Empresas // El IBEX aún suspende en transparencia
Solo tres corporaciones aprueban en el reputado ‘ránking’ del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que analiza el cumplimiento de la ley de información no financiera.
Antes incluso de la brutal irrupción de la covid-19, sectores muy importantes del capitalismo global parecían coincidir en la necesidad de rehacer el contrato social y alinear el modelo económico con los intereses del conjunto de la sociedad y no solo con la búsqueda del beneficio particular como ha sucedido al menos en el último medio siglo. Encontrar un propósito para cada empresa, que tuviera un impacto positivo en la sociedad, y vincularlo a los parámetros de la inversión sostenible, que en la jerga se conocen como ESG (Enviromental, Social and Governance, en inglés: por medio ambiente, social y gobernanza) son los requisitos centrales para esta supuesta nueva etapa del capitalismo, que ahora, con los estragos económicos y sociales causados por el coronavirus, adquieren todavía más importancia.
El problema era y es: ¿cómo trasladar tan nobles objetivos al campo de la realidad cotidiana? Muchas corporaciones llevan años con departamentos de “responsabilidad social corporativa”, pero, a menudo, concebidos como escaparates de relaciones públicas sin ninguna conexión con el resto de la empresa. Todos los expertos señalan que la nueva fórmula pasa precisamente por superar este modelo, que demasiado a menudo se parece a colocar una cereza natural encima de un pastel procesado con mucho azúcar, e integrar el afán de propósito y la responsabilidad social en el núcleo mismo del negocio.
Para avanzar en esta dirección, es básico contar con datos y métricas objetivables y comparables entre las distintas empresas, y no únicamente con un discurso de buenas intenciones emanado de los departamentos de mercadotecnia: ¿cuál es la brecha salarial y de género? ¿Qué medidas concretas se toman para reducir los riesgos de corrupción? ¿Cómo se garantiza en la cadena de producción global que no existen atropellos a los derechos humanos? ¿Cuál es el impacto medioambiental de la producción?
Exigencia europea
La mayoría de estos datos no suelen encontrarse en las auditorías e informes convencionales, pero una directiva de la Comisión Europea exige ya a los Estados de la Unión que legislen al respecto. A finales de 2018, España aprobó la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad, que todavía está pendiente del desarrollo normativo pero que, en opinión de Orencio Vázquez, director del Observatorio RSC, “es la más avanzada de Europa”. Pero añade: “Ahora falta que se cumpla”.
El área con menos rendición de cuentas es derechos humanos
El Observatorio RSC elabora cada año el análisis más detallado y solvente de los múltiples informes emitidos por las grandes empresas cotizadas para radiografiar su grado de compromiso real con la responsabilidad social, más allá de las buenas palabras. La radiografía del ejercicio de 2018 supone ya el 17º informe exhaustivo sobre las corporaciones del IBEX 35, que agrupa a las grandes de la Bolsa española, y es el primero desde la entrada en vigor de la ley, que causó ya “un efecto positivo en la calidad de la información aportada”, según subraya Vázquez. Sin embargo, el director del Observatorio recalca también que, pese a la mejora, la información sigue siendo insuficiente, en parte por la falta de tiempo para implementar las nuevas exigencias, con lo que el ejercicio de 2019 sí debería suponer un salto mayor. Pero no es este el único motivo: “Falta todavía el desarrollo normativo, que es básico para obtener los estándares que garanticen la calidad de la información que se hace pública y que permitan compararla”, subraya.
520 indicadores
El exhaustivo informe del Observatorio RSC analiza 520 indicadores con una metodología académica, objetiva y pública (muy detallada en el informe, de 450 páginas) a partir de los que extrae una puntuación sobre la información facilitada en un rango que va del 0 (ninguna información) al 100 (toda la información), lo que implica que para aprobar se necesita superar los 50 puntos. La media de las corporaciones del IBEX 35 se ha quedado este año, con datos de 2018, en apenas 33,62 puntos, un suspenso rotundo, pero que,sin embargo, supone una mejoría con respecto al raquítico 26,41 de la edición anterior. Solo dos empresas, Endesa y Red Eléctrica, superan el 50, mientras que una tercera, Iberdrola, con un 49,66 podría considerarse aprobada en una evaluación benevolente (véase tabla). Las otras 32 integrantes del IBEX 35 aún suspenden. Y de ellas, hasta 14 se sitúan por debajo de los 30 puntos, en una franja que la evaluación del sistema educativo clásico consideraba incluso “muy deficiente”. Las peores: IAG, ACS, Viscofán y Técnicas Reunidas, ninguna de las cuales alcanza siquiera los 25 puntos.
Conviene no confundir la transparencia en la publicación de los datos con las buenas prácticas, aunque lo primero es el prerrequisito para luego poder analizar lo segundo: Endesa lidera la clasificación, pero sigue siendo una de las empresas más contaminantes de España. Y el Banco Santander detalla sus filiales en paraísos fiscales y territorios de baja tributación, pero sigue siendo la corporación con más presencia en las zonas de elusión fiscal, algo incompatible con las buenas prácticas asociadas al propósito y al ESG. En este sentido, solo 4 de las 30 empresas del IBEX que admiten contar con presencia en territorios de baja tributación reconocen que tiene efectos fiscales, mientras que ni una sola corporación detalla los datos país por país que permitirían dilucidar si realiza estrategias de elusión fiscal.
El estudio se centra en la información aportada en siete áreas: buen gobierno, fiscalidad responsable, corrupción, medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales y clientes y consumidores. La información que desvelan las grandes empresas es insuficiente en todas las áreas, pero destaca la “falta de rendición de cuentas sobre derechos humanos, que sigue siendo el aspecto que sale peor parado del análisis”. “No hay apenas información sobre cómo se garantiza la falta de vulneración de los derechos humanos, especialmente en las cadenas de suministros globales”, destacan las conclusiones.
