núcleo de la denuncia parte del valor de la transparencia, un concepto estudiado y promovido por el profesor Orduña, que ha sido su verdadero artífice e impulsor. Según la denuncia se trata de “un valor indisociable del modelo social europeo de protección de los consumidores”. Sobre este punto, la denuncia precisa: “en la actualidad resulta incuestionable que la noción de la transparencia, como ideal o valor de lo justo, de progreso y de avance social se ha instaurado, tanto en la forma como en el fondo, como el referente en el que los europeos, como ciudadanos, entienden su relación política con los Estados u Organismos Supranacionales, sus relaciones con la Administraciones públicas, como administrados y sus relaciones económicas y jurídicas como consumidores y clientes en una sociedad plural y avanzada”.
La transparencia es una asignatura pendiente en la legislación española. En noviembre de 2017, el grupo parlamentario socialista, estando en la oposición, presentó una proposición de ley de impulso de la transparencia en la contratación predispuesta que no prosperó. El nuevo Gobierno no ha retomado el tema.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin, asociación de usuarios financieros con más de 15.000 afiliados, ha manifestado que “esta denuncia es la culminación de una labor incesante de defensa del consumidor bancario en la que, quienes nos situamos en la trinchera de la litigiosidad que genera la abusividad bancaria, asistimos atónitos al retorcimiento que hace el Tribunal Supremo de la jurisprudencia del TJUE”.
La denuncia ha contado también con el respaldo de Finance Watch, asociación europea de consumidores que tiene como propósito que las “finanzas sirvan a la sociedad”. Su secretario general, Benoît Lallemand, ha manifestado: “Asufin señala con razón la necesidad urgente de disponer de normas más estrictas en torno a la transparencia y la protección del consumidor financiero en España y en la Unión Europea. Como mínimo debemos asegurarnos de que los Estados miembros respeten las normas, directivas y tratados de la UE en este ámbito”.
Por otra parte, el bufete Arriaga Asociados también ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Estado español por incumplimiento de la normativa europea en materia de defensa de los consumidores tras las resoluciones del Supremo sobre los pactos novatorios de las cláusulas suelo con renuncia de acciones legales de los afectados.
La Directiva 93/13
Aprobada por el Consejo Europeo en abril de 1993, tiene como objeto proteger a los consumidores de cláusulas abusivas en los contratos, independientemente de la ley nacional que se aplique en cada caso. Asufin ha denunciado ante la Comisión Europea al Reino de España y, en concreto, al Tribunal Supremo, por la reiterada y sistemática vulneración en lo relacionado con abusos bancarios. La denuncia menciona el gran número de reclamaciones presentadas por consumidores españoles a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre cláusulas suelo de 2016, que corrigió al Tribunal Supremo español y obligó a los bancos a devolver las cantidades cobradas indebidamente en los préstamos hipotecarios.
