Impuestos y promesas electorales
Tributación: Las ofertas de los partidos en materia fiscal parecen difíciles de conciliar, al menos sobre el papel. A partir del 10 de noviembre tocará negociar.
La política fiscal y tributaria ahonda las diferencias entre derecha e izquierda. FOTO: ANDREA BOSCH
Pocos asuntos separan a los partidos en víspera de unas elecciones como los impuestos. En el caso de las generales del 10 de noviembre, la división clásica en entre izquierda y derecha se repite: mientras las formaciones progresistas ofrecen un aumento del gasto social financiado con una subida de impuestos a las grandes empresas y a las rentas más altas, los conservadores tratan de cautivar al electorado con promesas de rebajas generalizadas.
Así es, al menos sobre el papel. La brecha fiscal entre ambos bloques parece abismal, pero la historia nos enseña que las propuestas más seductoras en materia tributaria son difíciles de hacer realidad una vez en el Gobierno, especialmente en un periodo de desaceleración económica y de reducción del déficit público como el actual. Y si no que se lo digan a José Luis Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy. Ambos tuvieron que renunciar no solo a aspectos fundamentales de sus respectivos programas electorales, sino a sus principios ideológicos más arraigados: el primero recortó el gasto público, congeló las pensiones y elimió una paga a los funcionarios en plena recesión, mientras el segundo aplicó la mayor subida de la historia del IRPF e incrementó el impuesto de sociedades, el IVA y otros tributos para evitar el rescate de Bruselas. En tiempos difíciles los gobiernos pierden margen de actuación y las fronteras entre derecha e izquierda se difuminan.
En tiempos difíciles los gobiernos pierden margen de actuación
Los socialistas renuncian a subir el IRPF a las rentas más altas
Al concluir el mes de octubre, 10 días antes de las elecciones, el PSOE aún no había presentado sus propuestas fiscales. El programa presentado ante los comicios de abril señalaba como objetivo “reforzar la progresividad fiscal en línea con los países de nuestro entorno, convergiendo paulatinamente hacia el promedio de recaudación de la Unión Europea e incrementando la aportación de las grandes empresas, de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios”, una declaración de intenciones extraída del manual socialdemócrata: que paguen más los que más tienen para financiar un incremento del gasto social en beneficio de los ciudadanos con menos recursos y reducir las desigualdades.
MARCHA ATRÁS
La gran novedad en el campo socialista es que ha abandonado la idea de subir el IRPF a las rentas más altas, incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 pactado con Unidas Podemos, que fue rechazado por el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha dejado claro que el PSOE se ha liberado de ese compromiso, posición que ha sido interpretada por Unidas Podemos como un acercamiento de los socialistas al PP y a Ciudadanos con vistas a un acuerdo postelectoral.
En abril pasado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez envió a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad 2019-2022, en el que comunicaba su intención de efectuar una subida de impuestos con el objetivo de lograr una recaudación adicional de 5.654 millones de euros para las arcas públicas. Entre otras medidas, el Ejecutivo mencionaba una subida de dos puntos porcentuales en el tipo impositivo del IRPF para los contribuyentes con ingresos superiores a los 130.000 euros anuales y de cuatro puntos para los que superen los 300.000 euros. La intención era también incrementar del 23% al 27% a las rentas del capital superiores a 140.000 euros. La previsión era ingresar 328 millones de euros adicionales por esa vía, ahora abandonada.
En caso de encabezar el próximo Gobierno, los socialistas sí han confirmado que seguirán adelante con la idea de incrementar la recaudación con la subida de otros tributos. El plan es subir el impuesto de sociedades para acercar el tipo efectivo al nominal y aprobar una tasa a las transacciones financieras, o tasa Tobin, y el impuesto a las grandes empresas tecnológicas, conocido como tasa Google. El PSOE también renueva su intención de fijar un tipo mínimo para el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones en toda España como una forma de reducir “asimetrías” entre comunidades autónomas en materia fiscal; es decir, revertir la eliminación de ambos tributos en los territorios donde gobierna el PP.
Mesa de votación en las elecciones de abril pasado. FOTO: ANDREA BOSCH
Unidas Podemos insiste en subir impuestos a las rentas más altas, una medida con la que espera recaudar 10.000 millones de euros al año, un 1% del PIB, y reducir a la mitad la brecha fiscal que separa a España de la media europea durante la legislatura. La subida se efectuaría a través del impuesto de patrimonio y gravaría con un 2% los patrimonios superiores a un millón de euros, con un 2,5% los de más de 10 millones, un 3% los de más de 50 millones y un 3,5% los que superen los 100 millones. Este impuesto no podría bonificarse ni suspenderse por parte de las comunidades autónomas, como sucede ahora. El objetivo, según Podemos, es que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil mayores patrimonios de España.
Más País, la formación liderada por Íñigo Errejón, propone subir el IRPF de manera progresiva a las rentas superiores a 60.000 euros e incrementar la presión fiscal sobre las grandes empresas tecnológicas y a la banca. Y coincide con el PSOE y Podemos en plantear un impuesto verde a las grandes empresas que contaminen. En el impuesto de sociedades, la idea es establecer un tipo efectivo mínimo del 15%, con lo que se pondría fin a ciertas deducciones. La medida iría acompañada de una bajada a las pymes, medida en la que también coincide con Unidas Podemos y PSOE. Más País quiere aumentar también la presión fiscal a las rentas del ahorro a partir de los 50.000 euros.
LA DERECHA PROMETE “REVOLUCIÓN”
Para la próxima legislatura, el Partido Popular propone nada menos que una “revolución fiscal” consistente en bajar el IRPF y el Impuesto de Sociedades y otros tributos. El hecho de que la presión fiscal en España sea claramente inferior a la media europea (el 38% del PIB, frente al 46% europeo), que el déficit público sea el más alto de eurozona (superior al 2% del PIB) y la deuda roce el 100% del PIB no ha desanimado al equipo económico de Pablo Casado a la hora de prometer a los contribuyentes que sus bolsillos saldrán ganando con una victoria electoral del partido.
Unidas Podemos y Más País apuestan por gravar a las grandes fortunas
PP, Cs y Vox proponen eliminar los impuestos de patrimonio y sucesiones
Bajar el tipo máximo del IRPF por debajo del 40% es la principal propuesta del primer partido de la oposición en materia fiscal (actualmente es del 45%). Vox es partidario de reducir a solo dos los tipos del impuesto: 20% para las rentas de hasta 60.000 euros y 30% para las superiores a esa cifra y subir a 12.000 euros el mínimo exento de pagar el impuesto. Por su parte, Ciudadanos defiende una bajada del tipo máximo del IRPF del 45% al 44% y aboga por reducir al 15% el tipo nominal del impuesto de sociedades para pymes que reinviertan sus beneficios.
Ninguno de los partidos de la derecha explica con qué recortes de gasto se compensaría la caída de la recaudación ocasionada por la rebaja fiscal prometida. ¿De dónde saldrá el dinero? La doctrina liberal dice que una bajada de impuestos dinamiza el consumo de las familias, la actividad de las empresas y la creación de empleo. Eso puede ocurrir en periodos de bonanza, pero difícilmente pasa en épocas de enfriamiento económico.
El PP propone también bajar el tipo máximo del impuesto de sociedades por debajo del 20%, eliminar el impuesto sobre el patrimonio en todo el territorio nacional y suprimir el de sucesiones y donaciones, como ya ha hecho en dos de las comunidades donde gobierna: Madrid y Andalucía. Ciudadanos, socio de gobierno del PP en ambos territorios, apoya las dos medidas, al igual que Vox. Es un guiño a las clases medias y altas, que conforman la base electoral de las tres formaciones. Vox va un paso más allá y defiende la eliminación de la Plusvalía Municipal, y el PP propone suprimir el impuesto sobre actos jurídicos documentados.
A pocos días de las elecciones, el consejo general de Ciudadanos rechazó incluir en su programa una propuesta del responsable de su equipo económico, Marcos de Quinto, para aflorar economía sumergida a un tipo impositivo del 10%. La medida recordaba a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con Rajoy, que tantas críticas suscitó en su día. De Quinto calculaba que la medida ayudaría a recaudar 4.000 millones de euros si aflorase una tercera parte de la economía sumergida.
