Los sindicatos vuelven a escena
Ofensiva: CC OO y UGT retoman las movilizaciones para recuperar el terreno perdido durante la crisis y reclamar un papel central en el futuro del país.
Los sindicatos han vuelto a las calles tras la fornación de Gobierno. FOTO: JOSÉ CAMÓ/IU
Tras casi un año de parálisis política y una vez iniciada la legislatura, los sindicatos han vuelto a la calle. El objetivo: recuperar el terreno perdido durante la crisis y demostrar que siguen siendo no sólo un instrumento útil en la defensa de los derechos de los trabajadores, sino un componente indispensable de la vida económica y social del país.
Para empezar, las centrales mayoritarias se proponen recomponer los daños causados por las reformas laborales de 2010 y 2012, que han traído consigo —en su opinión— una caída del poder adquisitivo de los salarios, un aumento de la precariedad en los contratos y un deterioro generalizado de las condiciones de trabajo. “Para nosotros, esta es la legislatura del retorno de los derechos”, afirma Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en conversación con Alternativas Económicas. “Es preciso crear un clima favorable a un reparto más justo de la riqueza, algo que se ha perdido porque las reformas laborales nos han quitado instrumentos para combatir la desigualdad, como la negociación colectiva”.
RECUPERAR EL PRESTIGIO
Los sindicatos son conscientes de que deben jugar muy bien sus bazas si quieren recuperar la relevancia y el prestigio perdidos y demostrar que se equivocan quienes los acusan de haberse burocratizado y de estar cada vez más aislados del resto de la sociedad. Para ello, explica Álvarez, los representantes de los trabajadores tienen previsto actuar en cuatro frentes al mismo tiempo: la negociación con la patronal, el diálogo con el Gobierno, la colaboración con los grupos parlamentarios y la movilización en la calle.
Así resumió Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, los objetivos sindicales tras las movilizaciones en 60 ciudades españolas a mediados de diciembre, que concluyeron con una marcha por el centro de Madrid: “Esta manifestación es sólo el comienzo de un proceso que tiene que terminar con la recuperación de los derechos sociales y laborales, que tiene que servir para erradicar la pobreza. Es un proceso para eliminar las reformas que han dejado al trabajo en indefensión frente a la rapiña en nuestro país”.
Para los sindicatos, la pérdida de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular es una buena oportunidad para dar marcha atrás en las medidas más dañinas para los trabajadores adoptadas durante la legislatura anterior. “Hemos de aprovechar este momento”, apunta Álvarez. “Después de la frustración que supuso que no hubiera un Gobierno de izquierda, de lo que se trata ahora es de sacar el mayor fruto posible de un Parlamento más proclive a las demandas de los sindicatos, de la sociedad en general y de los más desfavorecidos”.
El primer objetivo es reparar los daños de la reforma laboral
La soledad del PP en el Parlamento se ve como una oportunidad
La primera victoria ha sido la subida del salario mínimo
La primera victoria en este terreno ha sido la aprobación en el Congreso de una proposición no de ley del PSOE para derogar la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, nada más llegar al poder. Sólo el PP votó en contra de la iniciativa, mientras que Ciudadanos y el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT, ex-CiU) se abstuvieron. Aunque la propuesta socialista es puramente simbólica mientras no se convierta en proposición de ley, su aprobación es un claro indicio de que habrá cambios.
Por lo pronto, Mariano Rajoy dio alguna señal de flexibilidad durante la reunión que mantuvo en noviembre con los líderes de las dos centrales mayoritarias y los dirigentes patronales Joan Rosell (CEOE) y Antonio Garamendi (Cepyme). Tras el encuentro, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que el Gobierno no descarta efectuar “mejoras” en la reforma laboral y que para ello se abrirá una mesa de “diálogo constructivo”. La única línea roja marcada por el Ejecutivo es, al menos públicamente, el cumplimiento de los objetivos de déficit presupuestario marcados por Bruselas.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Para CC OO y UGT, un asunto vital es que los convenios sectoriales vuelvan a primar sobre los convenios de empresa y sean de nuevo el instrumento fundamental para mejorar las condiciones de trabajo y frenar las desigualdades salariales. Más difícil parece modificar otros aspectos de la reforma laboral, entre ellos la cuantía de la indemnización por despido improcedente, que el anterior Gobierno del PP rebajó de cuarenta y cinco a treinta y tres días por año trabajado.
La presión política y sindical también ha dado como fruto el mayor incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) de los últimos treinta años, aprobado por el Gobierno a principios de diciembre. A partir del 1 de enero de este año, quienes cobren el SMI recibirán 707,6 euros mensuales en 14 pagas, un 8% más que los 655,25 de euros de 2016. Días antes, todos los grupos parlamentarios —excepto el PP y Foro Asturias, que votaron en contra, y Ciudadanos, que se abstuvo— votaron a favor de una proposición de ley presentada por Unidos Podemos para que el SMI alcance los 800 euros en 2018 y los 950 euros al final de la legislatura en cumplimiento de la Carta Social Europea, que sitúa el SMI en el 60% del salario medio.
Manifestación sindical en Madrid, el pasado 18 de diciembre. FOTO: JOSÉ CAMÓ / IU
UGT y CC OO no descartan la convocatoria de una huelga general como forma de presionar al Gobierno, pero subrayan que antes prefieren ver cómo se desarrolla el diálogo social. Ahora que se vislumbra una salida de la crisis, una de sus metas a corto plazo de ambas organizaciones es recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años por buena parte de los españoles. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2008 y 2014 los salarios cayeron el 0,7%, mientras que la inflación acumulada durante el mismo periodo subió el 8,5%. Ello significa que los trabajadores vieron caer su capacidad de compra en un 9,2%.
Ante la negociación con la patronal sobre las subidas salariales para 2017, los sindicatos insisten en que no van a firmar un acuerdo que no traiga consigo un aumento superior a la inflación. Para ello, se han fijado como objetivo una subida de entre el 1,8% y el 3%, por encima del índice de precios de consumo (IPC) del 1,5% previsto por el Gobierno. Los sindicatos exigen también al Ejecutivo de Rajoy una reforma fiscal que dedique más recursos a la lucha contra el fraude, algo que permitiría —a su juicio— repartir la riqueza de manera más equitativa y aumentar el gasto social.
Reactivar los planes de igualdad de género en los centros de trabajo es otro de los puntos principales de la agenda sindical para los próximos años. La idea es introducir en la negociación colectiva el estrechamiento de la brecha salarial entre mujeres y hombres y la ruptura del techo de cristal que dificulta el acceso de las mujeres a puestos medios y altos en las empresas. España es el sexto país de la Unión Europea con la mayor brecha salarial de género, según datos recopilados por Eurostat. Las mujeres españolas ganaron por hora trabajada en 2014 un sueldo inferior en un 18,8% al de los hombres, frente al 16,5% de media de la zona euro y el 16,1% de toda la Unión Europea.
Prioridad: recuperar el poder adquisitivo de los asalariados
Las centrales buscan reavivar la negociación colectiva
La precariedad y la tecnología, entre los retos del futuro
Más allá de la legislatura que ahora comienza, las organizaciones sindicales mayoritarias tienen mucho trabajo por delante para adaptarse a los cambios vertiginosos que se están produciendo en el mundo del trabajo desde que comenzó el siglo, entre ellos el aumento de la temporalidad y el uso intensivo de las nuevas tecnologías. El miedo a perder el puesto de trabajo por implicarse en la acción sindical y los numerosos despidos ocurridos durante la crisis han mermado su número de afiliados, especialmente entre los jóvenes. Y a los estragos causados por la reforma laboral y el aumento de la precariedad se han sumado los casos de corrupción que han salpicado a los sindicatos, entre ellos los ERE falsos en Andalucía, los cursos de formación, las tarjetas black de Caja Madrid y el escándalo protagonizado por el líder minero José Ángel Fernández Villa en Asturias.
LA REFERENCIA DEL 14-D
La reanudación de la movilización sindical coincidió con el 28.º aniversario de la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988, cuando millones de trabajadores y estudiantes paralizaron el país para protestar por el plan de empleo juvenil del Gobierno del Felipe González, que abarataba el despido y fomentaba la contratación temporal. Aquella jornada marcó el momento culminante de los sindicatos de clase en los años posteriores a la muerte de Franco.
Pepe Álvarez reconoce que es imprescindible que las organizaciones sindicales salgan “de una situación en la que estábamos noqueados” y dejar claro que siguen siendo instituciones esenciales del sistema democrático. “Hemos abierto un proceso de transparencia y hemos hecho una profunda renovación de nuestros dirigentes, que creo que eran demandas de la sociedad”, afirma el líder ugetista. “Lo importante no es cómo estábamos, sino cómo vamos a abordar el futuro”.
SANIDAD
Granada se rebela por sus hospitales
La ciudad de Granada ha sido testigo en los últimos meses de las mayores movilizaciones populares de las últimas décadas. El motivo que ha sacado a miles de ciudadanos a la calle es el plan de la Junta de Andalucía de repartir las especialidades médicas entre los dos grandes hospitales de la ciudad, de forma que los pacientes recibirían asistencia en uno u otro dependiendo de la enfermedad que padezcan, en lugar de tener un único centro de referencia como hasta ahora.
La decisión ha encendido la mecha del descontento en una provincia que no destaca por su disposición a la protesta y que ha aceptado con resignación el retraso en la llegada del AVE (aún no terminado) y otras inversiones públicas. La participación masiva en las protestas y su contagio a otras ciudades, como Jaén y Huelva, ha hecho sonar las alarmas en Sevilla, donde la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha ordenado dar marcha atrás en el plan granadino por temor al coste político de las movilizaciones.
PERSONAJE PECULIAR
En un intento de apagar el fuego, el Gobierno regional firmó a principios de diciembre con la mayoría de los sindicatos, incluyendo UGT y CC OO, un acuerdo en el que se compromete a negociar un nuevo plan que garantice a los granadinos contar con dos hospitales completos. La iniciativa se topó con el rechazo del Sindicato Médico Andaluz (SMA) por considerarlo un fraude a los ciudadanos. El documento tampoco cuenta con el apoyo del principal instigador de las protestas, el médico de urgencias Jesús Candel. Conocido con el sobrenombre de Spiriman, este peculiar personaje ha azuzado el descontento popular con duras arengas contra la Junta a través de las redes sociales. Las protestas continuarán, pero está por ver si serán tan masivas como las del último trimestre de 2016.
