Presupuestos al margen del drama social

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  • Por (Director fundador y editorialista de Alternativas Económicas)
    Abril 2018

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    Cuentas públicas: El Gobierno presenta unos presupuestos que se desentienden de los más golpeados por la crisis.

    PROTESTAS EN LA CALLE: El colectivo pensionistas es uno de los más movilizados. FOTO: ANDREA BOSCH

    El Gobierno presentó a principios de abril el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, lo que ya significó un retraso legal de seis meses y en principio sin los apoyos necesarios. Su contenido está completamente al margen de las duras condiciones sociales en que permanecen los sectores de la población que fueron más castigados por la crisis económica. El Ejecutivo de Rajoy mantiene el criterio de la austeridad a pesar del fuerte crecimiento registrado por la economía desde 2014 y que durante los últimos tres años supera el 3%.

    Las cuentas públicas para lo que queda de año presentan un fuerte déficit social, no corrigen el peligroso crecimiento de la deuda pública, mantienen los recursos destinados a infraestructuras e investigación y desarrollo mientras que se disparan los gastos de defensa.

     

    La verdad del gasto social

    La categórica afirmación del secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, al decir: "nos encontramos ante el presupuesto más social de la historia" merece aclaraciones. El gasto social previsto de 196.782 millones, incluye 144.834 millones dedicados a pensiones. Esta última partida se logra gracias a un futuro préstamo al Tesoro de 15.164 millones de euros y a la apelación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social de 3.826 millones. El nivel de gasto en pensiones de los últimos años ha sido posible gracias a la hucha existente que había dejado el Gobierno de Zapatero en 2011 que ascendía a 66.815 millones de euros. A finales de este ejercicio sólo quedarán poco más de 4.000 millones.

    Los recursos destinados a pensiones registraron un aumento del 0,25% a principios de año. Las movilizaciones y protestas de los pensionistas forzaron al Gobierno a subir las previsiones presupuestarias de entre el 1% y el 3% para las prestaciones más bajas. Esta medida no ha satisfecho a los afectados, que continúan sus movilizaciones en más de un centenar de ciudades españolas. Hay que tener en cuenta que las percepciones económicas de los pensionistas son muy desiguales. Hay más de tres millones de pensionistas que perciben menos de 650 euros al mes.

    Si se considera el gasto social previsto sin pensiones, la cuantía total asciende a 51.727 millones de euros, lo que representa el 27% menos que en 2011. Es especialmente sangrante la exigua cuantía asignada a acceso a la vivienda y fomento de la edificación, que asciende a 474 millones. Esta partida, a pesar del drama de los desahucios no ha dejado de reducirse año a tras año durante los Gobiernos de Mariano Rajoy y solo representa el 40% de lo dedicado en 2011.

    Nacho Álvarez, doctor en Economía por la Universidad Complutense y secretario de Economía de Podemos, destaca la incapacidad de estos presupuestos "para trasladar el crecimiento a los hogares, reduciendo la desigualdad y la pobreza monetaria". En su opinión, "estos presupuestos siguen sin revertir los recortes en los servicios públicos y la inversión que el Gobierno aplicó en los años de austeridad con cortes económicos y sociales muy elevados".

    Nacho Álvarez : “Nos alejamos de Europa en gasto público”

    Lasarte: “Disminuyen los fondos destinados a parados sin cobertura”

    El responsable de Economía de Podemos señala el alejamiento de Europa en relación con el gasto público. En este sentido destaca: "Mientras el producto interior bruto (PIB) se incrementa en este momento en unos 48.000 millones de euros al año, el Gobierno mantiene prácticamente congelado el techo de gasto del Estado". Y precisa: "mientras en la zona euro, la ratio gasto público/PIB se sitúa en el 47%, en España la política del PP la ha reducido al 40%. Álvarez estima que la propuesta de PP y Ciudadanos "es la de ir hacia un Estado de bienestar asistencialista".

    El ajuste del gasto está estrechamente relacionado con la escasez de ingresos fiscales, especialmente en el Impuesto de Sociedades, cuya recaudación en relación con el PIB "está muy por debajo de su nivel de antes de la crisis". En este sentido, Podemos propone "eliminar los beneficios y exenciones fiscales que son más ineficientes y regresivos, como los concedidos a las Socimis, que alcanzan los 35.000 millones de euros en el proyecto presupuestario". Álvarez considera que hay margen para crear un "verdadero impuesto sobre las grandes fortunas para aproximar el gravamen de las rentas del capital a las del trabajo".

    El desinterés de los presupuestos por las condiciones de vida de los más vulnerables se refleja también en los recursos destinados a parados, (17.702 millones) que se reducen en un 3,3%, a pesar de que "hay un millón y medio de desempleados que no tienen cobertura", como ha señalado Javier Lasarte, portavoz de presupuestos del PSOE. Los recursos dedicados al fomento de empleo, 5.716 millones de euros, son menores en un 22% a los dedicados a estas políticas durante el último ejercicio del Gobierno socialista.

    El ajuste de gasto no ha servido tampoco para reducir el endeudamiento debido a la escasa capacidad de recaudación fiscal. Los presupuestos de este año constatan el continuo aumento de la deuda pública hasta 1,14 billones de euros, lo que representa el 98,3% del PIB. Durante el mandato de Rajoy, la deuda pública ha registrado un aumento del 33%, mientras que en el mismo periodo la deuda privada ha experimentado una reducción del 23%. El resultado es que la deuda total ha seguido aumentando durante los dos últimos años hasta 2,7 billones de euros al cierre del pasado ejercicio.

    Durante el mandato de Rajoy la deuda pública subió un 33%

    El coste de la deuda asciende a 31.547 millones de euros

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de los riesgos que supone para muchos países el mantenimiento de elevados porcentajes de deuda pública ante unos escenarios que prevén próximas subidas de los tipos de interés. Hay que tener en cuenta que a pesar de la fuerte caída de los tipos de interés establecida por el Banco Central Europeo (BCE), el coste de la financiación de la deuda pública asciende a 31.547 millones de euros. El propio documento oficial del proyecto de presupuestos para 2018 reconoce que "se anticipa una senda ascendente (de los tipos de interés) en la medida en que se normalice la política monetaria". En este sentido señala que el coste medio de las emisiones de deuda realizadas en 2017 ha sido del 0,62%, mientras que durante los dos primeros meses de este año ha ascendido al 1,15%.

     

    Presupuesto alternativo del PSOE

    La fragilidad de la economía española con un endeudamiento público superior al 98% del PIB es muy superior a la de 2011 y 2012, cuando se produjo la crisis de deuda que alcanzó a toda la zona euro, debido al mayor nivel de apalancamiento actual.

    Los presupuestos de este año tampoco significarán ningún aliento para transformar el modelo productivo de la economía española. Es realmente preocupante la cuantía destinada a investigación, desarrollo e innovación, que es de 7.044 millones de euros, inferior en un 17,9% a la de 2011.

    Los recursos destinados a infraestructuras, aunque han registrado un aumento del 16,5% respecto al ejercicio anterior, siguen congelados como en los últimos años al ser todavía inferiores en un 35% a los de 2011.

    Es evidente que si desea seguir reduciendo el déficit público hasta el 2,2% solo se pueden dedicar más recursos al gasto social si se aumentan los ingresos. El PSOE ha elaborado un proyecto alternativo de presupuestos que prevé un aumento extra del gasto público de 10.000 millones de euros, de los que 2.500 millones provendrían de la mejora de la eficiencia en la gestión, 1.500 de la lucha contra el fraude fiscal y 6.500 millones de las subidas impositivas a las rentas más altas.

    Los mayores recursos previstos en los presupuestos socialistas alternativos se destinarían a protección al desempleo, especialmente a los mayores de 52 años, (1.200 millones); lucha contra la pobreza (2.400 millones); políticas activas de empleo (1.100); investigación y desarrollo (800); sanidad y cultura (1.740 millones); lucha contra la violencia de género (595 millones), y la construcción de 52.000 pisos de alquiler para jóvenes.

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