La industria química gana la batalla
Glifosato: La Unión Europea da libertad a los países en el uso del herbicida, a pesar de que la OMS dice que es “posiblemente cancerígeno”.
Sofia Gatica (centro) y otras dos mujeres se manifiestan contra el glifosato en Córdoba (Argentina). FOTO: THE GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE
El glifosato de la marca Roundup es el producto estrella de la multinacional Monsanto, y uno de los más utilizados en agricultura, jardinería y espacios públicos de todo el mundo. Se trata de un herbicida; es decir, un producto químico que permite eliminar las malas hierbas que crecen y restan fuerza, o matan, a los cultivos (que deben ser transgénicos para resistir el producto). Casi todas las verduras y hortalizas que comemos en España tienen algún pesticida y/o herbicida, y es muy probable que uno de ellos sea el glifosato. Sacar las hierbas de forma ecológica puede implicar un tedioso —y costoso— trabajo manual.
Las organizaciones ecologistas vienen denunciando desde hace años los efectos nocivos de éste y otros herbicidas, tanto para la salud como para el medio ambiente. Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), les dio indicios de razón al elevar el riesgo del glifosato a “posiblemente cancerígeno”; es decir, con “evidencia limitada” de que causa cáncer.
Tres responsables de evaluar el herbicida trabajan para la industria
España es uno de los países que continúa dando vía libre a su uso
El sistema de clasificación de la OMS, basado en extensos estudios independientes, va colocando en una lista los productos, entre no cancerígenos (sólo hay uno, la caprolactama, una molécula clave en la síntesis del nilón); los “no clasificables” (503 productos); los “posiblemente cancerígenos” (287); los “probablemente cancerígenos” (74) y los “cancerígenos” (117). Entre los productos cancerígenos están la radiación solar y el tabaco. Y entre los probablemente cancerígenos como el glifosato, está algo tan extendido en Sudamérica como el mate caliente (cosa que genera también inquietud entre sus consumidores y la industria).
CINCO MIL MILLONES
A partir del aviso de la OMS, varios países se replantearon su uso y el debate se reabrió en el Parlamento Europeo. Después de un mes de discusiones, Europa sentenció que, pese a la advertencia de la OMS, cada país sería libre de prohibir o dar libertad a su uso.
Está mucho en juego, no sólo las ventas del RoundUp, que el año pasado llegó a unas cifras comerciales de 5.000 millones de dólares para Monsanto, sino también las ganancias de otras compañías químicas que producen herbicidas con glifosato (la patente de la multinacional expiró en 2000). Y, sobre todo, un modelo de agricultura a gran escala, con menores costes de mano de obra y mantenimiento, es decir, más económico.
“El problema no es el glifosato. El problema está en el modelo de agricultura”, afirma Joanma Mesado, secretario técnico de La Unió, organización valenciana de agricultores y ganaderos que representa a más de 20.000 personas. “Es un modelo de políticas agrarias que no ayuda a los pequeños agricultores, y por el contrario beneficia a los grandes”.
Los agricultores se quejan de no tener apoyos económicos suficientes para poder producir de otra manera, aunque las organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción insisten en que hay alternativas.
En cualquier caso, España es uno de los países que continúa dando vía libre al glifosato. Dinamarca y Suecia ya lo prohibieron no sólo por el riesgo de cáncer, sino porque también ha sido relacionado con otras enfermedades como malformaciones en fetos, enfermedad celíaca, autismo e insuficiencia renal. Holanda está en camino para usarlo sólo en jardines. En Colombia, su presidente, Juan Manuel Santos, anunció que dejaría de utilizar el glifosato para fumigar y hacer desaparecer los cultivos ílicitos, en su plan de lucha antidroga. En Francia, la ministra de Ecología, Ségolène Royal, anunció que su país prohibirá, a partir de 2016, la venta libre del herbicida en tiendas de jardinería. En España lo han prohibido, para uso público, algunos pequeños pueblos.
DE LA INDUSTRIA A LA POLÍTICA
En la Unión Europea, Alemania es la encargada de redactar los informes de seguridad del glifosato. En 2012, la Comisión debía reaprobar su uso (se revisa cada 10 años) y de otros 39 pesticidas. Pero la decisión, que debía votarse después de las recomendaciones de científicos alemanes, se trasladó a 2015. La razón esgrimida fue que la Comisión y la Autoridad de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) tenían sobrecarga de trabajo.
Finalmente, el informe alemán, que fue entregado en 2014, concluyó que “los datos obtenidos no muestran que el glifosato sea cancerígeno”. Alemania recomendó incluso ampliar el permiso de uso del pesticida de 0,3 a 0,5 mg por kilo diario.
La ONG Corporate Europe, que investiga las relaciones entre la política europea y las empresas, y el posible tráfico de influencia de los lobbies, denunció que en el actual Comité Federal para la Evaluación de Riesgos (BFR, en siglas alemanas), “tres científicos de los que se sientan en el panel sobre pesticidas son empleados de BASF y Bayer, dos de los mayores productores de pesticidas”. La organización da los nombres de Monika Bross e Ivana Fegert, de BASF, y Frank Pierre Laport, de Bayer CropScience; y denuncia que es una situación repetida en comités de años anteriores. Alemania se defiende argumentando que lo hace conscientemente, en todos sus comités científicos. Muchos hechos sobre, por ejemplo, cosméticos y plásticos, sólo pueden ser juzgados por la gente que trabaja con ello, responden las autoridades alemanas.
Un grupo de organizaciones, reunidas en la Pesticide Action Network (PAN), pidieron a las autoridades europeas y alemanas tener acceso a los estudios sobre toxicidad crónica del herbicida. La respuesta fue negativa porque se revelaban secretos industriales.
Alemania reconoce en su informe que utilizó datos del Glyphosate Task Force, un consorcio de empresas que defienden el herbicida y que en su página web minimiza los resultados de la OMS diciendo que “la diferencia entre peligro y riesgo es a menudo mal interpretada”.
El glifosato no es el único al que apuntan las ONG y la OMS. Ambos alertan también sobre los disruptores endocrinos, presentes en pesticidas y herbicidas, en los cosméticos, en el agua y en muchos otros productos.
Si podía haber dudas sobre la independencia del comité científico alemán, mejor no dar la responsabilidad al Reino Unido, que vendió directamente su Agencia de Investigación sobre Alimentación y Medio ambiente, con más de 400 especialistas, a la empresa Capita. En Reino Unido los pesticidas también tienen vía libre.
La mala noticia es que las malas hierbas comienzan a ser resistentes al famoso herbicida; y lo que viene son productos todavía más fuertes.
PUEBLOS FUMIGADOS
Las madres de Ituzaingó
Un grupo de madres argentinas se hizo famoso en el mundo y no son las madres de Plaza de Mayo.
Son las madres de Ituzaingó. El lugar es un barrio de unos 5.000 habitantes ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina. Rodeado de campos de soja transgénica, se rociaba glifosato desde aviones. Sofía Gatica fue la impulsora. Tras perder a su hija por cáncer, fue la primera en comenzar a pedir explicaciones, al ver con frecuencia en su barrio a personas con pañuelos en la cabeza y mascarillas. En poco tiempo el grupo de madres reveló 200 casos de cáncer en el barrio, muchos de ellos eran jóvenes menores de 25 años. A partir de entonces comenzó una lucha contra el glifosato, y principalmente contra Monsanto, la empresa más arraigada en la zona. El grupo va tejiendo raíces en los llamados “pueblos fumigados”, cerca de plantaciones en Argentina y otros países de América Latina.
Desde 2010 hasta hoy la Red Universitaria de Médicos de Pueblos Fumigados ha ido haciendo un mapeo de la incidencia del cáncer en Argentina. Su coordinador, Medardo Ávila-Vázquez, un pediatra de la Universidad de Córdoba, publicó un informe en febrero pasado en el que sugiere que el 30% de las muertes en las zonas de agricultura intensiva es por cáncer, a diferencia del promedio nacional, donde es del 20%. Según este estudio, el aumento de las muertes por cáncer creció exponencialmente a partir del año 2000, coincidiendo con el uso de glifosato y otros agroquímicos.
