Empresas // Tormenta perfecta para los créditos ICO

El brutal empeoramiento de las condiciones económicas coincide con el fin de la carencia de los préstamos anticovid.

Los créditos avalados en un 80% por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la medida estrella del Gobierno español, junto a los ERTE, para matizar los estragos de la pandemia en el tejido productivo, se encaminan hacia la hora de la verdad del fin de la carencia en las peores condiciones posibles: con la tormenta perfecta desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, que ha puesto la economía mundial — y la española— patas arriba.

Nada que ver con las previsiones del Ejecutivo cuando diseñó la mayor movilización de créditos con aval público —120.000 millones de euros— de toda Europa para ayudar a las empresas a sostenerse ante los brutales efectos de los confinamientos y la pandemia. Entonces se creía que en el momento en que iban a vencer las carencias, la economía estaría ya funcionando a pleno rendimiento, con lo cual las empresas podrían costear con relativa facilidad las devoluciones.

Y, sin embargo, el momento ha llegado —en abril, mayo y junio se concentra el momento cumbre en que las empresas tienen que empezar a devolver lo prestado— y las condiciones no podían ser peores: previsiones de crecimiento a la baja, los precios de la energía desbordados —hasta el punto de que algunas empresas incluso han parado porque no cubren los costes de producción—, inflación disparada y con algunos gurús internacionales advirtiendo del riesgo de que se sitúe por encima del 10% de forma estructural y con riesgo de estanflación (alta inflación con escaso crecimiento de la economía), problemas de suministros, anunciado fin de la política especial expansiva del BCE y horizonte de subida de los tipos de interés —y, por tanto, más difícil acceso al crédito—, incertidumbre total por la guerra, etc.

“El programa que se puso en marcha fue muy ambicioso, pero estaba muy condicionado por los niveles tan altos de déficit y deuda en el país, con lo cual se descartaron las ayudas directas y se optó por el crédito. Pero, claro, no es lo mismo un crédito que una aportación y ahora lo vemos porque toca devolverlos, y justo en el peor momento”, explica Antoni Garrido, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona.

Además, el tejido productivo español llega a este momento en una situación especialmente vulnerable.

Situación límite

Una macroencuesta de febrero de Pimec, la patronal de las pymes catalanas que impulsa para toda España Conpymes, advierte de que el encarecimiento de la energía amenaza directamente 320.000 empleos solo en Cataluña, el 9% del total, con el 16% de las pymes en situación límite y otro 45% con graves afectaciones ya antes de la guerra en Ucrania. Y un estudio reciente del think tank EuropeG, firmado por el catedrático Josep Oliver, alerta de las dificultades de las pymes españolas, muy superiores a las de sus pares europeas en dos indicadores clave: el 9,4% tiene dificultades para acceder al crédito (frente al 4,6% de Alemania e Italia, por ejemplo), mientras que el 7,1% se encuentra técnicamente en situación de gran vulnerabilidad, con caída de ingresos, aumento de costes y mayor endeudamiento, todo simultáneamente, frente al 4,4% en la eurozona.

Ello se explica, recalca Oliver, por el mayor peso de sectores con más impacto de la covid-19, como la hostelería y el turismo. 

La incidencia práctica de la pandemia no ha sido hasta ahora dramática en términos de cierre de actividades económicas precisamente como consecuencia de las medidas que se instauraron para proteger el tejido productivo hasta el punto de que en el periodo fuerte de covid-19 el dato de cierre de empresas se ha mantenido en índices muy inferiores al habitual (véase gráfico). Sin embargo, a medida que la situación se ha ido normalizando —y el paquete de ayudas extraordinarias ha ido quedando atrás—, la dinámica de cierres se ha empezado a acelerar: en enero de este año cerraron el 23,2% más de empresas que el mismo mes del año anterior, cuando el impacto de la pandemia estaba aún en su apogeo.

Las empresas presionan para que se extienda el periodo de carencia

7,1% de las pymes españolas están en situación de gran vulnerabilidad 

Pese a ello, los portavoces consultados tanto del ICO como de la vicepresidencia económica del Gobierno y como de la patronal bancaria AEB coinciden en subrayar: “Hay que estar muy atentos a la situación, pero sin dramatismo, porque hasta ahora  la morosidad en los retornos está siendo baja”, equivalentes a los del sector en su conjunto (el 4,29% en diciembre). Muchas empresas no se apuntaron a la posibilidad de ampliar la carencia y llevan ya tiempo devolviendo el crédito.

Según los datos de la vicepresidencia económica, el 75% de los préstamos, equivalentes al 60% del volumen total movilizado, ya han iniciado las devoluciones, con lo que la ronda que ahora empieza supondría un volumen total en torno a 50.000 millones.

¿Extensión?

Todas las organizaciones patronales, de pymes y de autónomos están presionando para intentar conseguir que se extienda el periodo de carencia. En teoría, ello es ya posible en las negociaciones individuales de cada empresa con su banco, pero en el actual marco supondría un deterioro de la cartera de préstamos de la entidad. El mecanismo que se armó está en el 80% avalado por el ICO, pero inicialmente es el banco el que se anota los impagos y solo un tiempo después estos pasan a las cuentas del ICO y, por tanto, al déficit público.

El catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia, Joan Ramon Sanchis Palacio, lamenta que el ICO "necesite a la banca comercial para todo en lugar de poder operar directamente” y considera que la situación actual demuestra que es “urgente” cambiar la normativa para permitirlo. 

Fuentes del Gobierno insisten en que cualquier carencia adicional debería decidirse en el marco europeo que fija todas las condiciones de las ayudas extraordinarias que se impulsaron en Europa para afrontar la pandemia y precisamente ahora se encuentra de nuevo en pleno proceso de consulta.

El economista Alejandro Inurrieta está convencido de que habrá algún tipo de ampliación de las carencias para “desactivar una auténtica bomba de relojería”. “Es en beneficio de todos: de las empresas, de los bancos, del ICO y del Gobierno, de forma que sería absurdo ser inflexible”, concluye.