Los ‘lobbies’, por la puerta giratoria
Conflicto de intereses: Corporate Europe Observatory ha confeccionado una lista de miembros de instituciones europeas que pasan a los lobbies o viceversa.
Los eurodiputados votando en una sesión de trabajo en Estrasburgo. FOTOGRAFÍA: PARLAMENTO EUROPEO
José Manuel Durao Barroso, hasta hace poco presidente de la Comisión Europea, ya trabaja para el Foro Económico Mundial, donde se reúnen las mayores empresas del mundo. Y también para el Washington Speakers Bureau, institución privada estadounidense que ofrece, entre otras cosas, conferencias de grandes políticos o profesionales. El Comité de Ética de la Comisión Europea consideró que el nuevo empleo de Barroso era compatible con la reciente salida de su cargo, aunque no dio detalles sobre su trabajo ni hizo pública información sobre la actividad.
El Corporate Europe Observatory, ONG dedicada a velar por la transparencia en las relaciones entre las instituciones europeas y las corporaciones, considera que el Comité de Ética da escasa información sobre este caso y que el nuevo papel de Barroso no está suficientemente supervisado. El nombre del ex mandatario es el último que la ONG ha incluido en su base de datos de miembros de la Comisión, diputados y funcionarios que han pasado de la institución a la empresa privada, específicamente a lobbies, donde considera que puede haber un conflicto de intereses.
Hasta hoy la lista tiene 66 personas. La organización comenzó a contabilizarlas a final de 2007, y contribuye a la Alianza Europea por la Transparencia de los lobbies (AlterEu), con más de 200 entidades de la sociedad civil y sindicatos.
En 2014, uno de los casos más ilustrativos de las dudas sobre la relación entre empresa y política fue el de la ex diputada británica y líder de la Alianza Demócrata Liberal del Parlamento Europeo, Fiona Hall. La ex política desempeñó un importante papel en la redacción de la Directiva de eficiencia energética, que los países miembro deben cumplir obligatoriamente en 2030. En su nueva consultoría, que creó poco después de terminado su mandato, firmó un contrato casi en exclusiva con la multinacional Rockwool International, dedicada al aislamiento energético de edificios. Sólo en 2013 la empresa obtuvo unos beneficios de 2.000 millones de euros. Según el Registro de Transparencia de la UE, en 2012 (año de la aprobación de la directiva) la empresa gastó entre 300.000 y 350.000 euros en representación dentro de la UE.
El caso fue muy sonado y la ex euro-diputada se defendió de las críticas argumentando que “es útil que haya algunos intereses corporativos a favor de la eficiencia energética, ya que existen enormes intereses comerciales de cabildeo en el otro lado de la discusión, sobre todo en el combustible fósil y nuclear”.
En la lista del Corporate Europe Observatory, con referencia a España, se hallan Xavier Luria, quien pasó de ser el jefe del Sector de Seguridad y Eficiencia de la Agencia Europea de Medicinas, a trabajar como freelance para grandes empresas de desarrollo farmacéutico, e Isabel Ortiz, que pasó de trabajar en la Dirección General de Empresas de Industrias Alimentarias a la Confederación de Industrias de Alimentos y Bebidas de la UE.
APENAS DEJAR EL CARGO
Bruselas es uno de los centros de concentración de poder más grandes del mundo. Allí se dirime por lo menos el 50% de las leyes que luego se aplican en los países miembro. Poder influir en la agenda política es clave, y tener contactos dentro es el camino más corto.
“Un político que viene, por ejemplo, de la Comisión o el Parlamento vale muchísimo menos a un año de haberse retirado”, explica Olivier Hoedeman, del Corporate Europe Observatory, en uno de los lobby tours que la organización ofrece a la ciudadanía alrededor de las instituciones en Bruselas. En 500 metros a la redonda de la Comisión se encuentran los principales lobbies. “Los que acaban de salir todavía pueden visitar a mucha gente que está dentro”, añade.
“Un político vale mucho menos a un año de dejar el cargo”
Las ONG temen que los contratos se pacten aún estando en funciones
La campaña de la ONG, RevolvingDoorWatch, denuncia que las instituciones europeas —la Comisión, el Parlamento, el Consejo o sus agencias— fallan a la hora de bloquear las puertas giratorias entre la política y estos lobbies.
“Cuando los líderes europeos —miembros de la comisión, diputados, altos cargos— dejan la oficina y se dirigen al trabajo de lobby, o cuando los componentes de uno de éstos entran en las instituciones de la UE, el riesgo de conflicto de intereses puede ser muy grande”, indica la organización. “Es responsabilidad de las instituciones europeas asegurarse de que esto no suceda. Las instituciones europeas no son transparentes ni publican activamente información sobre el monitoreo de las puertas giratorias”.
El asunto de la transparencia en Europa tiene una larga historia, y los grupos de presión han conseguido logros. Desde 2011 existe un Registro de Transparencia común del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, pero no se publican todos los datos. Por otra parte, los lobbies registran su actividad voluntariamente.
Para la compatibilidad de cargos, el Comité de Ética analiza cada caso y decide qué permite. Además, cada ex comisario o europarlamentario puede seguir recibiendo un porcentaje de su salario para no necesitar dedicarse a la empresa privada apenas dejar el cargo.
El pasado 15 de julio, el nuevo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, reiteró su compromiso de transparencia a la hora de establecer contactos con actores del sector económico. Pero las ONG no creen que esto sea suficiente. Piden todavía más transparencia y algunos cambios concretos: uno de los más importantes, revisar el mismo Comité de Ética. La experiencia reciente muestra que hasta sus miembros pueden estar involucrados en conflictos de interés con la empresa privada.
Un ejemplo. Hasta 2013, una de las personas que conformaban el Comité era Michel Petite, nombrado en 2009 (con cargo renovado en 2012). En 2008, Petite había pasado del Servicio Jurídico de la Comisión a Clifford Chance, una empresa que tiene entre sus clientes a la tabacalera Philip Morris. Más tarde, salió a la luz que Michel Petite también había desempeñado un papel en el escándalo Dalligate, un caso de tráfico de influencias, en la reforma de la directiva del tabaco, en 2012. A pesar de que se ha descubierto esta incongruencia, aunque Petite ya no forma parte del Comité, y que existe un portal de transparencia, todavía muchos informes y reuniones que se llevan a cabo entre políticos y empresas privadas son confidenciales.
PERÍODO DE ENFRIAMIENTO
Otro punto básico de las reclamaciones es aumentar el tiempo que deba transcurrir entre el nuevo y el antiguo trabajo de un político. El temor no es sólo que cuando alguien abandona las instituciones pueda influir en sus contactos, sino que las conversaciones previas a la firma del nuevo contrato se desarrollen mientras el político todavía está en funciones, e influyan así en sus decisiones políticas o votos.
Por eso, entre otras cosas, la ONG solicita que se revise el Código de Conducta de los comisarios y europarlamentarios para que se incluya un período de “enfriamiento” de tres años antes de poder firmar cualquier contrato con un lobby o empresa, que genere dudas. Para los funcionarios se pide que sea de dos años (tres para los altos cargos).
