Reforma en el congelador
Cesión: Las pensiones subirán en línea con los precios en 2018 y 2019, pero la suspensión de la reforma de 2013 no garantiza el poder adquisitivo en el futuro. La desconfianza cala en el Pacto de Toledo, que había acariciado un acuerdo.
Las protestas en las calles para reclamar pensiones dignas no han cesado tras el pacto PP-PNV. FOTO: ANDREA BOSCH
Las protestas de jubilados en la calle —acompañadas de la presión de la oposición, la habilidad negociadora de los nacionalistas vascos y el olor a urnas que lo envuelve todo, entre escándalos de corrupción— han logrado que, al menos este año, los pensionistas no vayan a perder poder adquisitivo; y es posible que el año próximo, tampoco. Un pacto entre el PP y PNV a cambio del apoyo de este último partido a los presupuestos del Estado desmintió el pasado mayo aquello que el Gobierno de Mariano Rajoy había declarado inviable pocas semanas antes: puede encontrarse más dinero para blindar los derechos de los mayores. Este acuerdo concreto no quita que el dibujo de un sistema público de pensiones dignas de cara al futuro siga en el limbo: las pensiones permanecen en manos del partido que logre una mayoría para gobernar. El Ejecutivo popular declara en pie su reforma de 2013, y esta, en nombre de la sostenibilidad del sistema, plantea un horizonte de pensiones menguantes. Así que los llamamientos a la movilización en las calles por parte de plataformas de pensionistas y de sindicatos no cesan.
Pero el acuerdo PP-PNV ha tenido un efecto secundario peliagudo: el donde dije digo, digo Diego del Gobierno ha hecho rebrotar la desconfianza mutua en el Pacto de Toledo. Este marco de negociación fue creado hace 23 años para resguardar las pensiones de las pulsiones electoralistas de los partidos, y tiene la misión de buscar consensos en este tema de Estado. La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo trabaja en paralelo a las fotos y medallas de cara a la galería a la caza del votante, una doble velocidad que dificulta su quehacer. La comisión debía haber presentado sus conclusiones antes del verano pasado, pero tras un prolongado bloqueo, esta primavera sus miembros fraguaron las bases de un acuerdo precisamente sobre cómo garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
Según distintas fuentes de la comisión, todos los partidos se mostraron de acuerdo en la necesidad de introducir un nuevo mecanismo para decidir cuánto cobrarán los pensionistas cada año, lo que significa enterrar el índice de revalorización impuesto por el PP en su reforma de 2013, según el cual las pensiones subirían, con independencia de los precios, el 0,25% al año. En la nueva manera de calcular las pensiones acordada sería clave —“troncal”— el índice de precios al consumo (IPC). El poder adquisitivo no debía menguar tampoco en tiempos de recesión.
DISTINGUIR ENTRE PENSIONISTAS
Estos principios suponen un importante avance, al que se sumaba la idea, que no suscitaba rechazo, de que la recomendación que saliera del Pacto de Toledo se definiera en sus detalles el marco del diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales.
Sin embargo, a la hora de concretar las líneas de acuerdo sobre el papel, han aflorado las suspicacias. En la redacción de la propuesta, a cargo del PDeCat, se incluyó una referencia a la necesidad de adaptar a los ciclos económicos la actualización de las pensiones que se pactara: mientras la economía creciera, habría revalorización para todos; en recesión, las pensiones bajas mantendrían la revalorización, pero se introducirían mecanismos de contención de las pensiones más elevadas.
“El PSOE no entrará a confrontar a los pensionistas con distintas rentas, todas las pensiones deben referenciarse al IPC y las diferencias de rentas deben tratarse a través del IRPF”, señalan fuentes parlamentarias socialistas, suspicaces también con los elementos de revalorización de las pensiones que puedan colarse junto a un IPC considerado “medular”. “Ya no nos fiamos”, apuntan. La desconfianza está servida. Los socialistas, que habían flexibilizado su posición en un acuerdo centrado en el IPC, vuelven a la casilla de salida: IPC y punto.
Tampoco Podemos se aviene a una revalorización de las pensiones en épocas de crisis en función de si son altas o bajas. Desde la tribuna del Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, fue muy gráfica al proclamar: “No nos vuelvan a hablar del Pacto de Toledo. No nos vuelvan a dar la matraca del Pacto de Toledo”. Acusó al PP de haberse “cargado” el pacto ya con su reforma unilateral de 2013 y también de disparar contra la congelación de las pensiones de 2010 y contra la reforma de 2011, en este caso del Gobierno de Zapatero.
Para los soberanistas catalanes, “el acuerdo es posible si hay voluntad política y si definimos bien de qué hablamos cuando hablamos de crisis y de qué cuando hablamos de pensiones moderadas”.
El acuerdo sobre pensiones entre el Gobierno y el PNV, que ha reconfigurado posiciones, incluye un incremento de todas las pensiones un 1,6% para 2018 y 2019 (según diga en este caso el Pacto de Toledo), el retraso del factor de sosteniblidad —un mecanismo automático que implica recortar las nuevas pensiones— hasta el año 2023 en lugar de 2019, y elevar el 56% la base reguladora de las pensiones de viudedad (en 2019, al 60%). Este último era un compromiso al que el Gobierno estaba ya obligado pero que se resistía a cumplir año tras año. El pacto con el PNV mantiene la subida del 3,1% de las pensiones mínimas y no contributivas, efectiva desde 1 de enero.
BRUSELAS PRESIONA
Los costes de las medidas —3.300 millones globalmente en 2018 y 2019; mientras BBVA Research, cuyos expertos asesoraron al Gobierno de cara a la reforma de 2013, eleva la factura a 4.800 millones— llaman la atención en Bruselas, pendiente del déficit público. “Los incrementos de pensiones fijados en el proyecto de presupuestos y el retraso del factor de sostenibilidad ponen en duda el compromiso de España con la reforma de las pensiones”, afirma la Comisión Europea en sus recomendaciones a España, que se mantiene bajo el procedimiento de déficit excesivo. Bruselas ha subido al 2,7% su previsión de déficit para este año y le pide al Gobierno que esté “preparado” para adoptar “medidas adicionales” por si acabara pasándose del sagrado 3% del PIB.
El coste de las medidas pactadas es de 3.300 millones en dos años
Bruselas presiona a España para que no se desboque el déficit
CC OO y UGT temen que se vaya a un sistema de mínimos
No es casual que el Gobierno haya empezado a lanzar mensajes pidiendo al Pacto de Toledo que no se limite a asegurar que se actualicen las pensiones, sino también que proponga cómo garantizar la sostenibilidad del sistema. Es decir: cómo hacer que cuadren las cuentas si el coste es mayor.
De hecho, otros temas abiertos en la comisión del Pacto de Toledo son la posibilidad de destopar las cotizaciones máximas, la separación de fuentes de ingresos para financiar las pensiones —con aportaciones del Estado, que hasta ahora limita a las pensiones no contributivas y los complementos de mínimos, o con impuestos específicos sobre las empresas tecnológicas, como el que ha planteado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El nivel de ingresos fiscales en España equivale al 34,6% del PIB; la media europea está en el 41,5%.
LA MOVILIZACIÓN SIGUE
Si los partidos no se fían entre sí, los pensionistas, menos. De ahí que las movilizaciones sigan adelante. Todos los sindicatos y organizaciones en defensa de los pensionistas han interpretado el pacto entre PNV y PP como un triunfo atribuible a las protestas de los últimos meses y llaman a no desfallecer. Así que un día tiene lugar una protesta en Santander, otra en Bilbao, Barcelona, Madrid o Cáceres. Es un goteo.
La Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas exige que se deroguen las reformas de 2011 —que entre otras medidas retrasó la edad de jubilación de forma gradual de 65 a 67 años y que ya preveía introducir el factor de sostenibilidad (FS)— y de 2013, que ejecutó el PP en solitario. Esta última desarrolló este FS para ligarlo a la esperanza de vida, de modo que supondrá un recorte para las nuevas pensiones. Sindicatos como USO y CGT coinciden en que hay que acabar con ambas reformas.
La de 2011 fue apoyada por CC OO y UGT, radicalmente opuestos a la de 2013. Ambos sindicatos temen que se vaya a un sistema de pensiones mínimas, a completar con aportaciones privadas para tener un nivel de vida digno, y son muy críticos con “la criminalización de las personas mayores, que insta a un enfrentamiento intergeneracional en las antípodas del sistema público español”, en palabras de Unai Sordo, secretario general de CC OO.
