Fronteras // Migración: ¿dónde está el dinero?
Las políticas militaristas y los miles de millones de euros gastados por la Unión Europea no logran frenar los movimientos de personas ni el negocio de las mafias.
En noviembre de 2015, apenas seis meses después de que 824 personas se ahogaran al naufragar un decrépito pesquero fletado por mafias en Libia, líderes de la Unión Europea y África convergieron en el castillo maltés de San Elmo para abordar lo que por primera vez se definió como “crisis migratoria”. Con la Europa social indignada e iracunda por el rosario de muertes en el Mediterráneo, los políticos acordaron en La Valeta crear un multimillonario Fondo Fiducidario para África (EUTF) a cambio de que los “países de origen y tránsito” se implicaran en las políticas de seguridad y contención migratoria.
Seis años más tarde, los flujos migratorios mantienen su vigor y las distintas mafias su acaudalada prosperidad, cómodas en una economía corsaria pujante que articula la región pese a las políticas militaristas y los miles de millones de euros gastados en ellas. Según el último informe publicado por Oxfam, hasta mayo de 2019 el EUTF había aprobado proyectos por valor de 3.900 millones de euros. Según la ONG, el 56% de esa cantidad se tramitó a través de la cooperación al desarrollo, el 26% fue a la gestión directa de la migración y el 10% se destinó a “paz y seguridad”. Solo el 2% repercutió en investigación y alrededor del 6% restante carecía de detalles.
Las ONG denuncian trampas en los fondos destinados al desarrollo
Las ayudas se usan para forzar a los países emisores a aceptar controles
“La mayoría de los proyectos que el EUTF asigna a la gestión de la migración están diseñados para limitar y desincentivar la migración irregular a través de la contención y control de los flujos, a sensibilizar sobre su peligro y a aplicar reformas políticas que favorezcan el retorno. Solo un ínfimo 3% se destina a desarrollar rutas legales y seguras”, afirma Oxfam. Estos fondos, según esta y otras organizaciones, ocultan diversas trampas, especialmente los consignados a desarrollo.
También existen suficientes evidencias para asegurar que el dinero se utiliza para presionar a los Estados receptores de las ayudas y obligarles a aceptar las políticas de control migratorio. “En países como Etiopía, Níger, Gambia y Marruecos se han aprobado proyectos de desarrollo de forma paralela a los avances en las negociaciones sobre retorno y readmisión. Diplomáticos africanos han expresado su preocupación por la presión europea sobre los retornos y las implicaciones a largo plazo que tendrá para el desarrollo sostenible”, advierte Oxfam.
Un argumento similar defiende Tchermo Bulilama, responsable de la organización Espacio Ciudadano Alternativo, que pone como ejemplo su propio país, Níger. Tras la cumbre en Malta, el Gobierno nigerino aprobó una ley contraria a la ancestral naturaleza nómada de África: ilegalizó el negocio de la migración, que desde antiguo impulsa un continente de espíritu itinerante. La directiva, acomodada a los intereses europeos, tampoco frenó el flujo hacia el norte. Simplemente lo hizo más peligroso al poner las rutas en manos de las mafias.
“El dinero de La Valeta tenía truco. A cambio, se pidió a los países que bloquearan las rutas migratorias, y aquellos como el nuestro que aceptaron recibieron enseguida el dinero. Pero a través de los ministerios de Interior y Defensa, que no lo han gastado en desarrollo, sino en represión”, denuncia Bulilama.
Recogida de chalecos salvavidas tras un rescate fallido. Foto: Javier Martín
En este sentido, un análisis detallado de las cifras revela que alrededor del 7% del EUTF se destina al trabajo directo con las fuerzas de seguridad, a proyectos ejecutados por Interpol, Civipol, agencias de cooperación europeas y empresas públicas y privadas. En muchos casos, los gobiernos africanos lo usan para comprar material militar a industrias europeas.
Zonas grises
Al Fondo Fiduciario se suman, además, los miles de millones gastados con objetivos parejos a través de un complejo entramado de organismos difícil de desentrañar. Entre 2014 y 2020, la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) destinó unos 7.100 millones a operaciones de asistencia en tragedias y desplazamientos forzosos, que incluye la gestión de los refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos. Y lo hizo a través de iniciativas para "entrenar y equipar" a las fuerzas de seguridad de terceros países y de agencias diseñadas para el control fronterizo como EUCAP Sahel y EUTM Mali, la Misión de Asistencia Fronteriza en Libia (EUBAM) y la Operación Sophia.
A través de Frontex, la UE desarrolla igualmente la Comunidad de Inteligencia Africana (AFIC), otro ejemplo de zona gris. Con fondos de cooperación al desarrollo, AFIC colabora con países de origen y tránsito en cuestiones como las redes de trata de seres humanos.
Los otros dos grandes conductos de financiación son el Instrumento Europeo de Vecindad (ENI), que entre 2014 y 2020 dedicó unos 8.000 millones de euros al Sahel y sur del Mediterráneo, y la Dirección General GROW, entre cuyas prioridades destaca apoyar a la industria de seguridad europea. A través de esta última se gestionan los programas Horizonte 2020 y Sociedades Seguras. Aunque su enfoque es teórico y civil, sus 1.649.60 millones de euros suponen un poderoso imán para las empresas de seguridad y defensa.
Oportunidades de negocio
A estos instrumentos financieros externos se añaden el Fondo de Asilo, Migración e Inclusión (FAMI): 3.137 millones de euros dedicados al Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), a migración legal, integración, retorno y ayuda a los Estados con mayor presión migratoria, y el Fondo de Seguridad Interior (FSI), con unos 3.800 millones de euros.
Gobiernos africanos emplean el dinero en comprar armas en la UE
La industria del control migratorio vive una época de auge
Si pese a esta lluvia de millones la crisis migratoria mantiene su vigor, surgen al menos dos preguntas: cómo de profunda es y por dónde se escurre el dinero. Según Oxfam, en 2017, fecha del auge de llegadas a través del mar, el número de "migrantes irregulares” y demandantes de asilo suponía apenas el 1% de la población europea. En el caso de un país fronterizo como España, la cifra rondaba las 400.000 personas, el 0,8% de la población residente. Según Espacio Alternativo Ciudadano, solo el 9% de los millones de africanos que se mueven cada año anhelando prosperidad se arriesga a saltar a Europa.
La segunda respuesta apunta a la creciente industria del control migratorio, integrada tanto por empresas de seguridad militar y venta de armas como por tecnológicas, constructoras, aerolíneas dedicadas al retorno de migrantes irregulares, compañías de seguridad y logísticas encargadas de las estructuras y servicios derivados de la atención de personas migrantes. El nexo principal es Frontex, que además de aconsejar a la Comisión Europea, adquiere equipos, arma sus propios agentes, negocia con terceros países, promueve la externalización y genera oportunidades de negocio. Es una inquietante tendencia hacia la militarización y la privatización de la que la UE se lucra y que ya no oculta: en la propuesta inicial para el presupuesto 2021-2027 se consignaba el deseo de “reforzar el papel de la UE como proveedora de seguridad y defensa”.
* Javier Martín es delegado de la Agencia Efe en Túnez y autor de No hay tierra sagrada para los vencidos (Blume).
