Política // Cataluña en el laberinto 'procesista'

Las elecciones del 14-F no han despejado el horizonte político catalán. A través de los comicios se ha expresado un fraccionamiento inédito del voto que ha dado entrada a nueve partidos en el Parlament. Mucha fragmentación, pero pocas ecuaciones factibles. Solo hay dos posibles apuestas con recorrido: un gobierno integrado por independentistas —que cuentan con una mayoría de 74 de los 135 escaños de la Cámara— o un gobierno de izquierdas, mucho más complejo (con una base de 74 diputados, sin contar la CUP), condicionado por los compromisos electorales suscritos por los secesionistas, que impusieron un cordón sanitario al PSC, ganador de los comicios. En el momento de redactar esta crónica sigue siendo una incógnita si las fuerzas políticas lograrán desbloquear la situación —con un gobierno transversal de izquierdas entre independentistas y no independentistas— o si, por el contrario, se centrarán en el eje nacional  y la sociedad catalana seguirá en ese laberinto procesista  en el que deambula desde 2012. Eso es lo que supondría la alianza entre el partido de Oriol Junqueras y el de Carles Puigdemont.

 

En los resultados de los comicios hay, sin embargo, elementos novedosos. Dentro de cada bloque, el antiindependentista y el secesionista, han ganado las posiciones más dialogantes: PSC y Esquerra, respectivamente. Los socialistas han tomado el relevo a Ciudadanos como fuerza más votada, mientras que ERC ha obtenido una pírrica victoria sobre Junts. La derecha españolista, por su parte, ha quedado en posiciones testimoniales, con Vox como fuerza hegemónica del bloque. Con sus 11 diputados, los de Abascal casi duplican a Ciudadanos y casi cuadruplican al PP. Sin embargo, con 20 escaños sobre 135, la ultraderecha y la derecha, que constituyen en el conjunto de España la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, quedan en una posición residual en Cataluña, sin capacidad para llevar adelante cualquier iniciativa que —sin el recurso a la fuerza— desatasque la enrevesada situación política.

 

La clave está, pues, en el camino que tomará ERC, que ha obtenido unos resultados peor de los esperados y solo ha conseguido arrancar 35.000 votos y un diputado a Junts, su competidor independentista. Los republicanos esperaban superar por seis o siete diputados a los exconvergentes. Pero los de Puigdemont han renacido al calor del voto procedente mayoritariamente de la vieja Cataluña. 

 

 

 

Un sector de los republicanos apuesta por deshacerse de los de Puigdemont, de quien les separa, entre otras cosas, la estrategia del diálogo, cómo llegar a la independencia y el énfasis en políticas sociales. Esa ruptura requeriría gestos del Gobierno central. Acelerar los indultos a los políticos secesionistas presos y activar la reforma del Código Penal sería un primer paso. Pero aun con indultos, no está claro que ERC se atreviera a dar ese paso. Sería muy costoso para su parroquia, pues le aguardaría un calvario por parte de los guardianes de las esencias.  Un Ejecutivo catalán de ERC con los comunes y con apoyo socialista sería candidato a la lapidación por parte de esa suerte de mutawa nacionalista que se han erigido en intérpretes de lo sagrado.

 

 

El caso es que la complejidad de la situación catalana hace que el gran empresariado —Fomento del Trabajo Nacional— desee una alianza ERC-En Comú Podem-PSC. La patronal ha visto como inseguridad jurídica, inestabilidad, marcha de empresas y vaivenes políticos se han convertido en moneda corriente a lo largo de estos años de procés. Tampoco los sindicatos verían mal un pacto de izquierdas, pues los presupuestos de la Generalitat ha sufrido aplazamientos y la crisis generada por la pandemia se ha afrontado sin contar con los agentes sociales. En los Ejecutivos de Puigdemont y Torra, el fin —la independencia— minimizaba y subordinaba la gestión de lo cotidiano.

 

Con todo, es muy probable que, entre las dos almas de ERC, la patriótica acabe imponiéndose a la izquierdista y se repita el pacto con Junts. Uno de los problemas para lograr mayor autonomía política es que los republicanos solo han obtenido un diputado más que el conglomerado de Puigdemont, que incluye desde  fervientes defensores de jibarización del Estado —contrarios al impuesto de sucesiones y de patrimonio— hasta quienes aseguran que son socialdemócratas. El magma ideológico y la confusión que conviven en Junts son un exponente de qué es prioritario para Waterloo. Para JxCAT lo fundamental es la confrontación con las instituciones del Estado. Por ello, quieren que ERC someta su política de diálogo con Madrid a los pactos para negociar la investidura de su candidato, Pere Aragonès. Eso significaría el fin de la estrategia de los republicanos, que se convertirían en el eterno furgón de cola ideológico de los exconvergentes.

 

El secretario general de Junts, Jordi Sánchez, afirmó tras los comicios que si se quiere un Govern fuerte, los votos de sus integrantes no pueden ser “disonantes” en el Congreso como sucedió en la investidura, los Presupuestos y los estados de alarma. Esquerra quiere proteger su autonomía política y su vía negociadora en Madrid rechazando este compromiso. 

 

 

A esa disparidad de estrategias no es ajena la distribución territorial del voto. En ese terreno y dentro del secesionismo, Esquerra presenta una implantación mayor en las grandes conurbaciones, mientras que Junts se impone en el corazón de la Cataluña carlista. Es la plasmación de que los republicanos quieren crecer en grandes zonas urbanas, mientras que los Puigdemont mantienen los bastiones, sobre todo, de Girona y también Lleida.

 

Puede que la historia, el patriotismo, los miedos y los intereses acaben condenando a entenderse a ERC y Junts. Una primera pista de esa entente la dará  la constitución de la mesa del Parlament antes del 12 de marzo. Será un anticipo de qué Gobierno cristalizará en los días previos al 26 de mayo. Laura Borràs, cabeza de lista de Junts e imputada por corrupción, aspira a estar en el futuro Gobierno catalán, aunque en su misma formación hay quienes la sitúan como futura presidenta del Parlament. El papel de la mesa de la Cámara será crucial, puesto que la presidencia decide quién es candidato a la investidura y vehicula la tramitación de las iniciativas políticas, algunas de las cuales han sido en el pasado de más que dudosa legalidad. Si la presidencia queda en manos de Junts, se intuye un futuro movido para los sufridos servicios jurídicos de la Cámara.  

 

El independentismo presume de haber superado el 50%. Los secesionistas parlamentarios han obtenido el  48,01% de los votos frente al 46,76% de las heterogéneas fuerzas restantes. No es un porcentaje despreciable en unos comicios condicionados por la pandemia y en los que la participación ha quedado por debajo del 54%, como cuando Pujol revalidaba sus mayorías absolutas. En esta ocasión ha quedado claro que la fatiga política y el miedo a la covid se han hecho sentir en todos los partidos, independentistas y no. A todo esto, en la sociedad persiste la sensación de vivir instalados en un empate infinito del que solo se podrá salir con una apuesta por la transversalidad.