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La gestión del refugio, un caos

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Septiembre 2018 / 61

Refugiados: La Oficina de Asilo y Refugio no funciona. El Gobierno de Pedro Sánchez promete aumentar los recursos técnicos y humanos.

Llegada de migrantes a Barcelona. FOTO: Manuel Roldán / fotomovimiento

Los 630 inmigrantes que venían a España rechazados por Italia a bordo del Aquarius recibieron un tratamiento especial: un permiso inmediato de residencia de 45 días, por causas humanitarias (y un gesto político). Al mismo tiempo, llegaban a Andalucía en patera otros 1.290 inmigrantes, a los que se les abría inmediatamente un expediente para su devolución por haber intentado entrar de forma irregular. Lo mismo sucedió con los inmigrantes que llegaban rescatados por ONG, como el Aquarius, en los siguientes meses.

Vengan como vengan, los migrantes pueden pedir una solicitud de protección internacional, para entrar como refugiados. Lo han hecho en 2017 casi 32.000 personas y hasta la mitad del año otras 25.000 (véase nota aparte). Del Aquarius lo han solicitado casi todos, 608. 

Sobre el papel, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) debería resolver los casos del Aquarius y de los otros solicitantes en seis meses. Pero no lo hará porque no tiene capacidad, por ahora.

El Defensor del Pueblo reprobó las tareas de migración de España

Hay 400.000 solicitudes de nacionalidad paralizadas

No se sabe dónde va la mayoría de los solicitantes de asilo

El Defensor del Pueblo, en su informe de 2017, presentado en marzo de este año, valora de forma muy negativa a la gestión española de la migración, pero pone especial hincapié en el caos en el sistema de asilo. “El año 2017 ha finalizado en el ámbito de la gestión de la inmigración y de la protección internacional en España con un denominador común: carencias estructurales en la gestión de los procedimientos que afectan a un importante número de ciudadanos extranjeros”, indica el informe. Se refiere tanto a las solicitudes de asilo como a las más de 400.000 solicitudes de nacionalidad por residencia pendientes de resolver y a las más de 29.000 personas interceptadas mientras intentaban acceder de manera irregular a España en 2017. Para el Defensor del Pueblo, gran parte de las deficiencias  provienen de la ausencia de una política común entre los diferentes departamentos de la Administración dedicados a la gestión migratoria.

El Gobierno de Sánchez está comenzando a trabajar y está intentando tejer redes con otros Gobiernos europeos. En todo caso, el caos viene de lejos y ya había salido en informes anteriores del Defensor del Pueblo, incluso en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Para subsanar esta situación, en 2006 se creó por ley la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, pero en la práctica esta oficina nunca llegó a implementarse y en 2015 otra ley la eliminó.

 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

La gestión no hizo más que empeorar, porque los casos han ido en aumento y se han ido acumulando. Muchas personas solicitantes de asilo ni siquiera consiguen cita para formular sus solicitudes y otras tienen un retraso de dos años en la resolución. “A todo esto se suma la incomprensible demora para la publicación del Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (que regula el derecho de asilo) que acumula ya nueve años. Esta ausencia de desarrollo reglamentario afecta gravemente a las personas solicitantes de protección internacional en cuestiones tan importantes como la reagrupación familiar”, dice el Defensor del Pueblo.

En 2015 el Consejo de Ministros creó la Comisión Interministerial para la Crisis de los Refugiados. Sin embargo, según el Defensor del Pueblo: “las carencias de coordinación apreciadas necesitarían de una revisión orgánica y funcional profunda para dotar de mayor eficacia a la gestión del servicio público”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que la OAR está “en una situación lamentable”, porque le faltan recursos humanos y tecnológicos. A finales de julio se aprobó un decreto ley para convocar 323 plazas extraordinarias, 231 para la oficina de asilo, y 92 para el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. No tienen presupuesto extra. Son los presupuestos todavía aprobados por el anterior Gobierno, y constan de 6,4 millones de euros. ¿Cómo lo harán? Mediante transferencias presupuestarias entre capítulos, y transferencias de personal. También contarán con el Fondo de Asilo, Integración e Inmigración de la UE, que hasta el año 2020 cuenta con 259 millones de euros para financiar proyectos de mejora en el sistema de asilo (España asume el 25%). Aparte están los pactos de la Comisión Europea, para los proyectos de acogida, la recepción y la gestión de las costas y las fronteras. 

 

¿Y MIENTRAS TANTO?

A pesar de que ONG como CEAR trabajan con los refugiados para darles condiciones de vida razonables, la realidad es que la gran mayoría sigue su camino como puede. “No sabemos cómo sobreviven los dos primeros meses hasta que les dan cita, y luego hasta que se resuelve, ni tampoco qué pasa con ellos cuando se les resuelve negativamente”, dice el catedrático de Sociología en la Universidad de A Coruña especialista en migraciones internacionales Antonio Izquierdo. “Es el agujero negro del refugio. La gran mayoría de los que llegan a España pueden estar años sin que se resuelva su situación, lo que genera mucho racismo. Lo que debería pasar es que estén trabajando el día siguiente de llegar, porque la gente piensa que viven de los presupuestos públicos”, agrega. “Lo cierto es que se pierden. No se sabe dónde van”.

 

LAS CIFRAS

Solo 646 permisos  de 31.740 solicitudes de asilo

España recibió en 2017 31.740 solicitudes de asilo y refugio, pero solo concedió 646 permisos, según el Ministerio del Interior. Al contrario de lo que se puede pensar, por las imágenes transmitidas por los medios, de todos los que pedían refugio, la mayoría no venía de Siria, sino de Venezuela. Fueron 10.629 venezolanos; lo consiguieron solo 16. La mayor parte de los que sí logró asilo venía de Eritrea.

¿Qué pasó con los que no recibieron el estado solicitado? El ministerio no tiene los datos exactos, pero creen que están paralizados en el caos y la falta de recursos que reina en la Oficina de Asilo y Refugio. “No tiene tradición”, explican. “Se creó en 1992. Y trabajaban con un pequeño número de solicitantes. A partir de 2015 las cifras subieron estrepitosamente, y se colapsaron”. Este año, hasta finales de junio habían recibido 25.681 solicitudes. Y la previsión era alcanzar las 50.000 a final de año.

 

Muertes en el Mediterráneo

Aunque la mayor parte de los que pedían refugio en España no venía por mar, sino por aire, lo cierto es que donde corren más peligro es en el mar, y en España ni siquiera piden refugio porque no quieren quedarse. Están de paso. Prefieren refugiarse en países más estables, donde saben que sus posibilidades aumentan.

Con la política de cierre de puertas de Italia y el descenso de los llegados a Grecia, España se ha convertido en la principal ruta de personas migrantes y refugiadas por mar, que se dirigen a Europa. Fueron, según explica la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), más de 20.000 llegadas hasta inicios de julio y representan cerca del 40% del total de la UE. Pero estas cifras son la mitad que hace un año. Pasaron en Europa de 102.800 a 54.500 en el mismo período del año anterior.

“La política de cierre de puertos de los Gobiernos de Italia y Malta”, agregan desde CEAR, “y los continuos obstáculos a los barcos de rescate en el Mediterráneo central están provocando que las personas busquen rutas alternativas para poner a salvo sus vidas”.

Como consecuencia de estas y otras políticas, se ha triplicado el porcentaje de muertes por llegadas en el Mediterráneo central. Este año han muerto 6 de cada 100 personas que lo intentan. 

Hasta julio, murieron en el Mediterráneo 1.524 personas. “Son las cifras que se saben, de los muertos que se encuentran”, agrega el catedrático Antonio Izquierdo. “Lo que no se contabiliza es lo que no se encuentra. ¿Cuántas personas realmente viajaban y desaparecieron?”.