Privatización calculada de Bankia
Interrogante: El aplazamiento de la venta de los bancos nacionalizados durante la crisis desata especulaciones.
Oficina de Bankia en Barcelona. FOTO: ANDREA BOSCH
El repentino cambio de posición del Gobierno al aplazar la privatización de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) por un período de al menos dos años no debería interpretarse como un cambio de fondo en la estrategia del Ejecutivo. La medida obedece más bien a cálculos de oportunidad económica y política. Si el Gobierno decidiera adelantar las elecciones, el aplazamiento de la venta evitaría la coincidencia de los comicios con una operación que confirmaría el elevado coste que supondrá el rescate de estos bancos para los contribuyentes.
RECUPERAR AYUDAS
El ministro de Economía, Luis de Guindos, que dimitió como consejero de BMN al ser nombrado para la cartera de Economía y Competitividad, señaló que con el aplazamiento de la venta se pretendía buscar “el mejor momento para deshacerse de su participación” y lograr el retorno de las ayudas públicas inyectadas en ambos bancos. Economía insiste en que se trata de “maximizar la recuperación de las ayudas públicas al no estar obligados a vender en 2017”.
El Real decreto ley del pasado 2 de diciembre amplió de cinco a siete años el plazo para realizar las desinversiones de las participaciones del FROB en las entidades financieras. Sin embargo, el Real decreto precisó que este plazo “podrá ser ampliado por acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta del ministro de Economía”.
Hay que recordar que el rescate de la banca española no debería haber costado un euro a los contribuyentes, según proclamaron en 2012 los máximos responsables del Gobierno, desde la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hasta el propio presidente Mariano Rajoy. La realidad ha sido bien distinta. En el saneamiento de estos dos bancos están en juego 66.749 millones de euros de ayudas públicas (créditos, avales e inyecciones de capital), según el análisis realizado por Antoni Garrido, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Para el conjunto de la banca “están en juego 100.000 millones de euros de naturaleza pública”, según Garrido.
Lo cierto es que en el proceso de privatización de entidades financieras ya se han registrado importantes pérdidas irrecuperables, que en el caso de Caixa Catalunya han sido de 11.270 millones de euros y en NCG Banco, 8.514 millones. En el caso de Bankia se han recuperado 1.304 millones de euros de los 22.424 millones inyectados en forma de capital. El Estado posee el 65% del capital de Bankia, que el 20 de diciembre tenía un valor de mercado de 7.381 millones. Con el precio actual la privatización supondría poner al descubierto unas pérdidas de más de 13.000 millones de euros.
Hay 100.000 millones de ayudas en juego
Juan Sotres, miembro de la Plataforma por una Banca Pública, que se opone a la venta de Bankia y BMN, ha señalado que teme que el Gobierno esté preparando la privatización en dos fases para que la operación pase más desapercibida”. La plataforma justifica la existencia de una banca pública porque “tiene una orientación más social al asegurar el ahorro de los impositores y solventar la necesidad de financiación de la empresas”. “Lo público”, recuerda la Plataforma, “está pensando para favorecer al ciudadano de a pie”.
Sotres, que fue miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja Madrid en representación de los impositores, entre 1988 y 1993, señaló que la plataforma está promoviendo la movilización de partidos políticos, sindicatos y asociaciones “para paralizar la venta de Bankia y BMN”.
