Lejos del glamour y las pasarelas

La industria textil que vende en el primer mundo produce en países donde la corrupción y los regímenes políticos permiten condiciones indignas, esclavitud y trabajo infantil.

Protesta por las condiciones de los trabajadores del sector textil en Bangladesh. FOTO: Carole Crabbé/Clean Clothes Campaign

Fue un escándalo público. Al menos 1.100 muertos en el derrumbe de una fábrica en Bangladesh el mes pasado. Los medios de comunicación lo sacaron con grandes fotografías. El edificio estaba en pésimas condiciones y las trabajadoras —son en su mayoría mujeres— pasaban sus horas laborales en condiciones infrahumanas, cosiendo para grandes marcas.

La historia no comenzó allí. La campaña internacional Ropa Limpia viene denunciando desde hace años las pésimas condiciones de trabajo de las fábricas textiles bengalíes y de otros países donde la situación es similar. Justamente pocos días antes de la catástrofe habían publicado el informe Fatal Fashion, donde describían de manera detallada los incendios de 2012, que arrasaron las instalaciones de las fábricas Ali Enterprises y Tazreen Fashions. Habían muerto 400 personas y centenares más resultaron heridas. Antes de 2012 también pasaba. “Edificios que no respetan las normas de construcción, protocolos de emergencia que brillan por su ausencia, salidas de emergencia bloqueadas o inexistentes, hacinamiento de trabajadores/as en las fábricas e inadecuados mecanismos de control por parte de las transnacionales... han conducido a este número tan elevado de víctimas”, indicaba el informe. “A día de hoy, muchas de las familias afectadas por los incendios todavía no han recibido una indemnización adecuada”.

Pero lo peor no es que antes sucediera, sino que unos días después, en otra parte del mundo, volviera a suceder. Esta vez el incendio fue en otra fábrica textil en Camboya. Murieron dos personas y otras tantas resultaron heridas, algo poco jugoso para los medios.

Nada indica que fuera de Bangladesh no vuelva a haber damnificados de la industria textil, porque no han cambiado las condiciones generales de la industria, que vende en escaparates del primer mundo, sin ninguna traba comercial.

A la semana del derrumbe de Bangladesh, la campaña Ropa Limpia había conseguido un millón de firmas para que muchas grandes marcas de ropa firmaran el Acuerdo de Incendios y Seguridad de Edificios en Bangladesh, que obliga a las subsidiarias de las empresas a pasar unas inspecciones independientes. Pero lo cierto es que el acuerdo descansaba sobre los escritorios de las grandes empresas desde hacía varios años, y no habían querido firmarlo.

Ahora lo han hecho, han firmado bajo la presión internacional de la campaña, de los medios y de los gobiernos europeos y de Estados Unidos, que han amenazado a Bangladesh con quitarle los beneficios de importación.

La producción pasa de país en país, allí donde los gobiernos permiten condiciones indignas

Después del derrumbre del Rana Plaza continuaron los accidentes

Pero el problema es que el trabajo en condiciones insalubres, con salarios que según los sindicatos internacionales no alcanza para pagar la canasta básica, es el modus operandi de la industria textil en muchas partes del mundo. Los impulsores de la campaña temen ahora que las marcas de ropa se vayan de Bangladesh a otros países —por ejemplo, Camboya y Birmania—, donde los derechos sindicales están en entredicho. “El acuerdo es por cinco años y muchas de las que han firmado ya están planteando irse”, explica Eva Kreisler, portavoz de Ropa Limpia en España. “Eso es lo peor que pueden hacer. La gente necesita trabajar. Deben quedarse y mejorar las condiciones”.

La industria textil en Bangladesh es uno de los sectores económicos más importantes del país y da trabajo a 3,5 millones de personas, según la Asociación de Manufactureros y Exportadores de Bangladesh. Junto con Camboya, el país asiático es el principal productor, aunque también se produce en India, Pakistán (donde el último accidente, en septiembre pasado, dejó 300 muertos). Y en maquilas de Centro y Sudamérica, igualmente en condiciones laborales cuestionadas, donde las trabajadoras sufren violaciones, malos tratos, salarios por debajo de convenio, horarios laborales de más de ocho horas, y otras condiciones insalubres.

La ley, o su cumplimiento, no está a favor de los trabajadores en esos países. Mohammed Sohel Rana, dueño del edificio Rana Plaza, ha sido arrestado junto a ocho personas. Pero de las compañías multinacionales que le compraban, como El Corte Inglés, solo ha habido la firma de intenciones. Ningún miembro de las transnacionales que encargaban allí ha sido juzgado legalmente.

“Hay algo estructural que falla, y es que no hay un organismo que vigile el cumplimiento de los derechos laborales y que sancione”, añade Kreisler. “No hay un tribunal que juzgue, ni en el textil ni en otros sectores, a las empresas multinacionales que subcontratan a empresas que trabajan en condiciones de esclavitud o semiesclavitud. Por eso, nosotros nos agarramos muchas veces de la responsabilidad social corporativa, acogiéndonos a los propios códigos de conducta, aunque ni siquiera se cumplen”.

Miembros de Ropa Limpia están estudiando las posibilidades legales de demandar a las grandes empresas. Una de las experiencias que están considerando es la de Argentina, donde es común que las marcas compren a talleres ilegales para que cosan mujeres secuestradas del altiplano boliviano en situación de esclavitud (véase artículo aparte). La ley de trabajo a domicilio prevé que fabricantes e intermediarios sean responsables solidariamente de las condiciones en que se desarrolla el trabajo.  Pero la seguridad jurídica no termina de funcionar. Han demandado, entre otros, a la española Inditex, dueña de Zara, cuyas etiquetas se descubrieron allí. “No se cumple”, replica Lucas Scherer, de la Fundación La Alameda, que lucha en contra de la trata de personas y el trabajo esclavo en Argentina. “Las empresas pagan una multa irrisoria y todo sigue como comenzó”.

Si se amplía el foco, el textil no es el único sector que produce de esa manera. Brasil, con una economía en pleno crecimiento, no llega a juzgar la cantidad de trabajo esclavo. En cambio, ONG y el mismo gobierno actualizan cada seis meses una “Lista sucia” de empresas esclavistas para dejarlas en evidencia.  Son miles de personas en esas condiciones, actualmente sobre todo en la agricultura.

Nada parece que pueda mejorar hasta que cambien las reglas del juego.

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