La apuesta perdida por el oro negro

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    Equivocación: Brasil se muerde las uñas por haberlo apostado todo al petróleo y dejar en el más completo abandono sectores enteros de su industria.

    São Paulo: dos mujeres firman contra la corrupción en una bandera brasileña. FOTO:  Marco Rodrigues/123rf

    El ex presidente Luiz Inácio Lula interrogado por la policía. Dilma Rousseff  destituida momentáneamente como presidenta, un senador encarcelado, decenas de responsables políticos de la coalición en el poder sospechosos de blanqueo y evasión fiscal: el Partido de los Trabajadores (PT), que gobierna en Brasil desde 2003 , parece haber llegado a un punto de no retorno. Las proezas económicas y las promesas sociales de la década pasada se han evaporado. Brasil se hunde en la recesión más larga desde 1930. De seguir la tendencia, el PIB por habitante habrá bajado a final de este año al nivel de 2008. Las agencias de calificación han rebajado la deuda pública, que supera el 70% del PIB, a la categoría de junks bonds, esos bonos de alto riesgo que los mercados denominan “chatarra”. 

     

    DEPENDENCIA CHINA

    ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Como suele ocurrir en Brasil, todo comenzó por un boom con aires de milagro: su causa hay que buscarla en las riquezas naturales del país, ya se trate del descubrimiento de nuevos recursos (históricamente azúcar, oro, café, caucho, petróleo...) o de una mejor valoración de los existentes en los mercados mundiales. Los años 2000, exceptuando los de la crisis mundial de 2008-2009, fueron gloriosos para Brasil; a ellos, a los descubrimientos petroleros se sumó un brutal aumento de los precios de las materias primas por la demanda china.  Gracias a ese maná, la Administración de Lula pudo establecer una serie de eficaces instrumentos de lucha contra la pobreza y de reducción de las desigualdades; impulsó el consumo e introdujo el crecimiento en una vía acorde con el potencial del país (véase el gráfico). El freno del crecimiento a partir de 2011 sería imputable al drástico giro del ciclo de las materias primas, concomitante con la ralentización china y agravado por el hundimiento del precio del petróleo en 2014-2015. Este choque resume el índice agregado de los precios de los productos básicos exportados por Brasil, que ha caído el 41% entre el pico alcanzado en 2011 y  2015. A ello se añade el impacto de la normalización de la política monetaria estadounidense*, anunciada en mayo de 2013, que se traduce en  un reflujo de capitales hacia Estados Unidos y una presión a la baja del real,  la divisa brasileña. Resultado: aumento del precio de los productos importados, lo cual obliga al Banco Central del Brasil a aumentar su tipo de referencia para limitar las presiones inflacionistas y frenar la depreciación del tipo de cambio. Entre abril de 2013 y julio de 2015, el Banco Central aumentó su tipo de interés al 14,25%, 7 puntos. y  la  inflación pasó del 5% al 11%. Privado de capital, despojado de las divisas de la exportación, el crecimiento cayó a partir de 2012 y la economía basculó hacia la recesión en 2014.

     

    DESINDUSTRIALIZACIÓN

    Esta historia, en apariencia banal, elude la responsabilidad de las autoridades en la regresión de la economía brasileña hacia un modelo de crecimiento dependiente de las rentas naturales. El aumento de la producción de hidrocarburos en 2000 se acompañó de una desindustrialización prematura respecto al nivel de desarrollo del país. Dicha desindustrialización se aceleró por el brutal aumento de los tipos de cambio y de unos costes salariales demasiado elevados (+35% respecto a México, +20% respecto a Corea del Sur). El porcentaje de los productos manufacturados en las exportaciones, que alcanzaba un 55% en 2003, cayó al 40% en 2013. En la petroquímica, el automóvil, los bienes de equipo, el vestido, la cuota de mercado de Brasil no cesa de caer. En vísperas de la recesión, el índice de la producción industrial estaba al mismo nivel que en 2008. La contribución al PIB de la industria manufacturera, por debajo del 12%, es hoy menor que la del petróleo. La Administración de Rousseff, que llegó al poder en 2011, no se aplicó a solucionar los problemas de la economía (deterioro de las infraestructuras, bajas cualificaciones, estancamiento de la productividad). En su lugar, intentó contrarrestar la caída de las exportaciones impulsando el consumo con una disminución de los impuestos y una política monetaria  expansiva. Aprovechando unos tipos de interés atractivos en el interior y en el mercado mundial, las empresas se endeudaron  hasta llegar al 50% del PIB en 2013, pero sin invertir en capacidad de producción. 

    El Gobierno ha concentrado su esfuerzo inversor en el desarrollo de la explotación petrolera offshore (más de 200.000 millones de dólares invertidos de 2010 a 2014) y ha impuesto la participación de Petrobras en todos los proyectos petroleros. Aumentó el mínimo obligatorio de “contenido local” en cada proyecto al 30%-60%, limitando así la competencia y anclando segmentos enteros del sector productivo a la actividad petrolera.  Finalmente, bloqueó el precio de la gasolina, lo que significaba desviar a las cuentas de la empresa petrolera brasileña el coste de las subvenciones que deberían haber figurado en el presupuesto del Estado.

     

    DEUDA PÚBLICA

    De potencia industrial, Brasil se está transformando en una especie de petroeconomía. Las fluctuaciones de la actividad están cada vez más unidas a las del precio del crudo y al destino de una empresa, Petrobras, cuya acción ha perdido un 85% en cinco años. En el centro de un caso de corrupción de 3.000 millones de dólares —sobrefacturación de pedidos que alimentaba la caja del PT—, la empresa amenaza con arrastrar en su caída a los proveedores implicados en el escándalo, sobre todo del sector de la construcción, pero también a los bancos acreedores y al propio Estado, cuyo presupuesto podría haberse utilizado para ayudar el gigante brasileño. Ahora bien, las finanzas públicas ya están desestabilizadas por el abandono de la disciplina presupuestaria desde el comienzo de la recesión en 2014. El déficit público, que este año podría superar el 10% del PIB, eleva la deuda a niveles insostenibles para una economía emergente.

    China propició un gran aumento de los precios de las materias primas

    El precio de los productos exportados ha caído el 41%

    Presionado por la necesidad de mantener el apoyo de su base electoral, el Gobierno se niega a llevar a cabo ajustes. Sin embargo, no tiene más opción que aumentar las tarifas públicas y los precios regulados como el de la gasolina lo cual, añadido a los efectos de la bajada del real, alimenta la inflación.

    Para romper las previsiones inflacionistas y estabilizar el real, el Banco Central debería aumentar varios puntos su tipo de referencia. Al hacerlo se arriesga a acentuar la recesión e incrementar el coste del servicio de la deuda pública, el 25% de la cual tiene un vencimiento menor de un año. Una serie de dilemas que sólo podría resolver una rápida salida de la crisis política y la restauración de la credibilidad económica del Gobierno. Una eventualidad poco probable. 

     

    FUTURO POLÍTICO

    ¿Golpe de Estado de la derecha?

    El pasado 12 de mayo, Dilma Rousseff dejó temporalmente la presidencia de Brasil después de que 55 de los 81 senadores apoyaron iniciar el proceso de destitución de la presidenta, acusada de ampliar el presupuesto de 2015 sin pasar por el  Congreso y de maniobras para maquillar resultados fiscales.

    Brasil ha vivido el proceso, que debe sustanciarse en 180 días a contar desde el 12 de mayo, dividido entre los que creen que el impeachment es un golpe de Estado de la derecha, y ésta, que, para justificar la destitución, argumenta que, además del presunto delito, existen asuntos que no son delictivos, como la marcha de la economía –retroceso del PIB de un 3%, paro en el 10,9% con un aumento del 39,5% respecto a 2015– y la necesidad de cambiar de Gobierno con la esperanza de que las inciertas expectativas del país cambien a compás de la salida de la presidenta. Los defensores de Rousseff, la izquierda y sectores  intelectuales, arguyen que con estas razones, que no constituyen delito, no se puede echar a una presidenta que tiene  el respaldo de 54 millones de votos.

    El resultado se sabrá en octubre, cuando finalizan los 180 días en los que el Senado estudiará las acusaciones contra Rousseff. Para su destitución definitiva se precisan dos tercios de la Cámara,  que voten contra la presidenta 54 senadores, uno menos de los que lo hicieron el 12 de mayo. Mientras, Michel Temer, el vicepresidente que ha sustituido a Rousseff y apoyó la destitución, nombró nuevo Gobierno. En su perspectiva de futuro, recortar los gastos sociales, aplicar exenciones fiscales a las empresas y prolongar la edad de jubilación, entre otras medidas.

     

    * LÉXICO

    Normalización de la política monetaria estadounidense: fin de las medidas extraordinarias que permitieron a la economía estadounidense salir de la crisis de 2007-2008, entre ellas el mantenimiento de un tipo de interés del 0% durante un período excepcionalmente largo.

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