La delgada línea roja
Inspector de Hacienda del Estado y autor de El precio de la civilización. Impuestos y fraude en España, que publicará próximamente la editorial Debate
Análisis
En las últimas semanas se ha producido un notable deterioro en la imagen de la Agencia Tributaria. En la opinión pública, aunque no se conocen con exactitud todas las cuestiones, se ha instalado una sensación de caos en la gestión tributaria. En un país como España en el que hay una gravísima crisis fiscal, en parte por falta de recaudación, la cuestión es grave.
Dentro de todo este lío, uno de los asuntos que más daño han hecho ha sido la imagen de politización. Las leyes tienen un origen político y, por supuesto, las leyes de los impuestos también. De hecho, el origen de los parlamentos democráticos es precisamente la aprobación de los impuestos. Aunque hay condicionantes económicos, la determinación de la estructura de los impuestos viene muy influida por la ideología y la política. La afirmación de que una determinada opción era la única “política posible” no solo es incierta en el 99% de los casos, sino también una forma de cerrar el debate democrático.
Sin embargo, hay una clara división, y debería visualizarse con nitidez, entre elaborar las leyes y aplicarlas. La aplicación de las leyes no depende de la ideología. A un inspector de Hacienda le pueden gustar más o menos el tipo del 1% de las SICAV, la amnistía fiscal o el último tipo de la tarifa del IRPF, 52%, pero los aplicará igualmente. Que esto se haya puesto en duda en los últimos tiempos es un problema grave, y no solo de prestigio, de la institución.
Creo que no es justo porque los profesionales de la Agencia Tributaria estamos para aplicar las leyes, no nos debemos a ningún gobierno en concreto y siempre hemos rechazado las injerencias indebidas. Sin embargo, hay elementos que abonan esta percepción para la opinión pública. En primer lugar, que la mitad de los inspectores de Hacienda estén en puestos de libre designación es un problema. Muchos de estos puestos no son propiamente directivos, sino que realizan funciones técnicas de aplicación de los impuestos. En principio, cualquier funcionario de libre designación puede ser destituido en cualquier momento, y sin motivación, de su puesto de trabajo. En el momento en que un cese se ha vinculado a un expediente concreto, han comenzado los problemas.
Es un problema que la mitad de inspectores estén en puestos de libre designación
La elaboración de leyes es política, pero su aplicación, técnica. Es básico separarlo
Independientemente del caso concreto de esta destitución, hay un segundo problema: la gestión y comunicación de una crisis. Un breve resumen podría ser el siguiente: a la destitución de la inspectora, le siguieron las dimisiones de varios compañeros suyos en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Unos días después, dimitía el número dos de la Agencia Tributaria, el director del Departamento de Inspección. Esta dimisión la vinculó él mismo públicamente a la invasión de sus competencias esenciales por parte del director general de la Agencia Tributaria. El director general es un alto cargo nombrado por el Consejo de Ministros con categoría de subsecretario. Posteriormente, aunque el director de Inspección negó injerencias políticas en su dimisión, hubo varias destituciones de otros puestos directivos en la Agencia Tributaria al día siguiente. Según varios medios, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vinculó estos ceses con la existencia de “inspectores socialistas” en la Agencia Tributaria, en concreto en su Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
Finalmente, Montoro, el miércoles siguiente, negó haber realizado las declaraciones y atribuyó las críticas de algunos medios a sus deudas con Hacienda. Creo que en todo este lío hay desavenencias personales y profesionales, y declaraciones erróneas y poco meditadas, pero no discrepancias ideológicas. Aun así, el espectáculo no es nada edificante y puede perjudicar seriamente la lucha contra el fraude.
Hay que separar nítidamente la elaboración de las leyes, que es política, de su aplicación, que tiene que ser técnica. También hay que separar la dirección estratégica de la Agencia Tributaria, que debe determinar el Gobierno, de la decisión concreta de los expedientes de inspección, labor técnica que no puede variar en función del gobierno de turno. Todo esto es una línea roja, cada vez más delgada, que separa el derecho del caos; el prestigio, del descrédito, y la recaudación, del incumplimiento generalizado del pago de los impuestos.
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