La sombra de Monsanto sobre la UE
Glifosato: Europa renueva por otros cinco años la autorización del herbicida más vendido y también polémico, que la OMS considera“probable cancerígeno”.
Manifestación contra el uso del glifosato en Bruselas. FOTO: Corporate Europe Observatory
El glifosato es el principal componente del Roundup, el herbicida más vendido en el mundo y que comercializa la firma estadounidense Monsanto. En 2016, el gigante químico alemán Bayer compró la empresa que comercializa el pesticida calificado un año antes como “probable cancerígeno” por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), una agencia especializada de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras años de discusiones, la Unión Europea ha renovado hasta el año 2022 la autorización vigente del glifosato, imprescindible para que se permita la venta del herbicida.
Los riesgos para la salud pública no parecen haber pesado en la decisión, o menos que otros factores. Bruselas y una mayoría de estados miembros saben que la agricultura mundial es hoy enormemente dependiente de los herbicidas a base de glifosato: las diferentes empresas que lo comercializan venden cada año 800.000 toneladas (300 veces más que hace cuarenta años). Y el Roundup aporta cerca del 40% de los 15.000 millones de dólares de volumen de negocio de Monsanto.
El procedimiento de autorización es una competencia que la Comisión comparte con los Estados. Durante dos años, había sido imposible que los gobiernos europeos alcanzaran una mayoría sobre qué hacer con el glifosato. El desacuerdo interno comportó que en 2016 Bruselas prolongara la autorización hasta ahora.
“La Comisión Europea no tiene la intención de volver a aprobar el uso del glifosato sin el apoyo de una mayoría cualificada de Estados “, venía asegurando el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis. Sin mayoría cualificada, el Ejecutivo comunitario podía decidir en solitario, pero era arriesgado. Finalmente, votaron a favor 18 países y vencieron al grupo que se resistía, liderado por Francia, y Alemania cambió su abstención anterior por un sí. Los exámenes periciales de la Comisión la hacían favorable a renovar su autorización. Por su parte, el Parlamento Europeo propuso el pasado 24 de octubre una prolongación de tres años antes de ser prohibido, plazo que considera necesario para que los agricultores adapten sus prácticas.
Pero, ¿por qué, en noviembre de 2015, la Echa, agencia europea de productos químicos, y después, en marzo de este año, la Efsa, agencia europea de la seguridad alimentaria, dijeron que no había riesgos cancerígenos ligados a la exposición al glifosato cuando la “monografía 112” del CIIC (la citada agencia de la OMS), publicada el 29 de julio de 2015, la clasifica como “probablemente cancerígena para el hombre”?
“No es habitual que las agencias públicas estén tan en desacuerdo”, comenta Martin Pigeon, miembro de la organización Corporate Europe Observatory (CEO), que actúa como contrapeso a los lobbies. Para las ONG de defensa del medioambiente, la influencia de los grupos industriales Monsanto, Syngenta y Adama Deutchland, entre otros, sobre las agencias europeas es innegable porque las evaluaciones de estas últimas se basan en datos de la industria.
De hecho, según la reglamentación europea sobre los productos fitofarmacéuticos, son las empresas que piden autorización para entrar en el mercado las que tienen que demostrar la inocuidad de sus productos. “La carga de la prueba corresponde a los industriales, que son los que tienen que costear los estudios”, recuerda Guilhem de Seze, jefe del departamento de productos reglamentarios en la Efsa.
La reglamentación europea confía a los expertos de un “Estado miembro ponente” la misión de analizar ese dossier. Y el Estado, elegido por los industriales, no ha sido otro que… Alemania, cuyo BFR, el instituto federal de evaluación de riesgos, fue el encargado de la autorización del glifosato en 2002. El análisis del BFR y, después, de la Efsa ha sido motivo de controversia.
Recapitulemos: un grupo de industriales reunidos en el seno de la Glyphosate Task Force elaboraron un dosier de candidatura que supuestamente recogía y analizaba los estudios pertinentes sobre el glifosato y daba a las autoridades el acceso a estudios protegidos por el secreto comercial, financiado en laboratorios privados.
En 2012, se remitió ese dosier al BFR. El Estado ponente es el encargado de verificar los datos y estudios de las empresas y compararlos con otras fuentes para realizar un primer análisis. Pero el pasado 14 de septiembre, The Guardian reveló que decenas de páginas del informe del BFR eran un corta y pega del dossier de candidatura de la Glyphosate Task Force.
MÉTODOS DIFERENTES
Así, los métodos de trabajo del CIIC y de la Efsa (por la vía del BFR) difieren. El primero no tiene en cuenta más que estudios publicados, consultables, generalmente estudios universitarios. Varios de ellos tendían a probar una vinculación entre cáncer y exposición al herbicida. “Un investigador universitario”, explica Guilhem de Seze, de la Efsa, “testa generalmente varias hipótesis en reducidos números de animales. Ese número es con frecuencia insuficiente para deducir de él un valor estadístico. Puede ocurrir que no tengan el suficiente peso como para ayudar a elaborar reglas. Los estudios reglamentarios están muy definidos y tienen protocolos de mucho mayor peso”. Las empresas pueden pagar mejor que las universidades.
La industria es la que paga los estudios sobre el efecto de sus productos
Los agricultores ven difícil prescindir del glifosato: les es rentable
El informe de evaluación redactado por el BFR estuvo sometido en 2013 a una consulta pública antes de ser examinado por expertos nombrados por los gobiernos de la UE, que decidieron la no cancerogenicidad del glifosato en la evaluación de la Efsa.
Pero los estudios confidenciales sobre los que se apoyó el BFR carecen de transparencia y su interpretación es objeto de críticas sobre su “falta de credibilidad”, como la del toxicólogo Christopher Portier, ex director del centro americano para el control y la prevención de enfermedades. Portier pudo analizar los datos brutos de los estudios de la industria a los que, en septiembre de 2016, tuvieron acceso diputados ecologistas del Parlamento Europeo y el Corporate Europe Observatory. Descubrió ocho “aumentos significativos” de tumores que no aparecen en la evaluación del BFR, el Efsa y la Echa.
Tras la monografía de la agencia de la OMS, el BFR admitió que, en algunos estudios sobre el glifosato, el número de tumores había aumentado en los roedores sometidos a los tests. “Es como si las agencias europeas no hubieran querido ver el conjunto de pruebas que habrían permitido clasificar el glifosato como probablemente cancerígeno”, dice con asombro Peter Clausing, toxicólogo, militante de Pesticide Action Network.
En la controversia se han involucrado los ciudadanos: 1,3 millones de europeos firmaron la iniciativa ciudadana europea Stop Glyphosate. Piden que el procedimiento de autorización de los pesticidas sólo se base en estudios publicados. Alegan argumentos de salud pública y de respeto al medioambiente para acabar con el glifosato. Frente a ello, los agricultores destacan la dificultad de prescindir de ese herbicida, que les garantiza buenos rendimientos. Sin embargo, son ellos los más expuestos al glifosato. Las posibles alternativas (rotación de los cultivos, cubierta vegetal para ahogar las malas hierbas, desbrozo mecánico selectivo) no son fáciles de aplicar: exigirían una revisión profunda del modelo agrícola.
'MONSANO PAPERS'
Firmar un estudio... o elaborarlo
En Estados Unidos, ha habido más de 250 demandas contra Monsanto, el gigante de la biotecnología y los herbicidas, por víctimas de cáncer. La justicia estadounidense ha obligado, en consecuencia, al grupo a desclasificar millones de documentos internos, entre ellos emails, sms y notas confidenciales, en los que se descubre que, para influir en las agencias encargadas de las reglamentaciones, Monsanto ha manipulado datos científicos comprando a investigadores de renombre. El diario Le Monde ha informado de la práctica de la “escritura fantasma”, que consiste en escribir un texto en lugar del firmante del mismo, para beneficiarse de su notoriedad. Así, se cree que hay centenares de compilaciones de estudios firmadas por científicos de renombre y probablemente escritas por… los equipos de Monsanto. Todas apuntan que es inocuo. La Efsa admite que ha tenido en cuenta esos estudios, pero dice que su peso en el trabajo de las agencias ha sido mínimo, y que no se ha dejado engañar.
