Nueva iniciativa por un techo, agua y electricidad
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca catalana lanza una nueva ILP, e incluye alquileres y suministros.
La nueva ILP espera juntar la firma de 50.000 personas y entrar en el Parlament.
Una manifestación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Barcelona FOTO: A. BOSCH
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Catalunya, junto a otras organizaciones como el Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Observatori Desc) y la Alianza contra la Pobreza Energética, vuelven a la carga con otra iniciativa legislativa popular (ILP) como la que llevó Ada Colau en Madrid.
En esta oportunidad las organizaciones piden que los gobiernos tomen medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética. “Esta ILP la impulsamos en Catalunya. Queremos demostrar que los gobiernos autónomos tienen capacidad para resolver la situación de emergencia que afecta a cientos de miles de familias”, dice Teresa Valiño, del Observatori Desc.
“A escala autonómica se puede reformar la legislación en materia de consumo para que se posibilite que las personas sobreendeudadas tengan una segunda oportunidad”, agrega Valiño. “El resto de las comunidades podrían buscar también la manera de conseguirlo”.
DESAHUCIOS DE ALQUILER
La iniciativa, que requiere la firma de 50.000 personas para entrar en el Parlament, no sólo se refiere a la dación en pago en las hipotecas, sino que también se incluye la cuestión de los desahucios por alquiler.
El 80% de los desahucios provienen de personas que no han podido hacer frente a la cuota del alquiler. La propuesta de la ILP es ayudar a estas familias. Se diferencia entre un pequeño propietario, al que habría que ayudar y se solicita que la Administración se haga cargo del realojamiento de las familias en viviendas sociales, y los fondos especulativos, las grandes empresas inmobiliarias o la banca, a las que se quiere obligar a adaptar el precio del alquiler a los ingresos de los inquilinos. Los promotores de la ILP creen que con buena intención política se pueden transformar los pisos vacíos en manos de los bancos en viviendas de alquiler social.
La nueva ILP incluye otro bloque de medidas urgentes, relacionadas con la pobreza energética. Actualmente, y en pleno invierno, no existen medidas estructurales para acabar con los cortes indiscriminados de servicios básicos: electricidad, gas y agua.
La Alianza contra la Pobreza Energética calcula que en 2013 se produjeron en España más de 75.000 cortes de suministro de gas por impago, el 86% más respecto al año 2012. Además, según la Alianza, en 2012 hubo más de 1,1 millones de cortes de suministro eléctrico por impago, el 24% más que el año anterior.
Los datos son orientativos. Podrían ser más, y una de las exigencias de la Alianza contra la Pobreza Energética es que los datos, que actualmente no dan las compañías, sean públicos.
La única entidad que ha hecho públicos los datos de cortes ha sido Aguas de Barcelona, que admite haber cortado el agua a unas 150.000 familias en 2011.
“Queremos evitar el corte indiscriminado de suministro”, agrega Valiño. “Que las administraciones publicas ayuden, junto con los servicios sociales, y que se obligue a las empresas monopólicas a que utilicen una parte de los beneficios para cubrir las necesidades. Hablamos de los beneficios de las empresas porque nos preocuparía que esto lo tuviéramos que pagar con nuestros impuestos cuando las empresas tienen beneficios. Los letrados tienen competencia para cambiar las cosas”.
Endesa y Agbar se han adherido al programa de medidas contra la pobreza energética, un fondo de emergencia del Ayuntamiento de Barcelona, aunque la PAH lo tacha de insuficiente y electoralista.
Por ahora, la ILP se ha presentado a todas las fuerzas políticas. Iniciativa per Catalunya, la Candidatura de Unitat Popular (CUP), Ciutadans, el Partit dels Socialistes y Esquerra Republicana se han mostrado a favor, en contra del PP que no se ha mostrado interesado y Convergència i Unió, que según Valiño, “no dice que sí ni que no”.
Las organizaciones saben que en la primera ILP han podido movilizar la agenda mediática contra los desahucios; esperan que suceda lo mismo con esta nueva ILP, primero en Catalunya y después en todo el país.
La campaña por la ILP comenzó el pasado diciembre y termina en abril. Pero se espera que sus consecuencias persistan mucho más allá.
