OHL y la corrupción en México
Impunidad. El presunto pago de sobornos por parte de la empresa española pone de relieve el clima de corrupción en las instituciones mexicanas.
El viaducto Bicentenario, construido por OHL, conecta el estado de México con la capital. FOTO: OHL
“La corrupción es un tema de orden cultural y social […] en todos los ámbitos”. Así justificó el presidente Enrique Peña Nieto un problema con profundas implicaciones en México, al ser cuestionado sobre el asunto en agosto de 2014. Tras escuchar a la máxima autoridad nacional minimizar el problema de la corrupción a un fenómeno cultural y social “casi humano”, no siguieron palabras de condena, desprecio o combate institucional, sino ademanes despreciativos hacia la sola mención del tema.
Apenas tres meses después, la periodista Carmen Aristegui destapaba el escándalo de la Casa Blanca del presidente, una mansión ubicada en una exclusiva zona residencial de la Ciudad de México con un valor de 6,26 millones de euros. La controversia reside en el conflicto de intereses en que incurrió Grupo Higa, empresa que construyó dicha residencia y que previamente había sido privilegiada en la licitación del tren de Ciudad de México a Querétaro (revocada apenas tres días antes del destape del asunto de la mansión), tras haber realizado obras de infraestructura desde 2003 en el Estado de México, cuando el ahora presidente era gobernador en dicha provincia.
Pero esta residencia fue sólo el inicio de una serie de escándalos que involucraron a los miembros del Gabinete de la actual Administración federal, que tienen como común denominador el conflicto de intereses y la impunidad. Aunque en muchos países esto hubiera sido motivo de renuncias y escándalos que pusieran en duda la legitimidad del Gobierno de turno, en México no fue así, lo que no sorprende cuando se conoce el clima de corrupción e impunidad que permea en las instituciones mexicanas. De acuerdo con Transparencia Internacional, México se ubicó en el último lugar de los países miembros de la OCDE en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, muy por debajo de otros países latinoamericanos como Chile, Brasil y Colombia.
IMPORTANTES CONCESIONES
En este contexto se desata el escándalo originado por directivos de la constructora OHL México, filial del grupo español del mismo nombre y una de las principales operadoras en el sector privado de infraestructura de transporte en México. La empresa tiene nueve concesiones en el país desde 2003, de las que seis se ubican en el estado de México. En su conjunto, las nueve concesiones a escala nacional aportan el 91,4 % del flujo operativo de la División de Concesiones de OHL en el mundo, cuyo valor asciende a casi 793 millones de euros.
Siendo así una empresa privilegiada por los gobiernos del PRI en el estado de México, con concesiones de hasta 30 años, OHL México se vio inmersa en un escándalo desde principios de mayo de este año con las filtraciones de 18 conversaciones telefónicas entre directivos de la filial mexicana y autoridades del estado de México. En dichas llamadas, los ejecutivos de alto nivel de la empresa en México discuten el sobrecosto y la manipulación de cobros de una de las obras, el soborno al ministro estatal de Comunicaciones, Apolinar Mena, y la forma de sobornar a jueces mexicanos para acelerar los procesos de ejecución a través de una estructura contable paralela para el pago de sobornos.
Los escándalos salpican al presidente y a varios ministros
OHL ha sido privilegiada por los gobiernos del PRI
Un momento clave en una de las llamadas ocurre cuando Pablo Wallentin, representante de OHL México, pregunta a José Luis Muñoz, director de planeación financiera de la empresa: “¿Estamos metiendo gol, verdad?”, a lo que Muñoz respondió al otro lado de la línea: “La respuesta es siempre sí”. En otra llamada, José Andrés de Oteyza, presidente del Consejo de Administración de OHL México y ex ministro de Patrimonio y Fomento Industrial en el Gabinete del ex presidente mexicano José López Portillo, reconoce textualmente: “¡Pablo [Wallentin], esto es un fraude! Vamos a meter unos gastos de una fase que nunca vamos a construir”, reconociendo directamente el desfalco en el que estaban incurriendo.
Tras darse a conocer estas filtraciones, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acordó la suspensión temporal de cotizaciones de las acciones de OHL México al cierre del mercado tras una caída del 11,8% en el valor de las acciones durante la jornada del 6 de abril. Mientras tanto, en la Bolsa de Madrid la caída de la acción de OHL fue del 9,1% en la jornada posterior a la filtración. Sin embargo, tras diversas declaraciones por parte de los involucrados, la dimisión de Pablo Wallentin, la renuncia de Apolinar Mena y el anuncio de múltiples auditorías por parte del Gobierno federal, OHL México recuperaba a mediados de junio las pérdidas financieras de los últimos 45 días y el asunto ha quedado en el olvido en la opinión pública nacional.
DESCONTENTO CIUDADANO
Esto contrasta con lo que ocurre en el resto del continente. A pesar de las desventajosas posiciones que ocupan la mayoría de los países latinoamericanos en el Índice de Percepción de la Corrupción, en Latinoamérica comienzan a gestarse movimientos sociales para exponer y castigar los escándalos nacionales de corrupción.
América Central, vecina de un México que en raras ocasiones gira la cabeza para mirar al de su frontera, ha sido la sorpresa regional en fechas recientes. El descontento ciudadano por los escándalos de corrupción y violencia se ha transformado en una serie de manifestaciones casi semanales impulsadas por las redes sociales, que cuestionan y desafían estructuras que parecían inquebrantables. Destaca el caso de Guatemala, donde las protestas han conseguido la renuncia de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, implicada en un fraude fiscal aduanero, y mantienen acosado al presidente Otto Pérez Molina.
La opinión pública mexicana parece olvidar con facilidad
Un clamor contra la corrupción recorre América Latina
En Chile y Brasil ha habido repercusiones políticas
En Chile, en medio de los escándalos de corrupción contra su hijo y sus aliados políticos, Michelle Bachelet anunció el cambio de todo su Gabinete en una entrevista en televisión, tras la caída de su popularidad a los niveles más bajos en sus dos administraciones. Pero quizá el país donde la corrupción ha provocado mayores movilizaciones sociales en la región es Brasil, donde el Gobierno de Dilma Rousseff se encuentra arrinconado ante las cada vez más frecuentes movilizaciones en las calles y una abrupta caída de la popularidad de la presidenta. Tras los escándalos de corrupción en el interior de Petrobras, que se cree que enmascaran fraudes por 8.900 millones de euros, se ha condenado al confinamiento a personajes relevantes del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y Lula da Silva. A ello se suma el reciente encarcelamiento de Marcelo Odebrecht, director de la principal contratista del Gobierno brasileño.
Así, mientras los clamores populares contra el fantasma de la corrupción recorren buena parte de América Latina, en México éstos llegan como gritos aislados. La experiencia internacional muestra que serán pocos los cambios tangibles si la corrupción, el conflicto de intereses y la impunidad no se combaten desde las instituciones y de manera frontal. Sin embargo, las declaraciones del presidente Peña Nieto hacen dudar de si esto ocurrirá pronto en México. Durante la instalación del consejo del Sistema Nacional de Transparencia a finales de junio de este año, Peña dijo que “con transparencia domamos la condición humana”, pero la impunidad que se mantiene tras los escándalos de miembros de su Administración con el sector privado nos recuerda que quizá se necesita algo más que eso para domar al elefante blanco en la habitación.