Ingreso mínimo vital // Un avance en la lucha contra la pobreza extrema
La nueva ayuda estatal, que satisface a la UE, se abre paso con el reto de lograr la inclusión laboral de quienes la cobren y la incógnita de qué harán las autonomías con sus propias rentas.
El nuevo ingreso mínimo vital (IMV), que empezó a pagarse en España el pasado 26 de junio, aportará ingresos o complementos de ingresos, según el caso, a hasta el 18% de los hogares en riesgo o situación de pobreza y exclusión social que, según el Banco de España, hay en el país. El Gobierno calcula que si todos ellos la solicitaran y les fuera concedida, hablaríamos de 850.000 hogares con 2,3 millones de personas. Pese al cruce de datos de los últimos meses —hasta el punto de que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sabe que la mitad de esos 850.000 hogares percibe ahora de media 310 euros al mes—, solo se le ha concedido de oficio a 100.000 familias.
La ayuda —que oscila entre los 461,5 y los 1.115 euros mensuales, dependiendo del perfil del hogar, y que obtuvo luz verde en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra— ha sido celebrada como "un ejemplo" de lo que Europa necesita por parte del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Para el vicepresidente de la comisión responsable de Promoción del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, la medida evita que "se pague un precio social desproporcionado” tras la covid-19.
Esta ayuda, de carácter permanente, se instaura como una nueva pieza en el estado de bienestar español, en la medida en la que establece un suelo común de ingresos para todo el territorio. A partir de aquí, los distintos gobiernos autonómicos deben decidir qué hacer con sus propias rentas mínimas para los más pobres, que son muy distintas entre sí. Ahora la incógnita es si lo complementarán y en qué medida, o si no lo harán y destinarán el dinero liberado a aumentar la cobertura de sus rentas, o si lo dedicarán a otra cosa.
País Vasco y Navarra, que tienen ayudas más elevadas (662,51 euros mínimos, y hasta 945,2 con distintos complementos) y niveles de cobertura de personas beneficiarias también mayores, podrán gestionar la nueva ayuda directamente. La Generalitat de Catalunya ha reclamado lo mismo. El Gobierno se ha mostrado abierto a negociar la cuestión a partir de 2021.
La ayuda ha salido adelante con el apoyo de toda la oposición (salvo el de Vox, que se abstuvo en la votación pese a haberla estado criticando como "una paguita" para vagos), en una sonada excepción a la tensión política. El contexto social de crisis causado por la covid-19 ha jugado en su favor. Sin embargo, los requisitos de acceso por lo que respecta a los ingresos y patrimonio del año pasado denotan que el ingreso mínimo vital no es una respuesta inmediata a la pandemia, a diferencia de la aprobada en países como Canadá y Estados Unidos, ni protege en caso de bajadas súbitas de ingresos en casos de rebrote del virus. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, han prometido flexibilidad para con quien pueda demostrar que su renta ha caído al menos a la mitad de la del año anterior y cumpla los requisitos.
La eficiencia del sistema
Esta red última de seguridad, que constaba en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos, puede, según Escrivá, reducir la pobreza grave (ingresos de 2.950 euros al año o menos) en el 80% sin desincentivar el empleo, pero los detalles del cómo están por decidir. El empleo es compatible con el IMV durante un tiempo, pero no se ha concretado hasta qué punto. Tampoco en qué medida disminuirá la ayuda en función del salario ni en qué circunstancias se pierde la ayuda si se rechazan ofertas de empleo. En todo caso, el fraude conlleva sanciones y formalmente la ayuda va ligada a la búsqueda activa de trabajo. Las rentas mínimas y garantizadas autonómicas no han alentado en la práctica la reinserción laboral y Bruselas ha repartido tirones de orejas a España desde hace años por su falta de eficiencia.
El listón establecido para llevar "una vida digna" es menos de la mitad que el salario mínimo interprofesional mensual, que desde el pasado enero en España asciende a 950 euros. La cuantía de la nueva renta va subiendo en función del perfil de hogares (se distinguen hasta 14). El nivel máximo, en el caso de familias con dos adultos y descendientes, es de 1.015 euros. Las familias monoparentales o monomarentales cobrarán 100 euros más en cualquier caso.
Eso no significa que los hogares más pobres vayan a percibir 462 euros (en el caso de que los constituya una sola persona). Si alguien trabaja algunas horas y se saca, por ejemplo, 200 euros al mes, el Estado le aportará 262. El ingreso mínimo vital opera así como un complemento de las rentas extremadamente bajas y como un clavo ardiendo para quien no tiene nada. Además del filtro por ingresos, el test de acceso exige que el patrimonio no supere los 16.614 euros, excluida la vivienda habitual.
Avance en derechos
Para el vicepresidente Iglesias, la nueva ayuda es “el mayor avance en derechos sociales desde la Ley de dependencia”. La comparación tiene interés porque dicha ley, que preveía un sistema de ayudas para personas dependientes y sus cuidadores, se ha desplegado a medias por falta de recursos.
La nueva renta tendrá un coste de 3.000 millones de euros anuales. Según Escrivá, que la ha diseñado, este coste "tenderá a ser un máximo" y hasta se pueden producir "ahorros". Las rentas mínimas autonómicas suman una cuantía anual de 1.500 millones. A la larga, el IMV aspira a reemplazar otras ayudas no contributivas.
Hogares sin ingresos
A finales de marzo, en España había 597.000 hogares en los que no entra ni un euro, pero las entidades sociales temen un aumento importante de la cifra debido a los efectos de la covid-19, en un panorama en el que se han multiplicado las colas para recoger alimentos en parroquias, comedores sociales y ONG. El IMV deja fuera de cobertura a los inmigrantes irregulares, algo que, por el contrario, reclamaban entidades como Oxfam.
La nueva ayuda deja fuera a las personas inmigrantes sin papeles
El ministro Escrivá cree que el coste anunciado de 3.000 millones es un máximo
Por ahora, el Gobierno tira de deuda pública, que según la Comisión Europea aumentará este año hasta una cuantía equivalente al 115,6% del producto interior bruto (PIB) por las medidas para sostener la economía. En caso de rebrote de la pandemia, la OCDE augura incluso un 129,5% del PIB. Sobre el papel, esta renta mínima no depende de la capacidad presupuestaria, sino que es un derecho.
La pobreza en España es un problema enquistado: el 26,1% de la población, o 12,04 millones de personas, sufren carencia material grave, baja intensidad en el empleo e ingresos por debajo del umbral de pobreza (8.871 euros al año).
La condicionalidad del IMV, la burocracia del control de su cumplimiento de los requisitos de acceso y la estigmatización de los más pobres —por los recursos que implica y por los potenciales perceptores que quedan fuera— son algunos de los argumentos por los que la Red para una Renta Básica Universal reclama otro tipo de ayuda: un mínimo vital no condicionado para toda la ciudadanía, desligado del empleo y financiado con una reforma fiscal.
La utilidad de 6.000 millones anuales, en cuestión
Mejorar las políticas activas
"Un tercio o más" de los hogares atrapados en la llamada trampa de pobreza —preferir aferrarse a las ayudas en lugar de aceptar ofertas de empleo precario e inestable para evitar volver a la casilla de inicio con los trámites y plazos de espera— "no son empleables como tal", admite el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. La idea del ministro es que, antes de intentar una reinserción laboral, se apliquen itinerarios de inserción o acompañamiento que incluyan eventuales tratamientos sanitarios, para abordar desde problemas psicológicos a la drogodependencia y de formación si hubo fracaso escolar.
470 euros invierte España por persona desempleada, seis veces menos que Alemania.
Ya desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el actual ministro criticó las carencias de las políticas activas de empleo, transferidas a las comunidades autónomas y a las que, entre el año 2007 y 2015, se ha destinado cerca de 54.000 millones de euros. Incluyen formación, orientación, creación de oportunidades de empleo y de igualdad de oportunidades, así como ayudas al emprendimiento. La AIReF diagnosticó que los itinerarios de inclusión, que suponen un acompañamiento de las personas beneficiarias, no tienden a definirse en función de la situación de cada persona, sino que siguen procedimientos estandarizados; que estas políticas no se cruzan lo bastante con las políticas sociales; que las oficinas de empleo no disponen de suficiente autonomía de gestión, y que los servicios informáticos de los organismos de empleo no permiten hilar fino en el perfilado estadístico de las personas participantes. Pese al nivel de paro tan elevado, España gasta un tercio de la media de los países de la OCDE. Si Alemania destinó en 2017 2.752 euros por desempleado, España invirtió 470.
En este sentido, el primer informe del Observatorio de Políticas Públicas en Materia de Ocupación, realizado por el Institut Cerdà e impulsado por el empresario Jordi Mercader, constata la "insuficiente transparencia y calidad" de datos fiables y comparables, tanto sobre la inversión realizada como sobre los beneficiarios de estas políticas. Tras comparar en la medida de lo posible la información de la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, País Vasco y Extremadura, este informe pide que se evalúe, y de forma concertada, la eficacia de las políticas. Pone algunos ejemplos inquietantes: una de las principales partidas de gasto es la formación. Pero la mitad de los participantes no acaban los programas. La proporción de centros (públicos y privados) que efectúan formación profesional que ofrecen FP dual es muy baja (salvo en Euskadi). En Madrid, el presupuesto ejecutado no llega a la mitad (38%). Y lo más llamativo: la gente que encuentra trabajo a través de las oficinas de empleo de las distintas comunidades es residual: oscila entre el 0,3% y el 3,1%.
España gasta un tercio de la media de la OCDE en políticas de empleo.
Foto: Tim Gouw
