Presupuestos: adiós a la austeridad
Apuesta: El Gobierno busca un giro social con el proyecto pactado con Podemos, pero este no será posible sin el apoyo de los independentistas catalanes.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman el acuerdo. FOTO: PODEMOS
Convertidos en el asunto dominante del otoño político, los Presupuestos Generales del Estado para 2019 van a determinar el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez. El acuerdo firmado el 11 de octubre por el jefe del Ejecutivo y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tiene como principal objetivo poner fin a la austeridad y salvaguardar el Estado de bienestar. La idea subyacente es que, sin apartarse de la senda de déficit público marcada por Bruselas, es posible hacer una política económica distinta a la aplicada tras el estallido de la crisis, que ha propiciado una recuperación en términos macroeconómicos a costa de incrementar las desigualdades de renta y la precariedad laboral.
El primer programa común de la izquierda española desde la Transición tiene un marcado acento social y va destinado a compensar a los colectivos más castigados por la crisis, como los parados, los trabajadores con salarios más bajos, los pensionistas y los jóvenes. Es la misma fórmula aplicada con éxito en Portugal por el Gobierno del socialista António Costa desde 2015 con el apoyo del Bloque de Izquierda y el Partido Comunista, que ha devuelto al país vecino a la senda del crecimiento y ha reducido el desempleo tras casi una década perdida.
El Gobierno confía en acabar 2019 con superávit primario, lo que quiere decir que los ingresos superarán los gastos si se excluyen los intereses de la deuda. Ello permitirá, siempre según los planes del Ejecutivo, reducir la deuda pública en un punto y medio del PIB.
El gasto público previsto asciende a 515.552 millones de euros, un incremento del 3,15% con respecto a 2018, mientras que los ingresos crecerán el 5,75%, hasta 493.326 millones, lo que permitiría recortar el déficit presupuestario hasta el 1,8% del PIB. En total, el gasto público equivaldría al 40,9% del PIB, el porcentaje más bajo desde 2007 y cinco puntos inferior a la media de la zona euro.
El incremento del gasto asciende a 5.098 millones de euros. El más importante, de unos 1.100 millones de euros, servirá para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en línea con la inflación y para aumentar la cuantía de las prestaciones mínimas. De los 623 millones reservados al empleo, la mayor parte irán destinados a pagar la subida del salario mínimo interprofesional (hasta 900 euros mensuales brutos en 14 pagas) y a mejorar las prestaciones a los parados mayores de 52 años.
PADRES Y MADRES
Además de un aumento de las partidas destinadas a becas y a I + D + I y de la universalización de la educación gratuita de 0 a 3 años, el plan prevé la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad, de manera que en 2019 los padres disfrutarán de ocho semanas, frente a las cinco actuales, periodo que aumentará hasta las 12 semanas en 2020 y hasta las 16 semanas en 2021 para igualarse con el de las mujeres. También incluye modificar la normativa del mercado del alquiler de vivienda para poner techo a las subidas de los precios del alquiler en determinadas zonas del país.
El plan replica la fórmula aplicada con éxito en Portugal
La primera reacción de Bruselas ha sido halagüeña
La oposición cree imposible lograr el objetivo de ingresos
El Gobierno pretende financiar todo ello con un aumento de la recaudación de 5.678 millones de euros gracias a las medidas fiscales previstas en el acuerdo alcanzado con Podemos. Entre ellas destaca el aumento del IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros, así como una subida del impuesto de patrimonio para los contribuyentes con una fortuna superior a 10 millones de euros. Todo ello permitiría recaudar 339 millones. También se calcula ingresar 1.776 euros adicionales con el establecimiento de un tipo mínimo real del 15% en el impuesto de Sociedades para las grandes empresas y del 18% para los sectores financiero y de explotación de hidrocarburos, así como con la rebaja del 100% al 95% de las exenciones por los beneficios obtenidos por las empresas en el exterior.
MÁS IMPUESTOS
En línea con las directrices de la Unión Europea, el Gobierno propone imponer una tasa a las transacciones financieras y un impuesto a las grandes empresas tecnológicas, con los que se calcula ingresar 850 y 1200 millones de euros, respectivamente. La lucha contra el fraude fiscal arrojaría un incremento de la recaudación de 828 millones de euros y la subida de la tributación del combustible diésel supondrá unos ingresos de 670 millones.
El incremento de la recaudación es precisamente el aspecto que más críticas ha levantado en la oposición conservadora, que lo considera imposible de lograr. De presupuesto fake ha llegado a calificarlo Ciudadanos. Tanto la formación naranja como el Partido Popular aseguran que la subida de impuestos y del salario mínimo frenarán la recuperación económica y la creación de empleo.
Para entrar en vigor, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado tiene por delante dos escollos: el examen de la Comisión Europea y, sobre todo, su tramitación parlamentaria. Los primeros indicios procedentes de Bruselas son halagüeños. El objetivo de déficit presupuestario previsto por el Gobierno ya ha recibido el visto bueno y el Gobierno considera factible recortar en un 0,4% de PIB el llamado déficit estructural (el desequilibrio independiente de los vaivenes del ciclo económico y de los gastos extraordinarios) en cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sánchez cuenta con la ventaja de que su ministra de Economía, Nadia Calviño, ha sido directora general de Presupuestos en Bruselas entre 2014 y 2018, por lo que domina a fondo el tema y mantiene excelentes relaciones al máximo nivel.
El plan presupuestario español contrasta enormemente con el de Italia, rechazado por Bruselas al incluir un déficit del 2,4% del PIB. Con Italia gobernada por una coalición de partidos euroescépticos, el Brexit a la vuelta de la esquina y la ultraderecha avanzando en varios países del Este, España ha pasado a desempeñar un papel central en el futuro de la Unión. El eje franco-alemán precisa del respaldo de Madrid para contrarrestar las fuerzas que pretenden descarrilar el proceso de integración.
Lo realmente difícil va a ser conseguir el apoyo de los nacionalistas en el Congreso de los Diputados y repetir el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy. El PNV ha mostrado su disposición a pactar, pero ERC y PDeCat han exigido contrapartidas vinculadas a la situación de sus políticos presos, con mayor vehemencia en el caso del segundo. Para contrarrestar el más que probable veto del Senado, controlado con mayoría absoluta por el PP, el Gobierno necesitará más síes que noes en el Congreso. Parece seguro que votarán a favor los 84 diputados del PSOE, Unidos Podemos (67), Compromís (4) y el diputado de Nueva Canarias. En total, 156 votos, que sumados a los de ERC (9) y PNV (5) serían 170. En contra votarán los 137 diputados del PP (incluyendo Foro Asturias y UPN) y los 32 de Ciudadanos, lo que sumaría 169 votos. La única diputada de Coalición Canaria podría optar por equilibrar los síes y los noes, por lo que serían determinantes los 8 del PDeCat.
La aprobación final de los Presupuestos aumentaría considerablemente las posibilidades de que Sánchez opte por agotar la legislatura, que concluye en junio de 2020. Si finalmente son rechazados, el presidente tiene la opción de prorrogar las cuentas anteriores, elaboradas por el PP, o convocar elecciones. En este último caso, el plan pactado con Podemos serviría de carta de presentación ante los electores para optar a la victoria en las urnas.
