Los contratos públicos se socializan
Dinero bien gastado: La directiva europea de 2014 y el nuevo municipalismo impulsan las cláusulas sociales para lograr una mejora social y medioambiental.
El restaurante del Museu Marítim de Barcelona ganó puntos en el concurso gracias a su responsabilidad social. FOTO: ANDREA BOSCH
En un aspecto las cosas están cambiando, y para bien. Es en lo relacionado con la contratación pública en España. Cada vez más ayuntamientos incluyen en sus contratos públicos cláusulas sociales. Y cada vez esas cláusulas sociales son más amplias e incluyen más especificaciones, en favor de los pequeños, de las pymes, de la calidad del empleo, de los colectivos más vulnerables o desfavorecidos. La idea básica que prima es que la contratación pública no es sólo un recurso de compra de productos o servicios, que apunta al mejor postor por su precio, sino también un efectivo agente responsable de mejora social.
Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Avilés, Vitoria-Gasteiz, Badajoz, Sevilla, Valladolid, Castellón, Córdoba, Pamplona, Girona, Vilanova i la Geltrú… La lista de los que están trabajando hacia una contratación pública más responsable y sostenible, es larga…
Según el Observatorio de Contratación Pública de Zaragoza, la contratación pública representa sobre el 18,5% del PIB de España.
“En algunos lugares, hace mucho que se utilizan las cláusulas sociales, pero en los últimos tiempos hay un boom”, afirma Leire Álvarez de Eulate, responsable de Contratación Pública Socialmente Responsable de la Red de Economía Alternativa y Solidaria- Reas Euskadi. “Este boom coincide con el nuevo municipalismo y con la entrada en vigor de la directiva europea de contratación pública, a principios de 2014. Esta directiva zanja definitivamente las disquisiciones sobre la legalidad de las cláusulas sociales y deja claro que la contratación pública no es un fin en sí misma ni exclusivamente un medio para conseguir productos y servicios en las condiciones económicas más ventajosas para la Administración, sino que es sobre todo una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Hace unos años, cuando se planteaban estas cuestiones a las administraciones públicas, había muchas más reticencias y parecía que la contratación pública era intocable”.
“Nosotros empezamos en 2008”, cuenta Ana Riesgo Pérez, que trabaja desde hace años en las cláusulas sociales en el Ayuntamiento de Avilés, de los pioneros en España y ejemplo para otros ayuntamientos. “Las cláusulas son de obligado cumplimiento para todo tipo de contratos de más de 100.000 euros o cuatro meses. Se trabaja en tres pilares: inserción de colectivos en dificultades, promoción de la igualdad y calidad en el empleo. Estos tres pilares se estudian en todas las fases del procedimiento”.
Aunque algunos ayuntamientos ya venían trabajando con cláusulas sociales, lo cierto es que en el último año, éstas se están mejorando y ampliando; el asunto está en el candelero como nunca antes, y se seguirán mejorando las políticas.
Francisco Blanco, director de Coordinación de Contratación Administrativa del Ayuntamiento de Barcelona, lo cuenta para el caso de su ciudad. “En Barcelona hay una trayectoria histórica de regulaciones en materia de contratación social, con participación de las entidades sociales. A finales de 2013 el ayuntamiento estableció un decreto con consideraciones sociales y medioambientales de los pliegos. En ellos, se dice que hay una obligación para que, sea quien sea quien gane la licitación, subcontrate un 5% del presupuesto del contrato con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción. Además, se puede aumentar ese 5%”.
Este tipo de cláusula, relacionada con los centros especiales de empleo o inserción, fue de las primeras que se establecieron a nivel público, no sólo en Barcelona. Pero los nuevos municipios quieren llegar más lejos.
“El nuevo equipo de gobierno quiere ampliar las cláusulas y estamos pasando por un proceso primero interno y después con las entidades. La contratación pública social no sólo es la incorporación de personas en situación de exclusión. Nos estamos abriendo a las consideraciones de responsabilidad social corporativa de las empresas. Consideraciones como la estabilidad en la plantilla que ejecuta el contrato, o el régimen salarial que aplica por encima incluso del convenio a sus trabajadores”.
Otra cuestión que consideran los ayuntamientos es la subrogación de la plantilla (que si cambia la titularidad de la empresa, se mantenga la plantilla anterior), o que la empresa tenga planes y aplique la igualdad de género, y que utilice criterios medioambientales.
En Barcelona están pensando incluso en crear una etiqueta ecosocial, con una serie de criterios claros y específicos para que la contratación dé preferencia a quienes tengan la etiqueta.
CAMBIO DE REGLAS DEL JUEGO
Muchos ayuntamientos van en esa línea, pero quizá el que dio un paso más amplio fue el Ayuntamiento de Madrid, que pasó de valorar como prioritario el precio del producto o servicio ofertado, a aprobar una serie de decretos que cambiaron las reglas del juego.
“En Madrid no había nada. Pasamos de cero a todo”, sostiene Esther López Barceló, directora de gabinete de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando directamente en el equipo de desarrollo de las cláusulas sociales. “Madrid cuenta con unos 1.500 millones de euros al año para contratar y comprar. Ese número tan importante lo estamos reorientando, desarrollando medidas de igualdad, inserción social y estabilidad y mantenimiento del empleo. Por eso, sacamos el primer decreto, en enero de 2016, en el que se incluyen cláusulas de accesibilidad, de perspectiva de género, por ejemplo, para que una empresa tenga que evitar utilizar imágenes sexistas, o deba tener el compromiso de un determinado número de mujeres. Hemos hecho mucho y a largo plazo vamos a ir aprobando más decretos”.
Uno de los asuntos por los que ha habido conflicto en Madrid es por los contratos del servicio de limpieza. Grandes contratos obtenidos por grandes empresas. “Son contratos heredados que estamos intentando penalizar cuando no se cumplen los pliegos”, explica López Barceló. “Con esas grandes empresas no podemos actuar porque son contratos adjudicados. Pero cuando volvamos a firmar habrá cláusulas sociales”.
La nueva directiva europea de 2014 insta a las administraciones públicas a dividir los contratos en lotes para fomentar la participación de las pymes, algo que hasta ahora era muy difícil. “El 99% de las empresas de la Unión Europea son pymes”, destaca Álvarez de Eulate, “y generan dos de cada tres puestos de trabajo. Se quiere fomentar su participación, y facilitar que un mayor número de empresas tengan acceso a los contratos públicos”.
Los ayuntamientos intentan desarrollar una labor de formación de los gestores de las contrataciones públicas para que entiendan la importancia de las cláusulas sociales, y blindarse en un futuro.
Pero en ese sentido es muy importante la directiva europea y su transposición a la legislación española.
Madrid dió un vuelco del 100% a la contratación en sólo unos meses
El 18,5% del PIB es lo que gasta el Estado en contratos públicos
En España, los ayuntamientos tienen cierta libertad para incluir cláusulas sociales en sus contratos, pero deben respetar la Ley de Contratos Públicos. Aún no ha finalizado el plazo de transposición de la directiva. Finaliza el 18 de abril, y ante la situación política no se sabe cuánto exactamente se avanzará ni cómo (dependerá del próximo Gobierno). Algunas cuestiones, como los contratos reservados —esto es, la posibilidad de que las administraciones públicas reserven la participación en determinadas licitaciones a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción (dos tipologías de empresas con un beneficio social demostrado e incontestable, ya que dan empleo a personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión)—, ya están incorporadas en la legislación española y, además, se han establecido con carácter obligatorio para todas las administraciones públicas.
Por último, muchos ayuntamientos están trabajando en la compra pública ética, con productos de comercio justo. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva haciendo compra ética desde hace muchos años. Madrid espera aprobar un decreto en abril en este sentido, y también prevé hacerlo pronto el Ayuntamiento de Avilés.
Otra herramienta que se está desarrollando son los observatorios de contratación. Madrid quiere desarrollar uno como el que ha impulsado la Universidad de Zaragoza y el que tiene el Ayuntamiento de Avilés. Este tipo de observatorios sirve para evaluar el estado de cumplimiento de las cláusulas sociales, en todas las fases del desarrollo, además de servir para frenar casos de corrupción como los bien conocidos en España.
