Presupuestos // En manos de la ayuda europea
Las cuentas del Estado para 2021 dependen en gran medida de fondos pendientes de aprobación en Bruselas.
Los difíciles acuerdos que se alcanzaron en julio en Bruselas para disponer de 1,8 billones de euros para rescatar la economía europea hundida por la pandemia están seriamente en peligro. La crisis ha sido provocada por la negativa de Polonia y Hungría a validar la decisión sobre recursos propios necesaria para aprobar el Marco Financiero Plurianual (presupuestos de la UE), de un montante de 1,07 billones de euros, y el fondo de recuperación contra la pandemia, de 750.000 millones. La dotación sobre recursos propios debe aprobarse por unanimidad, lo que confiere un poder extraordinario a cada país.
El chantaje de los gobiernos de Varsovia y Budapest, a los que se ha unido Eslovenia, ha sido la respuesta a la decisión de la UE de condicionar los fondos europeos al respeto del Estado de derecho. En Bruselas cunde la preocupación por la deriva autoritaria y antidemocrática en Polonia y Hungría durante los últimos años. Inquieta especialmente la falta de independencia judicial, la ausencia de respeto a las minorías, el deterioro de la libertad de prensa y la corrupción. En el caso de Polonia, se trata, además, de la discriminación al colectivo LGTBI+. El mecanismo sobre el Estado de derecho solo precisa de una mayoría cualificada para su aprobación, pero los presupuestos y el fondo exigen unanimidad.
Para Europa se trata de una cuestión vital que afecta a su propia razón de ser. El comisario de Justicia, Didier Reynders, de pensamiento liberal, ha señalado: “La vulneración del Estado de derecho en Polonia y Hungría es un problema sistémico”.
Posición suicida
La posición de Polonia y Hungría es claramente ideológica y un tanto suicida porque estos países son los principales beneficiarios de las ayudas europeas, que representan el 2,5% del producto interior bruto (PIB) en ambos casos.
2,5% del producto interior bruto (PIB) de Polonia y Hungría procede de ayudas europeas
La realidad es que el veto a las cuentas públicas europeas es un desastre para todos. Iratxe García, presidenta de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, ha manifestado que el Consejo Europeo debe aprobar el presupuesto de forma urgente porque toda Europa, incluidas Hungría y Polonia, necesitan el plan de recuperación. “Mientras Europa”, ha añadido, “sufre la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias todavía impredecibles, bloquear los fondos que nos pueden ayudar a superar la crisis es absolutamente irresponsable”.
Máxima urgencia
En el caso de España la aprobación de los fondos europeos es un asunto de la máxima urgencia. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluye una partida de 27.000 millones de euros correspondientes a los 140.000 millones que España espera recibir de la Unión. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que España pedirá todos estos recursos, tanto los 72.000 millones de euros correspondientes a subvenciones como los 68.000 millones de créditos a los que al principio se había renunciado.
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| Pedro Sánchez, en el Parlamento Europeo. Fotografía: Parlamento Europeo |
La extraordinaria inyección de recursos europeos es el factor determinante que permitirá que los Presupuestos para 2021 sean expansivos. El proyecto de las cuentas públicas para el próximo año ha empezado a caminar y, de momento, ha superado el trámite de las enmiendas a la totalidad en el Congreso de los Diputados. Queda pendiente la discusión de 3.793 enmiendas parciales. Las cuentas se han diseñado con un cuadro macroeconómico que prevé una fuerte recuperación de la economía después de un drástico hundimiento del 11,2% previsto durante el ejercicio actual. Así, se prevé que el PIB en 2021 crecerá el 9,8%, y que el número de ocupados aumentará el 7,2%, lo que permitiría rebajar ligeramente la tasa de desempleo hasta el 16,3%, inferior a la prevista para el presente año del 17,1%.
Sin embargo, el intenso crecimiento económico previsto ha sido uno de los primeros puntos de discusión planteados, no tan solo por la oposición, sino por organismos independientes. Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), estima que el crecimiento para el próximo año, incluidas las transferencias de la Unión Europea será del 8,2%.
Exceso de optimismo
También la Comisión Europea ha realizado un pronóstico de crecimiento económico más moderado para 2021. Sus previsiones de otoño indican que la caída del presente ejercicio será más intensa (12,4%) y el crecimiento para 2021 se limitará al 5,4%, sensiblemente inferior al previsto por el Gobierno.
El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también ha expresado sus dudas sobre el impacto de los fondos europeos en la economía española al considerar que puede que no sea tan contundente como prevé el Gobierno. “El supuesto de ejecución plena de los fondos europeos y los multiplicadores del uso de estos fondos que asume el proyecto de Presupuestos Generales del Estado parecen optimistas a la luz de la evidencia histórica y empírica”, ha manifestado De Cos.
Sin recursos europeos no puede haber un presupuesto expansivo
La Comisión rebaja la previsión de crecimiento del Gobierno
La realidad es que los Presupuestos incluyen un extraordinario impacto del dinero europeo que permitirá elevar la inversión pública hasta los 39.340 millones de euros. Es una cifra récord, que supera ampliamente los 27.400 millones de euros invertidos en 2010 a través del Plan E para afrontar la crisis de los años anteriores.
Una de las características de las próximas cuentas públicas es el fuerte aumento de los ingresos fiscales, que alcanzarán otro nivel récord, 222.107 millones de euros, el 13% más que en el presente ejercicio. Es significativo el incremento del 20,7% en la recaudación del impuesto de sociedades y el 7,8% en el IRPF. El aumento del primero solo afectará a las empresas que facturan más de 40 millones de euros y el impuesto sobre la renta, a las personas que ingresan más de 300.000 euros anuales. Los ingresos también se verán reforzados por los nuevos impuestos creados, como la tasa sobre plásticos, el impuesto sobre los servicios digitales, conocido como tasa Google y la tasa sobre las transacciones financieras (tasa Tobin).
La Airef también discrepa de la previsión de ingresos al advertir que según sus estimaciones la recaudación impositiva efectiva se situará en unos 9.000 millones de euros por debajo de las previsiones del Gobierno, cifra que podría ascender a los 18.400 millones en el escenario más pesimista.
163.297 millones de euros, la mayor partida de gasto de los Presupuestos, se destinarán a pagar las pensiones, que se revalorizarán según la inflación
222.107 millones de euros es la recaudación fiscal que espera conseguir el Gobierno, una cifra excesivamente optimista para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)
Las grandes partidas de gasto serán las pensiones, que se revalorizarán según el IPC (163.297 millones de euros); deuda pública (31.667 millones) y prestaciones de desempleo (25.012 millones). Las cuentas prevén un déficit público del 7,7% del PIB, que la Airef eleva al 8% y la Comisión Europea al 9,6%.
Uno de los problemas de fondo es el fuerte incremento de la deuda pública, que según el Gobierno ascenderá hasta 117,4% del PIB. La Comisión, sin embargo, estima un crecimiento más elevado del endeudamiento, que según sus cálculos rozará el 124% del PIB. Este volumen tan elevado es sostenible mientras se mantenga el extraordinariamente bajo coste de su financiación. El rendimiento del bono español a 10 años es prácticamente nulo, con un tipo del 0,06%, lo cual es realmente excepcional.
