La controvertida reforma del ‘copyright’
Derechos de autor: El Parlamento Europeo ha aprobado un texto para repartir mejor el valor generado por las plataformas digitales, pero es criticado por los defensores de la red.
Usuario de las plataformas digitales. FOTO: 123RF
Tras meses de negociaciones, el Parlamento Europeo aprobó en septiembre la directiva copyright. Este texto pretende adaptar la legislación sobre los derechos de autor a la era digital y, sobre todo, repartir mejor “el valor generado por el uso [de las] obras”. Son, pues, las plataformas digitales (You Tube, Facebook, Google, etcétera) las afectadas. Su modelo económico descansa, en efecto, en gran medida en los ingresos publicitarios obtenidos gracias a la audiencia de los contenidos que albergan, algunos de los cuales están protegidos por derechos de autor.
UN DERECHO RELACIONADO CON LOS MEDIOS
Una de las disposiciones que ha causado polémica es la instauración de un derecho conexo para los medios de comunicación. Estos han pasado a ser, en efecto, muy dependientes de algunas plataformas como Google, Facebook y Twitter, que ahora son las principales vías de acceso a la información en línea. En concreto, cuando un artículo de prensa sea compartido en una red social, el editor podrá pedir una remuneración o, más específicamente, el establecimiento de una concesión que instituya las condiciones de reparto del valor generado por el uso de sus publicaciones. Pero las asociaciones de defensa de internet denuncian que es un impuesto sobre los enlaces de hipertextos, es decir, el cuestionamiento de “uno de los elementos clave del funcionamiento de la Web, que garantiza la circulación de las informaciones”. Subrayan, además, las experiencias de otros países europeos que no han tenido los efectos deseados y se han traducido en una disminución de la audiencia de los sitios de los medios de comunicación.
Polémica por la repercusión en la prensa
La directiva obliga a los que albergan obras protegidas
Se plantea un dilema que tiene difícil solución
La directiva obliga también a los que albergan obras protegidas por derecho de autor (películas, música…) a tomar medidas para que se respete ese derecho. Las plataformas deberán, pues, establecer mecanismos, en su mayoría automáticos, para detectar los contenidos publicados por los internautas que no respetan los derechos de autor y, a continuación, bloquearlos. Los que se oponen a la directiva critican el papel de vigilantes y la capacidad de censura que se otorga a las empresas privadas.
Parece que, entre el reparto equitativo del valor añadido generado por el uso digital de los contenidos con los actores que participan en su producción, ya sean medios de comunicación o creadores, y el respeto a los principios originales de la web, se plantea un dilema de difícil solución.
