Accede sin límites desde 55 €/año

Suscríbete  o  Inicia sesión

¿Menos impuestos para los ricos?

Comparte
Pertenece a la revista
Enero 2017 / 43

Fiscalidad: La derecha francesa propone suprimir el impuesto de solidaridad sobre la fortuna, que constituye un eficaz incentivo al buen uso del capital.

Chateau de Rully en la región francesa de Borgoña. FOTO:  Lianemv/123rf

1 UNA VIEJA MANZANA DE LA DISCORDIA

En Francia, todos los candidatos de la derecha a las primarias han dicho que iban a reducir la fiscalidad en casi todos los ámbitos. Pero un impuesto concentra especialmente sus críticas: el impuesto de solidaridad sobre la fortuna (ISF). La oposición al presidente François Hollande considera que no se trata de reducirlo, sino, pura y simplemente, de suprimirlo.

Este impuesto, que grava el patrimonio de los hogares más ricos, es una vieja manzana de la discordia. Se creó en 1982, tras la llegada al poder de François Mitterrand, primer presidente de la izquierda de la V República. Promesa estrella de su programa electoral, se denominó entonces impuesto sobre las grandes fortunas (IGF). Cuando la derecha volvió al poder en 1986, suprimió inmediatamente ese símbolo de la izquierda. Pero en 1988 perdió de nuevo el poder y la izquierda lo restableció bajo en nombre de impuesto de solidaridad sobre la fortuna (ISF). 

Mitterrand creó el ISF en 1982 y la derecha lo suprimió en 1987

Es un impuesto sobre el patrimonio neto de los hogares

La derecha se dio cuenta de que la supresión de ese impuesto, popular entre las clases medias y populares que no tienen que pagarlo, había sido una de las razones de su fracaso electoral en 1988. Por ello, en las sucesivas alternancias, de 1993 a 1997 y de 2002 a 2012, no se atrevió a cuestionarlo y se contentó con suavizarlo.

 

2 ¿CÓMO FUNCIONA EL ISF?

El ISF es un impuesto sobre la fortuna, es decir sobre el patrimonio de los hogares, ya esté localizado en Francia o en el extranjero. O, dicho con más precisión, lo que se denomina “el patrimonio neto”: los contribuyentes pueden, en efecto, deducir del valor de sus activos (lo que poseen) el montante de su pasivo (es decir, lo que deben). Además, se caracteriza desde siempre por tener un considerable número de exenciones: los objetos de arte y antigüedades, los bienes profesionales (y las empresas), los derechos de propiedad literaria o artística, el dinero ahorrado para la jubilación… En resumen, y es uno de los reproches principales que se le puede hacer, se trata fundamentalmente de un impuesto sobre los bienes inmobiliarios de los hogares. Además, el dinero que se da a fundaciones y organismos de interés general, así como para financiar las pymes, puede también deducirse de lo que hay que pagar por el ISF, hasta niveles considerables.

Finalmente, lo que se paga por el ISF tiene un tope máximo, que ha sido objeto, desde hace treinta años, de numerosas modificaciones e intervenciones del Consejo Constitucional. Especialmente, el entonces presidente Nicolas Sarkozy estableció en 2007 un “escudo fiscal” limitando a un 50% de la renta imponible el conjunto formado por el impuesto sobre la renta, el ISF y las retenciones sociales (contribución social generalizada [CSG], contribución al reembolso de la deuda social [CRDS] y contribuciones sociales). Resultado: en 2010, en plena crisis de la zona euro, el Estado tuvo que devolver 856.000 millones de euros a 6.287 hogares; es decir, una media de ¡136.000 euros por contribuyente! Ante semejante escándalo, ese dispositivo se suspendió en 2011. Hoy, el ISF sumado al impuesto sobre la renta y a las retenciones sociales no debe exceder del 75% de la renta imponible del año anterior. Las posibilidades de optimización son tales que muchas grandes fortunas logran no pagar el ISF: el pasado junio, Le Canard Enchainé publicó una lista de 50 personalidades ricas que lograban no pagar un 90% gracias a ese mecanismo.

En 2010, antes de la supresión del escudo fiscal, el umbral del patrimonio para tener que pagar el ISF era de 800.000 euros, y 594.000 personas lo pagaban. Este número se había duplicado desde comienzos de los años 2000 gracias al fuerte aumento de precios del sector inmobiliario. El tipo impositivo, de 0,55% para un patrimonio de 800.000 euros, subía a 1,8% para un patrimonio superior a los 16,8 millones de euros. Al suprimir el escudo fiscal, Nicolas Sarkozy subió el umbral a 1,3 millones de euros a la vez que bajaba los tipos a 0,25% para un patrimonio de 1,3 millones y a 0,5% para los superiores a 3 millones. El número de los que tenían que pagar el ISF se dividió por dos y bajó a 292.000 hogares. 

Cuando, en 2012, la izquierda llegó al poder aumentó los tipos impositivos. Hoy van de 0,5% entre 800.000 euros  y 1,3 millones de euros, a 1,5% por encima de 10 millones de euros. En 2015, 343.000 hogares lo han pagado, es decir, 0,9% del conjunto de los hogares que pagan impuestos, y cada uno de ellos, una media de 15.230 euros. El ISF ha aportado, pues, al Estado, 5.200 millones de euros, equivalente al 0,24% del PIB. Este porcentaje se ha duplicado desde finales de los años 1990, pero el ISF sigue siendo un impuesto pequeño: recauda 30 veces menos que el IVA, 20 veces menos que la CSG y 13 veces menos que el impuesto sobre la renta.        

 

3 ¿POR QUÉ HAY QUE MANTENERLO?

¿Hay que suprimir, pues, el ISF? En el contexto de dumping fiscal generalizado que en estas últimas décadas ha causado estragos tanto en Europa como en el resto del mundo, el ISF puede haber contribuido al exilio fiscal de cierto número de fortunas francesas, aunque el tamaño de este movimiento es discutible y las cifras disponibles, limitadas. Sí es cierto, por otra parte, que, en dicho contexto, muchos países que tenían impuestos de este tipo los han ido suprimiendo en las últimas décadas. Sin embargo, hay buenas razones para pensar que, en el futuro, proseguirá el movimiento, ya emprendido en todas partes del mundo, a favor de unas políticas que limiten las desigualdades. Las dificultades presupuestarias a que se enfrentan todos los Estados empujan en ese sentido, así como el aumento del voto protestatario. Si Francia suprimiera ahora el ISF, iría a contracorriente de esa tendencia. Además, dicha supresión tendría un efecto desestabilizador sobre las actividades —mercado de arte, financiación de las pequñas y medianas empresas o de las fundaciones— que sirven hoy a los más ricos precisamente para evitar pagar el ISF. 

El ‘exilio fiscal’ causado por la tasa ha sido limitado

Sería, además, una pena porque el ISF no es sólo un buen impuesto desde el punto de vista simbólico, sino que también es un impuesto eficaz en el plano económico. En efecto, al gravar los patrimonios y no simplemente las rentas de los patrimonios, como hace el impuesto sobre la renta, presiona a los que están en posesión de activos. En efecto, penaliza a los que tienen dinero en el banco y lo dejan dormir en lugar de invertirlo en las empresas, así como a los que acumulan viviendas vacías o infraocupadas, porque tienen que pagar un impuesto sobre un patrimonio que no les aporta casi nada de dinero o ninguno en absoluto. Es, pues, una fuerte incentivación a utilizar más eficazmente el capital, lo que favorece el dinamismo de la economía, que siempre busca el benefico por encima de todo.

¿Quiere ello decir que es un impuesto perfecto y que no debería mejorarse? No. Con frecuencia se dice que un buen impuesto es aquel que tiene amplia base imponible y un tipo bajo. Ese no es el caso del ISF. En efecto, sufre de unas exenciones demasiado importantes y poco justificadas: obras de arte, bienes profesionales… Paralelamente, los tipos impositivos actuales son demasiado elevados: un tipo marginal del 1,5% aplicado por encima de 10 millones de euros parece, en efecto, excesivo en un momento en que el rendimiento del capital ha caído y las obligaciones del Estado a diez años no rentan más que el 0,75%.