Medio ambiente // El vertido de Repsol en Perú culmina un historial de daños ecológicos
Las ONG urgen a que las leyes penalicen las actuaciones inadecuadas de las multinacionales tras el peor accidente ambiental en la historia del país latinoamericano.
Aunque los medios españoles no publicaron mucha información al respecto, el vertido de petróleo de Repsol en Perú, que se produjo el 15 de enero y afectó al menos a 100 kilómetros de litoral —con todas las consecuencias para el medio ambiente y las poblaciones locales—, sí causó inquietud entre los directivos de la multinacional.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, escribía las primeras líneas del Informe de Gestión Integrado 2021, publicado en febrero de 2022, con estas palabras: “Quiero referirme particularmente a la situación que estamos viviendo en Perú, donde el pasado mes de enero sufrimos un derrame de petróleo provocado por un movimiento incontrolado de un buque que estaba descargando crudo. Me gustaría reiterar nuestro firme compromiso con la mitigación y reparación de los efectos de este accidente, que lamentamos profundamente”. En Perú este se considera el peor accidente medioambiental de la historia.
Sanciones y opinión pública
Al cierre de esta edición, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú había iniciado ya tres procesos administrativos sancionadores por 14,3 millones de dólares. Y ya habían sancionado a la empresa a pagar más de 400.000 euros por incumplir las directrices iniciales, una multa irrisoria para una empresa como Repsol, que el año pasado tuvo unos beneficios de 2.500 millones de euros. La opinión pública peruana se movilizaba, y el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, aseguraba que la empresa “no está cumpliendo con las medidas administrativas impuestas por el Gobierno, tras este desastre en nuestro ecosistema marítimo”.
Imaz reconocía que arreglar el vertido tendrá un coste de 65.000 millones de dólares para la compañía, pero que la mayor parte del dinero estará cubierto por el seguro. Y la empresa contradecía al ministro al decir en una nota de prensa que los trabajos de limpieza, a un mes del derrame, registraban “un avance del 72%”.
Refinería La Pampilla
En la misma nota de prensa, Repsol explicaba que el derrame “se debió a un movimiento incontrolado del buque Mare Doricum mientras estaba descargando crudo en el terminal número 2 de la Refinería La Pampilla. A través de sus abogados, Repsol ha presentado una reclamación ante los propietarios del buque y sus aseguradoras”.
No es la primera vez que Repsol recibe sanciones en Perú por temas medioambientales. El grupo de periodistas de investigación peruano Waika.pe, ganador de varios premios internacionales por temas relacionados con derechos humanos, explicaba: la “refinería La Pampilla del Grupo Repsol guarda un historial de multas por malas prácticas ambientales”. La última, hace apenas un año, por falta de monitorización de las instalaciones en 2017.
La empresa también había sido multada en 2016 y 2015, siempre con montos pequeños para una compañía de su tamaño. La multa de 2015 fue por un vertido ocasionado en la misma refinería, en 2013. “La empresa del grupo Repsol informó que solo se derramaron 7 barriles de petróleo crudo, cuando en realidad fueron 195 barriles, según OEFA”, indican en Waika.pe.
Repsol ya había sido sancionada por daños ambientales en Perú
El grueso del coste de reparar el vertido lo cubrirá el seguro
Esta no es la única serie de sanciones impuestas a la compañía. El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) ha documentado una serie de violaciones de los derechos humanos e impactos medioambientales de la compañía, en su informe Empresas energéticas y vulneración de derechos humanos. Entre otras cosas, remarca el caso de Argentina: “En 2005, la provincia de Neuquén le quitó la licencia ambiental a Repsol-YPF para operar los yacimientos de Auca Mahuida tras un derrame de 350.000 litros de petróleo del que la empresa no informó a las autoridades provinciales. En 2012, el Gobierno de la provincia de Chubut detectó que Repsol tenía 1.800 pozos en situación de abandono y que mantenía una deuda de 200 millones de pesos solo en la localidad de Rivadavia”.
Las organizaciones por los derechos humanos y medioambientales españolas que trabajan en América Latina, Greenpeace, el Observatori DESC y otros, coinciden en que las palabras de la compañía son papel mojado. Y todas las personas expertas en el tema, desde las ONG, que han seguido de cerca las actuaciones de esta y otras multinacionales, insisten en que algo como lo que ha pasado era esperable, tarde o temprano porque “así es como han actuado siempre estas multinacionales extractivistas, sin que nadie les ponga realmente un freno”.
No hay caso aislado
“Este vertido no es, en absoluto, un caso aislado”, reclama en un informe sobre el tema Francisco del Pozo Campos, ingeniero responsable de gas fósil en Greenpeace. “Repsol tiene en Perú un amplio historial de impactos socioecológicos, denuncias de malas prácticas y violaciones de derechos humanos, y son especialmente graves los impactos de su actividad de extracción de hidrocarburos en la región amazónica de Camisea. Aunque la tendencia mundial de este tipo de accidentes es a la baja, los daños son muchas veces irreparables”. Su compañero, Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, agrega: “Toda la industria del petróleo tiene un largo historial de desastres naturales. Es un sector que se mueve mucho en la impunidad corporativa. En Repsol son líderes en puertas giratorias. Tienen unos vínculos con el poder muy estrechos, lo que genera una sensación de inseguridad dentro del derecho”.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, sobrevuela la zona afectada. Foto: Presidencia de Perú
Marco Aparicio, presidente del Observatori DESC, sostiene que lo que ha sucedido en Perú “es un nuevo ejemplo de cómo se estructuran los procesos de riqueza y extracción. A través de una arquitectura en la que la empresa matriz, que tiene el principal beneficio, se quita la responsabilidad. Pasa especialmente en todo lo que tiene que ver con la industria extractiva. Es la pauta de la ganancia económica: poner al límite los recursos naturales y humanos”.
El observatorio, junto con otras entidades reunidas en Lafede.cat, celebran como un avance para que estas cosas no puedan volver a pasar, que el Parlamento de Cataluña haya admitido a trámite la propuesta de ley de creación de un organismo de evaluación del impacto sobre los derechos humanos de las empresas que operan en Cataluña y en el exterior.
Leyes de Obediencia Debida se debaten actualmente en España, en Europa y en Naciones Unidas.
Pedro Ramiro, coordinador de OMAL, es pesimista al menos tanto en lo que respecta a España como en los organismos internacionales. Considera que el vertido de Repsol muestra “el fracaso de la RSC, que es greenwashing. Después de tanta palabrería, códigos de conductas, etc., no ha cambiado nada. Y la diligencia debida es un ataque empresarial para hacer ver que tienen un nuevo paradigma y que hay un compromiso”.
