Los emigrantes piden igualdad de trato fiscal
Discriminación: Hacienda exige a los emigrantes pagar impuestos por unas pensiones generadas por su trabajo en el extranjero que en España estarían exentas.
Manifestación de emigrantes retornados encabezada por la plataforma de O Salnés. FOTO: ASOCIACIÓN MARUSIA
Los emigrantes retornados que se han jubilado en España están sublevados, pero tras dos años de protestas los tribunales empiezan a darles la razón. Estos pensionistas rechazan las exigencias de Hacienda, que insiste en que deben tributar por las pensiones que reciben de Alemania, Suiza y otros países en los que han trabajado. Es una medida discriminatoria en relación con los pensionistas que sólo han trabajado en España.
“Nosotros emigramos por la fuerza y ahora nos quieren quitar una parte de la pensión a los más pobres, sólo por haber trabajado fuera”, explica Xosé Lois Leirós, portavoz de la coordinadora de las 19 plataformas de emigrantes retornados que se han constituido en Galicia, donde han realizado centenares de movilizaciones.
El motivo de su enfado es por sentirse discriminados fiscalmente por la única razón de haber trabajado una parte de su vida en el extranjero y otra en España. Estos pensionistas perciben una pensión de España y otra del país extranjero donde trabajaron. Según la ley del impuesto sobre la renta de 2006, los perceptores de dos pensiones tienen que presentar la declaración de renta si sus ingresos superan los 11.200 euros anuales. Sin embargo, los que sólo han trabajado en España y sólo tienen la pensión de este país sólo tienen que declarar si reciben más de 22.000 euros.
“Nosotros no tenemos dos pensiones, lo que tenemos es una pensión fraccionada, una parte pagada desde otro Estado y otra desde aquí, pero esto no quiere decir más dinero de pensión”, protesta Leirós, que recibe una pensión de Suiza de 900 euros mensuales y otra de España de 190, en total menos de 1.100 euros.
ENVÍO MASIVO DE CARTAS
El conflicto estalló a principios de 2013, cuando la Agencia Tributaria, bajo las órdenes del ministro Cristóbal Montoro, realizó un envío masivo de cartas a emigrantes que habían vuelto en las que les exigía el pago del impuesto por sus pensiones con efectos retroactivos desde 2008, con intereses y sanciones. Las misivas provocaron un estallido de protestas en algunas comarcas, por ejemplo la de O Morrazo, que recibió más de 400 cartas. La acción de Hacienda indignó a los afectados, que se sintieron tratados como defraudadores al no haber sido informados previamente. “Nosotros nos merecemos otro trato porque ahora, aunque somos viejos, estamos produciendo una gran riqueza a nuestro país por el flujo de divisas que le vienen del cielo todos los años, que son como un maná. Esto de considerarlas dos pensiones no se da en ningún otro país europeo.”
En un encuentro reciente con afectados en Santiago, varios emigrantes aseguraron que tanto en las embajadas españolas como en las oficinas de Hacienda siempre se les había dicho que las pensiones procedentes del extranjero no tributaban. Algunos lo tienen por escrito. Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por esta revista han indicado que las embajadas en el extranjero no son competencia de la Agencia Tributaria, que no puede hacerse responsable de lo que allí se dijese. Las mismas fuentes precisaron que las actuaciones se iniciaron cuando la Agencia Tributaria obtuvo la información recabada de diversos organismos y que desde antes de 2008, figuraba en la web de la Agencia Tributaria que dichas pensiones tenían que ser declaradas.
Los emigrantes de Alemania sufren una mayor discriminación
Los jueces han condenado a Hacienda a devolver el dinero
Los emigrantes de Alemania sufren una mayor discriminación. Las pensiones de quienes habían trabajado en ese país, venían reguladas hasta finales de 2012 por el Convenio Hispano-Alemán, que para evitar la doble imposición establecía que las pensiones públicas pagadas por un Estado contratante, un land o uno de sus organismos autónomos estaban exentas de tributar en el otro Estado. Hacienda interpretó sesgadamente el concepto de pensiones públicas en el sentido de que sólo se refería los empleados públicos o empresas públicas. Pero esta interpretación ha sido destruida por los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia, Andalucía, Cantabria, Valencia y Asturias, que dieron la razón a los emigrantes. El pasado marzo se conocieron dos sentencias del Tribunal Superior de Galicia que ha condenado a Hacienda a devolver a los demandantes los ingresos indebidos e imponiendo el pago de las costas a la Administración. Para la Agencia Tributaria existen también sentencias en sentido contrario. Lo cierto es que Hacienda no se atreve a recurrir al Supremo porque debido a la doctrina mayoritaria a favor de los emigrantes corre el riesgo de tener que devolver el dinero a todos los afectados. En 2012, el Gobierno modificó el convenio con Alemania para quitar este derecho a los emigrantes. El pasado marzo, Hacienda envió más de 650.000 cartas a emigrantes para comunicarles su decisión de condonar las posibles sanciones si regularizaban su situación. Según Hacienda, unos 10.500 pensionistas han solicitado regularizar su situación. La mayoría, sin embargo, rechaza las exigencias de Hacienda. Los emigrantes cuentan con el apoyo unánime del Parlamento de Galicia y la UE investiga el caso tras una denuncia de la eurodiputada del BNG Ana Miranda.
