Europa, minada por el ‘dumping’

Derechos laborales: El desplazamiento laboral de 1,3 millones de asalariados da lugar a gran cantidad de abusos. La directiva para corregirlos es insuficiente.

Trabajadores temporeros en Bélgica. FOTO: PARLAMENTO EUROPEO

El pasado 10 de marzo comenzó en Cherburgo (Francia) el juicio a Bouygues Travaux Publiques (BTP) y otras empresas por emplear a trabajadores no declarados en la inmensa obra de construcción de la cercana central nuclear de Flamanville. Se trata de una causa grave que afecta a 460 trabajadores procedentes de los países del Este, fundamentalmente de Polonia y Rumanía. Unas filiales de Bouygues encargaron a dos empresas, Atlanco y Elco, fichar asalariados en el marco del procedimiento denominado trabajadores desplazados. La primera de dichas sociedades tenía su sede en Chipre y la segunda en Rumanía. Ambas organizaron el viaje de centenares de asalariados. Una vez llegados a Flamanville, los alojaban en condiciones lamentables y sus contratos laborales, cuando existían, estaban plagados de irregularidades.

Este megajuicio es, ante todo, el del desplazamiento de trabajadores: un sistema con múltiples fallos que provoca que aumente el dumping social en Europa. Numerosas voces, especialmente sindicales, están pidiendo a la Unión Europea que reforme en profundidad la normativa del desplazamiento laboral. El problema es que ya se hizo en 2014: tras duras negociaciones, se aprobó una directiva de ejecución de la directiva sobre el desplazamiento, que data de 1996, pero no va lo suficientemente lejos.

DATO

9,4%

de la población activa de Eslovenia estaba desplazada en 2013. Una excepción en Europa, junto a Luxemburgo y su 12%.

Según la directiva de 1996, cuando una empresa se hace con un contrato en otro país de la Unión Europea, puede enviar allí a trabajadores durante un período de dos años como máximo. Esta directiva crea un sistema de dos patas. Por un lado, los trabajadores reciben el salario del país de acogida y se les aplica el derecho laboral de ese país. Pero por otro, todo lo relativo a la Seguridad Social sigue siendo competencia del país de origen, por lo que las cotizaciones sociales de los asalariados y de las empresas se pagan en el país de origen.

En realidad, el desplazamiento laboral sólo se puso en práctica a partir de los años 2000 debido a las  sucesivas ampliaciones de la UE. “En los años siguientes a su adhesión a la Unión, los países del Este no se beneficiaban de la libertad de circulación”, explica Marianne Dony, profesora en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), “pero sí estaba autorizado el desplazamiento, y éste se utilizó para sortear esa falta de libertad”. Hoy, los trabajadores polacos o búlgaros ya pueden acudir a trabajar a Francia o Alemania y el número de desplazamientos no deja de aumentar: subió un 27% entre 2010 y 2013, y pasó de 1,05 millones a 1,34 millones.

Ello se debe a que las diferencias considerables entre los costes laborales de los diferentes países europeos han llamado la atención de “algunas empresas, que se han dado cuenta de que les interesaba crear una filial en Polonia para hacer venir a los trabajadores polacos y pagar así menos cotizaciones sociales”, añade la profesora de la ULB. Hasta el punto, explica Werner Buelen, directivo de la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera, de que “hay Estados que crean sistemas con cotizaciones muy bajas con el fin de exportar a trabajadores. Ello les evita tener índices de paro elevados y les genera remesas enviadas por los trabajadores desplazados”. A pesar de que los datos de que disponemos son poco fiables, no hay duda de que los desplazamientos desempeñan un papel muy importante en algunos países. En Eslovenia, el número de formularios de desplazamiento expedidos en 2013 equivale al 9,4% de la población activa.

EL TRABAJO SE VA AL OESTE

En opinión del ex comisario europeo de Trabajo y Asuntos Sociales, el húngaro Laszlo Andor, la imagen del trabajador del Este que, por la vía del desplazamiento, se quedaría con el empleo de los trabajadores locales, no está realmente justificada: “Existe una especie de equilibrio entre el Este y el Oeste. Los capitales fluyen generalmente del Oeste al Este a través de empresas de los Estados miembros más antiguos de la Unión, que no dudan en quedarse con parte del mercado del Este. En contrapartida, el trabajo se desplaza del Este al Oeste”. En su opinión, “el objetivo hoy es mejorar los estándares sociales sin restringir la libertad de circulación”.

Hay dos tipos de abusos especialmente frecuentes. En primer lugar, el de las empresas-correo que se instalan administrativamente en un Estado miembro de la Unión sin desarrollar ninguna actividad económica real y con el único fin de desplazar a trabajadores poco costosos. El segundo problema, explica Séverine Picard, consejera jurídica de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), afecta “a los trabajadores que no tienen los beneficios que se suponía que iban a tener”. No se trata ya de los casos de trabajadores explotados que viven en condiciones deplorables, a los que se deducen de su salario los gastos de vivienda y desplazamiento sin ninguna transparencia, y que se matan trabajando más de 12 horas al día. La cuestión es que, con frecuencia, el sistema de subcontratación en cascada en el que están implicadas empresas de varios países europeos —algunas de las cuales desaparecen en cuanto surge el más mínimo problema— permite proteger de cualquier riesgo a la sociedad contratista principal.

La directiva denominada de ejecución adoptada en 2014 tenía como fin evitar esas desviaciones. En opinión de Fabienne Muller, profesora e investigadora en Derecho Social en la Universidad de Estrasburgo, constituye un “auténtico avance en la lucha contra las sociedades-correo”.  A partir de ahora, para que una empresa pueda desplazar a trabajadores debe “estar establecida allí donde tiene lugar fundamentalmente su actividad comercial”.

Hay Estados que crean cotizaciones muy bajas para exportar obreros

La clave de la lucha contra el fraude reside en los controles. “Estados como Francia o Alemania querían reforzarlos”, explica Charles de Marcilly, director de la oficina de Bruselas de la Fundación Robert Schuman. “Otros Estados miembros, agrupados en torno a Polonia, se oponían”. Al menos, la directiva de ejecución deja más libertad a los Estados para organizar los controles en su territorio. También obliga a los países de origen a responder en 15 días a las preguntas de los Estados que acogen a los trabajadores desplazados. Pero como hace notar  Charles Freyssinet, de la asociación Lasaire para el diálogo social,  “si bien los instrumentos y modos operativos de la lucha contra el fraude se han fortalecido formalmente, la eficacia del control en los países de desplazamiento sigue dependiendo estrechamente de la capacidad y voluntad de cooperación de las administraciones de los países de origen”. Cosa que, hasta el momento, no se ha logrado...

Aún es pronto para hacer un balance de la eficacia de esta nueva directiva, porque los Estados tienen hasta junio de 2016 para incluirla en sus legislaciones. Marianne Thyssen, comisaria de Trabajo y Asuntos Sociales de la UE desde el pasado otoño, pretende consagrar toda su energía a la inclusión rápida y completa de este texto en las legislaciones nacionales. Y también asegura que, a continuación, quiere modificar la famosa directiva de 1996. Un tema políticamente sensible.

“Si volvemos a discutir esta directiva, hay que asegurarse el éxito, porque las divergencias entre Estados son muy grandes”, matiza Charles Marcilly, de la fundación Robert Schuman. Algunos países, como Reino Unido, podrían aprovechar la ocasión para cuestionar el principio mismo del desplazamiento y, más aún, el de la libre circulación de las personas. La Comisión debe hacer propuestas concretas antes de que acabe el año.  Continuará. 

UNIÓN EUROPEA

LOS PAÍSES DEL ESTE, CAMPEONES DEL DESPLAZAMIENTO

Lectura: Los métodos para contabilizar los trabajadores desplazados no son nada perfectos, según confiesa la propia Comisión Europea. Los datos están calculados de acuerdo con el número de formularios europeos de seguridad social, denominados A1, que se han expedido y que, se supone, debe estar en posesión de cada trabajador desplazado. Pero, según parece, algunos Estados se saltan con frecuencia esos engorros administrativos... Según las cifras existentes, Francia ha recibido, por ejemplo, 182.219 trabajadores desplazados en 2013 y ha enviado 123.580 trabajadores a otros países de la Unión. Los países del Este envían a muchos más trabajadores desplazados de los que reciben.