Justicia climática // El fallo contra Shell abre la veda
Las ONG avanzan que demandarán a más empresas contaminantes, también en España.
El Acuerdo alcanzado en París en 2015 no solo encarna el compromiso asumido, al menos sobre el papel, por gobiernos de todo el mundo para combatir la emergencia climática. El carácter vinculante de su objetivo fundamental —limitar el calentamiento de la Tierra muy por debajo de los 2 grados centígrados, y preferiblemente a 1,5 grados, en comparación con la temperatura de 1850— aporta un marco legal que permite demandar ante los tribunales a las empresas, además de a los gobiernos, si no hacen sus deberes. Y los jueces empiezan a ponerse del lado del planeta.
Hasta ahora, los litigios contra empresas tenían en el punto de mira los daños medioambientales específicos que alguna de sus filiales habían provocado en un lugar determinado, con la idea de forzar una reparación. Pero el fallo que en mayo pasado dictó un juez holandés contra Shell, tercera mayor petrolera del mundo por ingresos, ha hecho temblar a las industrias contaminantes: su condena obliga, de facto, al grupo a cambiar su modelo de negocio porque no va en línea con el Acuerdo de París.
Derechos humanos
"La sentencia de Shell es un punto de inflexión, porque por primera vez se ha declarado a una empresa petrolera responsable del cambio climático. Y hablamos de la empresa matriz, a diferencia de casos anteriores. Es una demanda sin precedentes porque vincula el cambio climático al respeto de los derechos humanos. Y es un hilo de esperanza", valora Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra.
El Supremo decidirá sobre la "falta de ambición" del Gobierno
45% porcentaje de emisiones
que debe reducir Shell en 10 años por orden del juez
Fue precisamente la organización Amigos de la Tierra de Países Bajos (Milieudefensie) la que, junto con más de 17.300 coquerellantes holandeses, interpuso la demanda y logró esta victoria judicial, en virtud de la cual Shell deberá reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en 10 años. El juez encargado del caso consideró que la petrolera es responsable también de las emisiones de sus clientes y de sus proveedores.
El grupo ha aprobado una nueva estrategia climática, considerada insuficiente. La compañía quiere financiar proyectos verdes para compensar su impacto. Pero el fallo alerta de que su política actual "no es lo bastante concreta".
También la actividad de Total está en manos de los jueces, en el primer gran litigio climático que tiene lugar en Francia. Un grupo de 14 ciudades francesas y cinco asociaciones la denunciaron en 2020 ante el Tribunal de Nanterre de "innacción" por haber, supuestamente, incumplido una ley de 2017 que impone el deber de vigilancia para prevenir daños al medio ambiente. Y la llaman a tomar medidas para reducir drásticamente sus emisiones. Un año después, el tribunal se ha declarado competente, en contra de lo que sostenía la compañía, que pidió que del litigio se ocupara el Tribunal de Comercio.
"Estos pleitos son novedosos, y también un aldabonazo a la conciencia. Pero es que no hay plan B", señala el abogado José Manuel Marroco.
En España, Greenpeace, Intermón Oxfam y Ecologistas en Acción también han recurrido a la justicia, pero en este caso contra el Gobierno. Lo hicieron el año pasado con un primer litigio. Denunciaban que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2020-2030, que es la hoja de ruta de la reducción de emisiones de España, y que por mandato de la Unión Europea debía haberse presentado a finales de 2019, no había sido formalmente aprobado. Además, criticaban su "falta de ambición", pues la reducción de emisiones prevista en una década es del 23%, objetivo que las entidades consideraban "obsoleto".
La posterior luz verde del PNIEC ha dificultado una victoria de los demandantes, de modo que las organizaciones decidieron el pasado junio ampliar el litigio climático —abrir, de hecho, un nuevo procedimiento— para impugnar el contenido del plan, con los mismos argumentos de inacción. Para cumplir con lo que pide la ciencia y respetar París, exigen un recorte de emisiones del 55%. A este envite se le han sumado Jóvenes por el Clima y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
En países como Alemania y Holanda, la justicia ya se ha pronunciado a favor de que los Gobiernos aceleren su combate. El caso holandés fue, de hecho, pionero en los litigios contra gobiernos, del mismo modo que el de Shell lo es en el caso de las empresas.
Greenpeace avanza que demandará a compañías que causen daños ecológicos
¿Cabe una acción legal contra empresas en España? La abogada de Greenpeace Lorena Ruiz-Huerta se muestra tajante: "Por supuesto, también actuaremos en España. La sentencia de Shell es un aviso a navegantes. Utiliza doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, aplicable aquí".
Según el último dato del Observatorio de Sostenibilidad, la empresa más contaminante en España es Repsol, que ha anunciado un giro hacia la descarbonización y ha prometido cero emisiones netas de carbono dentro de 30 años.
Pero Ruiz-Huerta apunta que las ONG no solo "encontrará enfrente en los tribunales" a las petroleras, sino a "cualquier empresa cuya actividad genere muchas emisiones o tenga un impacto muy negativo sobre el medio ambiente, ya sean petroleras, eléctricas, agroindustriales o de otros sectores".
Asamblea Ciudadana
"Apoyamos los litigios tanto contra gobiernos como contra empresas, que deben liderar las organizaciones con estructura y presupuesto para hacerlo", señala Jaume Osete, representante de Extinction Rebellion en Barcelona. Este movimiento exige una Asamblea Ciudadana por el Clima que no sea "un simulacro" como la que ve en la anunciada por el Gobierno, de carácter virtual. Con su estrategia de desobediencia civil, la entidad forzó un compromiso del Gobierno de la Generalitat: convocar una asamblea en sus primeros 100 días.
