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Los ayuntamientos retoman el control

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Febrero 2017 / 44

Remunicipalización: Ciudades y pueblos de toda España vuelven a asumir la gestión de servicios básicos como el agua, la recogida de basuras o los cementerios.

La gestión del agua está volviendo a manos públicas. FOTO: ANDREA BOSCH

Una de las tendencias que nos deja 2016 en materia económica es la remunicipalización de los servicios públicos. Sus protagonistas son los ayuntamientos surgidos de las elecciones municipales del año anterior, que se han lanzado a recuperar la gestión de servicios que durante las décadas anteriores fueron cayendo en manos de empresas privadas. Todo apunta que la tendencia continuará en 2017.

Uno de los últimos en subirse a la ola ha sido el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por el PSOE con apoyo de los grupos Toma la Palabra (IU+Equo) y Sí se Puede (Podemos). La capital de Castilla y León decidió recuperar la gestión pública de la distribución de agua a partir del 1 de julio, cuando expira el contrato con la empresa Aguas de Valladolid, filial del grupo Agbar. La concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, explica que una sociedad pública de nueva creación se hará cargo de la labor y que destinará sus beneficios a mejorar la calidad del servicio y unas infraestructuras cuyo mantenimiento, según ella, ha sido “deficiente” en los últimos años.

De todos los servicios públicos, la distribución de agua es el que más rápidamente está volviendo a manos públicas. En noviembre pasado, una docena de alcaldes firmaron en Madrid la Declaración por la gestión pública del agua, en la que sostienen que un bien como ese “no puede ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados”. Los regidores —entre ellos los de Barcelona, Córdoba, A Coruña, Madrid, Santiago, Terrassa, Valencia, Valladolid y Zaragoza— expresaron su apoyo a los procesos en curso “para recuperar la gestión pública, democrática y transparente, que garantice la rendición de cuentas hacia la ciudadanía”. 

A la oleada remunicipalizadora del agua se han sumado numerosas ciudades de todo el mundo en lo que va de siglo. El Transnational Institute, una entidad dedicada a la defensa de la democracia, la justicia social y el medio ambiente, subraya que el agua ha pasado de manos privadas a manos públicas en 235 ciudades de 37 países entre los años 2000 y 2015, con más de 100 millones de personas afectadas. “El ritmo de remunicipalizaciones está acelerándose significativamente”, afirma el documento, que destaca los casos de Atlanta, Berlín, Buenos Aires, París y Yakarta. 

La gestión privada, ya sea a través de empresas mixtas o totalmente, abastece de agua a algo más de la mitad de la población española. Dos empresas controlan prácticamente todo el mercado privado: Agbar y Aqualia, filial del gigante de la construcción y los servicios FCC.

 

MOTIVOS DIVERSOS

¿Por qué se remunicipaliza el agua? Los motivos son diversos. Los ayuntamientos sostienen que su intención es prestar un mejor servicio a menor coste, garantizando al mismo tiempo los derechos laborales y el respeto al medio ambiente. En ocasiones la remunicipalización se justifica por la mala calidad del servicio prestado, el precio excesivo que pagan los ciudadanos o el incumplimiento de las condiciones contractuales.

Una fuente del sector privado que pidió el anonimato afirma que el único motivo tras la remunicipalización de servicios es ideológico y desmiente que servicios como el agua sean más caros bajo gestión privada o de menor calidad. En apoyo de sus argumentos, la misma fuente asegura que en Dinamarca, donde el servicio está privatizado, el agua se paga a un precio cuatro veces más alto que en España.

La gestión del agua es la que más rápido vuelve a manos públicas

Una cuestión difícil de resolver es el futuro de los trabajadores

Barcelona es un caso especial. En marzo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló el contrato firmado en 2012 por el Área Metropolitana de Barcelona y Agbar para abastecer de agua a 23 municipios al considerar que la Administración no justificó adecuadamente su decisión de no convocar un concurso público para adjudicarlo. El tribunal resolvía así los recursos presentados por Acciona, FCC y Aguas de Valencia, que se sintieron perjudicadas por la decisión. Agbar ha recurrido al Tribunal Supremo.

Ocho meses después, el pleno del Ayuntamiento presidido por Ada Colau dio el primer paso para hacerse con el control de la distribución del agua al aprobar una propuesta al respecto con los votos favorables de Barcelona en Comú, ERC, PSC y CUP. La entrada en vigor de la decisión supondrá la desaparición de la sociedad mixta público privada que presta actualmente el servicio, formada por Agbar (70%), los ayuntamientos (15%) y Criteria, brazo inversor de Caixabank (15%).

Aunque el agua es la gran protagonista de los procesos remunicipalizadores, la tendencia abarca numerosos sectores: desde la limpieza, la recogida de basuras y la gestión de instalaciones deportivas, hasta el transporte, el mantenimiento de parques y los servicios de socorrismo y salvamento en las playas. Pamplona, por ejemplo, aprobó en el último pleno del año, celebrado el 30 de diciembre, recuperar la gestión directa del servicio de atención a domicilio. El consistorio prevé ahorrar un 5% del coste que ahora paga por el servicio. 

En septiembre, Madrid remunicipalizó por completo los servicios funerarios, primera medida de esta índole adoptada por el Gobierno encabezado por Manuela Carmena. El Ayuntamiento de la capital prevé que la nueva sociedad completamente municipal arrojará beneficios y no tendrá necesidad de pedir préstamo alguno a los bancos. La sociedad gestionará 14 cementerios, 2 tanatorios y 2 crematorios, una labor que hasta ahora ejercía una sociedad conjunta del Ayuntamiento (51%) y la empresa privada Funespaña (49%).

 

AHORRO DE COSTES

Oviedo asumió hace un año la gestión del vivero de empresas Ciencias de la Salud con el objetivo de ahorrar 180.000 euros al año y activar el complejo. A Coruña remunicipalizó cinco de las ocho bibliotecas municipales gestionadas por la empresa Eulen, una vez extinguido el contrato, medida con la que pretende ahorrar medio millón de euros. Castelldefels (Barcelona) es de los escasos municipios que han asumido la limpieza y recogida de basuras con el objetivo de ahorrar una cantidad similar. La localidad asturiana de Grado ha hecho lo mismo.

Una de las cuestiones más difíciles de resolver cuando se remunicipaliza un servicio es quién se hace cargo de los trabajadores de las empresas afectadas. En el caso de los cementerios madrileños, los 519 trabajadores procedentes de la sociedad mixta que gestionaba el servicio han pasado a ser empleados del Ayuntamiento mediante la subrogación. En Pamplona, la remunicipalización del servicio de asistencia a domicilio también traerá consigo la subrogación de 166 trabajadoras, que tendrán la consideración de indefinidas no fijas hasta que se convoque una oposición para cubrir las plazas de manera definitiva.

Las ciudades prometen un mejor servicio y más barato

Las empresas opinan que se trata de una cuestión ideológica

Zaragoza, gobernada por Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, municipalizó el 1 de enero el servicio de atención telefónica municipal 010, que llevaba externalizado diecinueve años. El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, explicó que las trabajadoras se encontraban en una situación de “absoluta precariedad laboral”, con salarios de 800 euros mensuales y las últimas nóminas se habían pagado con retraso. El Ayuntamiento se ha hecho cargo de las 14 trabajadoras que prestan el servicio, pero sólo de manera temporal. Las plazas se adjudicarán mediante la convocatoria de una oposición en la próxima oferta pública de empleo.

La oleada de remunicipalizaciones tiene sus detractores no sólo en el Partido Popular, cuyos ayuntamientos han privatizado numerosos servicios en las últimas décadas, sino también en el PSOE. Valeriano Gómez, que fue ministro de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero, cree que desprivatizar puede acarrear la pérdida de puestos de trabajo y un deterioro de las condiciones laborales. “La gestión privada de servicio público es un modelo de éxito más que razonable en todos los mercados en que opera”, declaró Gómez durante el I Foro de Servicios Públicos Municipales, celebrado en octubre en Madrid. Gómez considera que la clave de ese éxito es que, aunque la prestación del servicio sea privada, la propiedad, la regulación y la supervisión siempre queda en manos de la Administración correspondiente.