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Patente injusticia

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Mayo 2015 / 25

La opaca negociación de precios con las farmacéuticas se reaviva con el fármaco que cura la hepatitis C.

Protesta de afectados de hepatitis C en Madrid, 1 de marzo de 2015.

Las acciones de la farmacéutica Gilead Sciences cotizaban en el mercado tecnológico Nasdaq por debajo de los 40 dólares en 2010. Ahora se mueven por encima de los 103. Entre medias, en 2011, el grupo, propiedad de varios fondos (Capital Research Global Investors, FMR, Vanguard, State Street y BlackRock), engulló la empresa Pharmasset por 10.200 millones de euros. Gilead iba a por su molécula sofosbuvir, que iba a dar esperanza a los afectados por la hepatitis C — que en España se lleva por delante más de 3.000 vidas— a un precio astronómico.

Cada vez que aparece un medicamento milagroso —en este caso, los ensayos clínicos realizados apuntan a una curación superior al 90% mediante un tratamiento de tiempo limitado— revive el debate sobre cómo encontrar un equilibrio entre el estímulo de la investigación y el bien de los pacientes, por una parte, y el aguante del sistema sanitario público, por otra.

Pero el caso del Sovaldi (marca con la que se comercializa el fármaco) presenta algunas peculiaridades: la primera, los cálculos de la propia Pharmasset sobre los costes de desarrollo: 58,7 millones de euros para el tratamiento, de un total que entre 2009 y 2011 no alcanzó los 165 millones. Sólo en EE UU, tratar a todo afectado —77.000 euros por tratamiento y persona (92.000 si la cura combina sofosbuvir y un segundo fármaco como ledipasvir, que Gilead vende con marca Harvoni)— superaría los 245.000 millones de euros. Según Gilead, el 93% de lo que ganó el año pasado —el 300% más que en 2013— se debió a Sovaldi y Harvoni.

El fármaco vale 825 € en Egipto, 77.000 en EE UU y 25.000 en España

La segunda peculiaridad es la diferencia de precio tan seria entre los que Gilead ha negociado con distintos gobiernos. En Egipto acepta 825 euros, comparados con los citados 77.000 en EE UU y los entre 55.000 y 90.000 en Francia. “En Egipto es más barato porque es el país del mundo con la tasa de prevalencia más alta de hepatitis C, se trata a más personas”, apunta el experto en economía de la salud Carlos Campillo, quien incide en la necesidad de emular a los países que pactan precios con mayor transparencia, como Reino Unido o Australia. En Europa, la agencia del medicamento centraliza la autorización de un fármaco, pero cada gobierno pacta un precio por su cuenta.

 

SALTARSE LA PATENTE

Hasta que la presión de asociaciones de afectados hizo mella, el precio que Gilead puso al tratamiento en España fue de 60.000 euros por persona. Tras meses de secretismo y retrasos, se acordó una bajada a 25.000 euros. Este abril del año electoral entró en vigor un plan estratégico para abordar el problema, tras un acuerdo entre el Gobierno central y las autonomías que no prevé ningún fondo, sino préstamos a las comunidades a interés cero si cumplen su objetivo de déficit. ¿Tendrán dinero? En tres años, se considera un coste de 727 millones para tratar a 51.964 enfermos. Se trata aproximadamente de la mitad de los diagnosticados en España, 95.524.

“No sabemos exactamente cuántos afectados hay, no existe un registro [durante 20 o 30 años el virus no genera síntomas, y en un tercio de casos se estima que el virus se erradica de forma espontánea]”, apunta Campillo. La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) indica que en el país puede haber 700.000 personas infectadas, de las que 500.000 quizá no lo sepan.

La ONG Farmamundi ha pedido al Gobierno que emita una “licencia obligatoria”, lo que supone saltarse la patente y adjudicar la fabricación del fármaco a un laboratorio local, por razones de “salud pública”. En India, la oficina de patentes paró los pies a Gilead y el mercado local se abastecerá de los fármacos genéricos por 300 euros. Su argumento, que Sovaldi no es lo bastante “innovador”. Es el mismo argumento en el que se ha basado Médicos del Mundo —“la molécula misma no es lo bastante novedosa para justificar una patente”— a fin de impugnar la patente del sofosbuvir ante la Oficina Europea de Patentes.