La UE, clave en el ‘caso Castor’
Polémica: El mecanismo de los Project Bonds, que ahora sirve de inspiración al Plan Juncker, forzó el pago de la indemnización a Florentino Pérez por su proyecto fallido.
Instalación del Castor, frente a la costa de Vinaròs (Castellón). FOTO: ACS
El Plan Juncker, que aspira a movilizar 300.000 millones de euros para financiar proyectos estratégicos en la Unión Europea, relacionados sobre todo con las infraestructuras y la energía, tiene un prefacio del que apenas parece acordarse nadie: los Project Bonds. Y eso que tuvo como símbolo nada menos que al polémico Proyecto Castor.
En plena tormenta financiera, la Unión puso en marcha el programa de Project Bonds con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para atraer también capitales privados con el mismo fin, y este vehículo ha aportado ya financiación a nueve proyectos. El primero, vendido en su día a bombo y platillo, fue Castor, el almacén de gas frente a la costa de Castellón promovido por Florentino Pérez que ha tenido que ser congelado por los movimientos sísmicos que ocasionaba.
La broma costará al consumidor español, por la vía del recibo del gas, un mínimo de 2.700 millones de euros en los próximos treinta años, en parte cortesía del programa de Project Bonds: la UE blindó el proyecto en 2013, cuando arreciaban las críticas por su impacto sísmico y por su dudoso sentido económico en tiempos de crisis, al acogerlo como primer y emblemático Project Bond. Ahora ha habido que pagar a toda prisa porque vencía el plazo que se dio a los inversores que compraron bonos por valor de 1.400 millones vinculados al proyecto para que el almacén entrara en funcionamiento. ¿Se imaginan los efectos para España y para la UE de una multimillonaria suspensión de pagos en el proyecto estrella de un plan de Bruselas?
El papel de los Project Bonds en el desastre de Castor apenas ha sido examinado oficialmente, pero el pasado noviembre varios grupos de la izquierda española (IU, ICV, Podemos, Equo y Compromís) organizaron un debate en la Eurocámara al que asistieron activistas de la Plataforma de Vecinos de Vinaròs y de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia, organizaciones de fiscalización de las instituciones europeas como Counter Balance y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), diputados autonómicos de Catalunya y la Comunidad Valenciana y activistas italianos críticos con un proyecto en Venecia financiado con el mismo programa.
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El resultado fue una crítica feroz del funcionamiento de este vehículo, antecedente inmediato del Plan Juncker, tanto por los proyectos seleccionados como por su impacto final. “Lo que hace el mecanismo, y en Castor se vio muy bien, es ayudar a sacar adelante proyectos más que dudosos en los que la inversión privada no asume ningún riesgo porque se garantiza la socialización de las pérdidas”, resumió Mònica Guiteras, de la ODG. “El Plan Juncker no ha aprendido la lección de los Project Bonds”, lamentó Xavier Sol, de Counter Balance.
EL BEI SE ESCONDE
El representante del BEI comprometido a acudir el debate, Nicholas Jenett, se ausentó en el último momento, pero sí dio la cara, en nombre de la Comisión Europea, Giorgio Chiarion-Casoni, responsable del área de financiación de infraestructuras de la comisaría de Asuntos Financieros y Económicos. Chiarion-Casoni aguantó el chaparrón como pudo, sin ocultar su sorpresa a medida que iba escuchando detalles sobre lo ocurrido con Castor y en el proyecto en Venecia, que aparentemente desconocía: “Si yo fuera español, también estaría muy enfadado”, llegó a afirmar Chiarion-Casoni, quien pidió que se distinguiera entre el instrumento de los Project Bonds y su aplicación en casos concretos.
“Una cosa es el vehículo financiero, que puede ser muy útil, y otra es si ha funcionado bien o mal en el caso de Castor. Para mí, es evidente que en el proyecto de Castor no ha ido bien, pero ello no nos debe llevar a dudar del instrumento, sino a intentar mejorarlo para evitar que se den casos de mal uso”, afirmó Chiarion-Casoni, quien añadió: “Estoy de acuerdo en que no puede ser que todos los riesgos los asuman sólo los poderes públicos”.
Eso sí: mientras tanto, el Plan Juncker avanza como si no hubiera tenido ningún prólogo.
