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Los partidos ultras y populistas marcan la agenda y frenan la libre circulación de trabajadores en la UE.
Marine Le Pen, líder del Frente Nacional (FN), durante un baño de masas de su partido en 2012. FOTO: Blandine Le Cain
Viajar por Europa sin pasaporte, poder estudiar entre alemanes, franceses o italianos y establecernos como trabajadores en otro país del club son, junto con el fin del engorro de tener que cambiar de moneda, algunas realidades tangibles de las que disfrutamos los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea (UE). Sin embargo, mientras Europa se va integrando como una tupida enredadera de intereses comunes, y mientras construimos nuevas soberanías compartidas, como el diseño de las cuentas públicas que alimentamos con los impuestos o la vigilancia de nuestros bancos, la base de ese mercado único muestra grietas no para las mercancías ni, sobre todo, para el capital, que fluyen libremente, sino para las personas. Es el triunfo real de los partidos populistas, de ultraderecha y antisistema, más allá de los escaños que obtengan: marcan la agenda y contaminan la actuación de los partidos tradicionales.
Coseche el éxito que coseche —y las encuestas le auguran un papel preeminente— la formación británica antieuropea y antiinmigrante UKIP, el conservador David Cameron ya ha actuado en su terreno. Hace tres años vetó siete profesiones para los extranjeros de fuera de la UE a fin de impedir la entrada en el Reino Unido de inmigrantes de baja cualificación. Estos no podrán cuidar a sus mayores, ni servir comida en restaurantes de comida rápida, ni cortar el pelo de los británicos, por ejemplo. Pero en diciembre pasado, Cameron fue más allá. En el punto de mira, los ciudadanos de la propia UE, a los que se restringen ayudas laborales, sociales y de vivienda. Londres es partidario incluso de establecer cupos máximos de inmigrantes comunitarios.
Ni el 3% de inmigrantes de la UE
Las barreras se dibujan para las personas justamente cuando la crisis alienta la movilidad laboral de unos países a otros, en especial del sur y el este hasta el norte y el centro de la UE. El 2,7% de la población procedente de países de la Unión ha hecho las maletas en otro Estado miembro vecino, lo cual equivale a 13,6 millones de personas, frente a 20,7 millones de no comunitarios, según los datos de la Comisión Europea en EU Employment & Social situation de marzo de 2013.
El Ejecutivo de Angela Merkel, en coalición con los socialistas del SPD, tiene sobre la mesa un informe de un panel de expertos de varios ministerios en el que se plantea retirar la asistencia sanitaria y el acceso a las ayudas sociales, e incluso la expulsión, de los ciudadanos comunitarios que lleven medio año en paro. Se busca el freno a la inmigración de la pobreza, sobre todo después de la llegada de 75.000 rumanos y búlgaros el año pasado.
A partir de tres meses, la UE obliga a los comunitarios a tener un empleo o recursos
El Reino Unido impulsa la fijación de cupos para ciudadanos de la Unión Europea
Rumanía y Bulgaria entraron en la UE en 2007, pero hasta el pasado enero la libre circulación para sus trabajadores sólo se les había mantenido en 19 Estados socios, con Alemania, Holanda y Finlandia en resistencia. Temerosos de una avalancha, les sonó igual que la lluvia la insistencia del comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, en subrayar que “está demostrado que la libertad de circulación de trabajadores aporta beneficios a la economía de los países de acogida”. Andor argumenta que los nuevos “complementan al país anfitrión ayudándole a cubrir vacíos y escaseces laborales y, en otras palabras, no quitan empleos a los locales”.
Rumanos y búlgaros son los trabajadores que encabezan en número las 2.700 expulsiones a ciudadanos europeos efectuadas en el último año por Bélgica, el país que acoge las instituciones de la Unión. Les siguieron en tercer lugar los españoles: 323. No estamos hablando de repatriaciones forzosas, sino de invitaciones a marcharse para evitar que inmigrantes comunitarios sin recursos se conviertan en “una carga para la asistencia social”.
Directiva con agujeros
Estas expulsiones han movilizado a la marea granate, la plataforma de emigrantes españoles de distintas edades que se buscan la vida en otro lugar ante la imposibilidad de encontrar un empleo en su tierra, y que está presente ya en 30 países. El granate es el color elegido porque es el color del pasaporte. Muchos de sus miembros participan en el movimiento 15-M, que a mediados de abril presentó una queja por las expulsiones desde Bélgica ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En su escrito, no solo denuncian que los gobiernos nacionales “fomentan la justificación legal de la xenofobia, la desigualdad y son un duro golpe para uno de los pilares de la construcción europea”, sino que exigen un cambio en la propia legislación europea para que la libre circulación no sea “un derecho condicionado, en la medida en que ello ampara un “trato discriminatorio de ciudadanos europeos emigrantes” del sur y el este.
El texto de la directiva europea que recoge la libre circulación y residencia en la UE (2004/38), previo a la crisis, prevé restricciones para quien piense en ir a ganarse la vida a la otra punta de la Unión. Para residir en el nuevo destino, a partir de los tres meses debe ejercerse una actividad económica por cuenta ajena o propia y es obligatorio disponer de recursos suficientes (según la situación personal del interesado, no hay un umbral de ingresos) y de un seguro de enfermedad “a fin de no convertirse en una carga para la asistencia social” del Estado miembro anfitrión durante su período de residencia. Si se es estudiante, también debe disponerse de “recursos suficientes y de un seguro de enfermedad para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado de acogida”. Lo interesante del asunto es que la normativa europea posibilita expulsar a ciudadanos de la Unión o a miembros de su familia solamente “por razones de orden público, seguridad y sanidad”, ligada a la conducta de la persona, pero no por razones económicas, y la expulsión no puede ser de por vida.
Alemania podría expulsar a trabajadores a partir de los seis meses sin ingresos
La Francia del emergente Frente Nacional acaba de estrenar como primer ministro socialista a Manuel Valls, el duro que no tuvo escrúpulos con la deportación de la joven gitana de origen kosovar Leonarda Dibrani, de 15 años de edad, detenida en octubre durante una excursión escolar a Sochaux. La derecha francesa de la UMP y, por supuesto, los ultras de Marine Le Pen comulgan con la idea de los cupos de inmigrantes, inspirados por Suiza. La Confederación Helvética ha aprobado en referéndum limitar el acceso de ciudadanos de la UE, después de que el paro subiera del 2,9%... al 3,2% (el 5,2%, por cierto, entre los comunitarios), por debajo del umbral del pleno empleo. Influencia de la campaña populista de la UDC de Toni Brunner.
El cierre de fronteras a la inmigración masiva figura entre las ideas que propugna la nueva Vox, que por otra parte también desea suprimir las autonomías en España y que intenta arañar votos por la derecha al PP, que en Ceuta y Melilla ya ha dado muestras de inflexibilidad en materia de inmigración y que reclama una respuesta europea al “problema”.
El líder ultra holandés Geert Wilders, del partido PVV. FOTO: ROBERT HOETNIK/123RF
Uno de los rostros de la Europa con fronteras es el holandés Geert Wilders, que quiere una Holanda de “Henks e Ingrids, y no de Ahmeds y Fátimas”. El Gobierno de La Haya terminó en 2011 con la “sociedad multicultural” propia de los Países Bajos: se acabó con la costumbre de que los hijos de inmigrantes aprendan la cultura de sus países de origen. Incluso sin ayuda estatal, deberán integrarse.
El año pasado, los ministros de Interior de la UE acordaron restablecer controles temporales en sus fronteras debido a circunstancias excepcionales como “la presión migratoria difícil de controlar”.
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